En el momento en el que una mujer es recluida por cometer un acto delictivo es condenada doblemente no sólo por su rol como “delincuente”, sino por su incapacidad de cumplir con su rol como mujer

Arturo Ramírez

Arturo Ramírez

México.— Los números del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), indican que el 80% de la población femenina internada en centros penitenciarios son madres, mientras que más del 60% tiene entre 18 y 39 años.

Ante los ojos de la sociedad estas mujeres no sólo transgredieron la ley, sino que también incumplieron las normas de género y esto se traduce en estigmatización.

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La realidad de las mujeres que se encuentran en conflicto con la ley y privadas de la libertad no sólo demuestra la ausencia de políticas sociales y un sistema de justicia que no cuenta con perspectiva de género, sino también de un sistema penitenciario injusto al que se suma la prisión social que viven, derivado de los procesos históricos que las han sentenciado judicial y moralmente.

En el momento en el que una mujer es recluida por cometer un acto delictivo es condenada doblemente no sólo por su rol como “delincuente”, sino por su incapacidad de cumplir con su rol como mujer.

Existen una serie de presiones sociales que demandan la formación de la familia, la crianza de los hijos, así como la creación y manutención del estado de bienestar de los miembros de su familia.

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Con ello nacen otra serie de consecuencias asociadas con el cuidado de sus descendientes, al alejarlos de ellas se producen sentimientos de preocupación, ansiedad y estrés por saber que se les deja en una situación de mayor vulnerabilidad pese a que estos niños son derivados a instancias estatales o federales en las que pueden seguir con su proceso de crecimiento.

JAHA