Iniciativas sobre agua no resuelven el derecho humano al agua: especialista

México.- Las iniciativas que se están revisando en la Cámara de Diputados, para impulsar una legislación denominada Ley General de Aguas, están incompletas y no resuelven el problema del derecho humano al agua, establecido en el artículo cuarto de la Constitución, consideró Raúl Noguez, especialista en temas ambientales y del agua.

“Están incompletas y desviadas gravemente de su objetivo. Mi opinión es que no son las iniciativas que sus exposiciones de motivos dicen, ni son las iniciativas que van a resolver los problemas que prometen resolver. No resuelven el problema de derecho humano al agua”, sostuvo.

La discusión para la Ley General de Aguas en el Congreso de la Unión se ha retrasado y podría salir de la congerladora este mes para ser revisado por los diputados, sin embargo dijo Noguez, no se circunscribe a la Constitución.

Ello a pesar de que se realizaron foros, convocados para escuchar las voces de especialistas y autoridades. De acuerdo a Noguez, no se consideraron en las iniciativas que se están revisando.

“En los foros todo mundo pudo hablar, lo malo es que no se recogieron muchas de las opiniones de todos los sectores vertidas con sentido común y con datos científicos. Pero esas opiniones no se tomaron en cuenta, se expresaron pero no fueron tomadas en cuenta”, dijo.

Asimismo señaló que el Congreso de la Unión, en el año 2012, incorporó al artículo 4 constitucional el ya reconocido derecho humano al agua. En un transitorio dispuso que se creara una Ley General de Aguas, para regular los derechos y deberes de los gobernados, así como las atribuciones y obligaciones de las autoridades en materia de derecho humano al agua.

Sin embargo las iniciativas presentadas van en sentido contrario; “se desparraman por todos los temas: planeación, medición, fenómenos naturales, concesiones, prestación de servicios, desconocimiento de las facultades técnicas de la autoridad y otros que, de aprobarse, llevarán a una cascada de amparos y controversias constitucionales”.

“Durante los foros, muchos especialistas de todas las áreas de la sociedad expresaron su opinión consistente en que el mandato constitucional señala que el tema a desarrollar es exclusivamente, el derecho humano al agua (posteriormente la Barra Mexicana Colegio de Abogados sostuvo el mismo criterio). Contra estas opiniones prevaleció la corriente que pretende que se legisle sobre todo, no nada más sobre el derecho humano, sino sobre todo”, indicó.

De ahí, sostuvo que si estas iniciativas pretenden dar cumplimiento a la disposición transitoria del año 2012 incurrirían en una violación constitucional.

Asimismo, Noguez dijo que las iniciativas se olvidan de que el derecho humano al agua consiste en entregar a cada uno de los pobladores el volumen de agua suficiente y los servicios de desalojo y saneamiento necesarios para su subsistencia y desarrollo saludables.

Las iniciativas también restan facultades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y dan poder de decisión a algunos grupos de la sociedad civil, así como a los consejos de cuenca para reconocer o quitar derechos sobre el agua de todos.

Este facultamiento en favor de algunos grupos, sin duda, dijo, desatará conflictos entre miembros de la comunidad.

“Ni los referidos grupos, ni los Consejos de Cuenca son autoridad, pero en las iniciativas se les dan facultades de autoridad. Es sumamente preocupante porque, con el pretexto de dejar las decisiones en manos de la sociedad y regular el derecho humano, abordan todos los temas relativos a la gestión y administración del agua. Con ello se configura una nueva administración del agua en la que la ciencia y la técnica estarán ausentes, y las decisiones serán tomadas por los grupos favorecidos”, indicó Noguez.

También advirtió que las propuestas señalan que algunos grupos denominados vulnerables, comunidades indígenas y afromexicanas podrán gozar el agua que se encuentra en los que llaman “sus” territorios, sin necesidad de obtener una concesión, como el resto de los mexicanos, sean estos grupos o personas, contradiciendo lo que establece el párrafo 6 del artículo 27 de la Constitución. Éste indica que solamente se podrán usar, explotar o aprovechar aguas nacionales mediante concesión que les otorgue el Ejecutivo Federal.

De esta forma, “se favorece a algunos grupos pero al favorecerlos se actúa en detrimento de todos los demás que no están considerados dentro de esos grupos”.

Por último, Noguez confió en que no sean aprobadas por los diputados y en cambio se impulse una Ley del Derecho Humano al Agua que “hable de cantidades, calidades, frecuencia de suministro y de los servicios de saneamiento”.

“Yo creo que se van a detener las iniciativas, considero que el Poder Ejecutivo va a participar fuertemente en una discusión; que nuevamente las voces de los expertos, autoridades, municipios, estados se podrán escuchar para regular la verdadera satisfacción del derecho humano al agua”, concluyó.

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emc