Amplían periodo de magistrados del Trife

Ciudad de México.- El Senado aprobó que cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), electos por esta Cámara el pasado 20 de octubre, tengan una ampliación temporal en el ejercicio de su cargo.

Esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que de los siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior, que inician funciones el próximo 4 de noviembre, dos de ellos concluyan su mandato siete años posteriores al nombramiento; dos más a los ocho años y, los tres restantes a los nueve años.

De esta manera, los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023.

Los dos magistrados designados para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2024.

Finalmente, los tres magistrados restantes, ejercerán su encargo en los mismos términos de la elección realizada por la Cámara de Senadores, en el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2025.

El documento señala que la estabilidad temporal de un juez constitucional, en el ejercicio de su cargo, debe ser por un tiempo “razonable” para el óptimo desempeño de sus funciones, sin preocupaciones por alguna actividad a desempeñar tras concluir su cargo y con el tiempo suficiente para participar en la formación de la voluntad colegiada.

La senadora del PRI, Ivonne Liliana Álvarez García, argumentó en tribuna que la modificación de los plazos de duración en el cargo de los magistrados del TEPJF, tiene por objetivo establecer una temporalidad razonable, que abone la consolidación del Estado de Derecho y a las bases fundacionales de las instituciones democráticas del país.

A título personal, el senador Héctor Larios Córdova, del PAN, dijo votar en contra del dictamen, pues consideró inadmisible que se pretenda modificar la ley para adecuarla a las personas que fueron electas como magistrados de la Sala Superior del TEPJF. Las leyes son para las instituciones, las cuales, están por encima de las personas.

El senador Fernando Torres Graciano, del PAN, consideró “penoso” que el dictamen en discusión se haya procesado en lo oscuro, pues al favorecerse a determinados magistrados para permanecer mayor tiempo en funciones, se viola el principio de legalidad y se dan razones para que se dude de la política y los políticos, y se cuestione al TEPJF, “que lo que menos necesita es le hagamos este flaco favor”.

Por su parte, el legislador del PAN, José María Martínez Martínez, subrayó: “no manchemos ya el proceso, los siete magistrados son excelentes perfiles, gente con trayectoria, solvencia moral, reconocimiento, no requieren de padrinazgos oficiosos que pongan en duda su trabajo, que debe ser imparcial”.

La senadora Luisa María Calderón, del PAN, criticó las modificaciones y lamentó que la decisión sobre un tema coyuntural intervenga para cambiar la ley, pues ya se habían aprobado los nombramientos de los magistrados con un plazo establecido.

En contra del dictamen, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN, acusó al coordinador de su grupo parlamentario de no informar a los legisladores que ya existía un acuerdo “planchado” entre el PRI, PAN y PRD para aprobar en fast track esta reforma.

Al respecto el senador del PT, David Monreal Ávila, indicó que estamos tratando una reforma anticonstitucional que pretenden aprobar; una reforma que busca bajo los intereses de unos cuantos prorrogar el nombramiento de los magistrados de TEPJF, “por lo que parece que la negociación política para la repartición de las vacantes del Tribunal sólo fue posible a cambio de modificar los plazos para los cuales serían electos”.

Al hablar en contra del dictamen, el senador Manuel Bartlett Díaz, del PT, dijo que fue la Junta de Coordinación Política el órgano que tomó la decisión de modificar el nombramiento de los magistrados, y no la Comisión de Justicia, lo cual constituye una violación al procedimiento constitucional del Senado.

El dictamen aprobado se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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