A la cárcel quien discrimen por religión o discapacidad      

México. — La Cámara de Senadores aprobó sancionar penalmente violaciones al derecho a la igualdad y a la no discriminación, que tenga como motivo las creencias religiosas o circunstancias de discapacidad de una persona.

La reforma al Código Penal Federal agrega al catálogo las acciones constitutivas de discriminación el término “religión”; y el vocablo “discapacidades” para igualar el contenido del tipo penal con el catálogo que consagra el Artículo primero constitucional.

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La sanción prevista será de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa, a quien por dichas razones atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas. 

Dicha pena se agrava para los casos en que sea un servidor público que niega el acceso a los derechos citados; y se torna de mayor severidad para los supuestos en que la persona que discrimina sea un superior jerárquico o cuando se limite el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de los derechos humanos.

Prevé que no serán consideradas discriminatorias, las medidas tendentes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos y las que garanticen el estado laico, de conformidad con lo establecido en la Constitución.

El dictamen fue devuelto con modificaciones a la Cámara de Diputados -para los efectos de la fracción “e” del Artículo 72 constitucional-, las cuales se prevén en la sintaxis del proyecto. Se elimina la una palabra en el primer párrafo del artículo 149 Ter, y se cambia en el tercer párrafo la palabra garanticen por garantice.

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A favor del dictamen, la senadora Marcela Guerra Castillo, del PRI, subrayó que se prevé un sistema de sanciones para los delitos contra la dignidad de las personas. Destacó que se castiga a quien niegue la prestación de servicios, restrinja los derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; así como cualquier de los derechos educativos.

Su compañero de bancada, el senador José María Tapia Franco resaltó que se trata de un texto normativo que busca proteger el acceso de todas las personas a una vida libre de actos que atenten contra su libre desarrollo y que limiten sus derechos subjetivos. Con esta reforma se responde a las obligaciones establecidas en el orden jurídico nacional y tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y a la sociedad, puntualizó.

agch