Ramón Castro

Párrocos del estado informan que delincuencia controla hasta el 75% de locatarios a través del “derecho de piso”

Felipe Monroy

Felipe Monroy

Cuernavaca, Morelos.- “Si las mismas autoridades pagan a bandas criminales el derecho de piso, ¿qué podrá hacer una señora que vende tlacoyos en Cuautla o acorazados en Cuernavaca?”, acusó el obispo de Morelos, Ramón Castro Castro, al reflexionar las cifras de terror provocadas por la violencia, la corrupción, la impunidad y el control de la delincuencia organizada en el Estado.

Tras al Caminata por la Paz convocada por la Iglesia católica local el pasado 1 de junio; el obispo aseguró que se vive un verdadero calvario para familias y comunidades enteras por el clima de violencia e inseguridad en el país.

“Muchos pueblos en nuestro país y en nuestro estado experimentan constantemente la inseguridad, el miedo, el abandono de sus hogares y una orfandad por parte de quienes tienen la obligación de proteger sus vidas y cuidar sus bienes”, reflexionó Castro.

El obispo, que ya antes denunció a administraciones anteriores del Estado por acciones de espionaje, intimidación y persecución en contra de los fieles católicos, aseguró que los grupos delincuenciales en México “se han establecido como verdaderos dueños y señores de espacios y cotos de poder”.

México y Morelos viven la ola más grave y aguda de violencia en su historia contemporánea”, espetó.

Castro Castro aseguró que en el estado hay 18 municipios que están obligados a pagar el derecho de piso a bandas criminales cantidades que van desde 100 mil hasta 500 mil pesos mensuales: “Dinero que debería ser para el bien del pueblo [pero] se desvía a los bolsillos de los malhechores”.

El obispo reflexionó que, si las propias autoridades civiles y con la representatividad para hacer uso de la fuerza pública no denuncian por intimidación o amenazas personales o de sus familias, “¿qué podrá hacer una señora que vende tlacoyos en Cuautla o acorazados en Cuernavaca a quienes también les cobran ese derecho?”.

Acusó de un ‘miedo paralizante’ en las autoridades y en la ciudadanía “que se acrecienta cuando se descubre que hay policías municipales y estatales involucrados con tales bandas delincuenciales”.

El pastor de la grey católica morelense refirió que en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se registraron 8 mil 493 homicidios en el primer trimestre del año; un aumento del 9.6% respecto al mismo periodo del 2018.

Y en el estado la cosa no va mejor: “Morelos ha ocupado los primeros cinco sitios nacionales en incidencia delictiva en homicidio, secuestro y feminicidio; así como los diez primeros lugares en robo por cada 100 mil habitantes. Morelos se ubica en el sexto lugar nacional en percepción de inseguridad con 86.4%”.

Por ello aseguró que la pastoral de la Iglesia católica no puede prescindir de ese contexto donde viven sus miembros: “Nuestro dolor ya no puede ser retenido en la importancia de vernos como espectadores de la tragedia, la realidad sufriente de nuestro pueblo nos exige, sin lugar a dudas, una actitud corresponsable de la necesidad que enfrentamos”.

El obispo hizo un llamado a la unidad ciudadana: “El terror nos debe unir y fortalecer, tiene que ser un aguijón espiritual para despertar las consciencias de todos, darnos cuenta de la necesidad del otro como comunidad, como fuerza de un pueblo unido ante la hecatombe de las violencias”.

E insistió que la movilización de los ciudadanos y creyentes a favor de la paz no está orientada bajo ninguna consigna política: “No es contra ningún gobierno, ningún partido político; nuestro caminar es un grito legítimo por la justicia y por la paz, no podemos seguir viviendo así, no podemos callar”.

Finalmente, el líder religioso urgió a las autoridades federales a declarar la violencia como un problema de salud pública, que se establezca una escuela de valores ciudadanos, talleres de intervención y prevención de adicciones, y normar la apología de la violencia en medios de comunicación o productos mediáticos.

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