México
Aprueban ley para frenar robo de hidrocarburos
Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó una reforma fiscal y penal para fortalecer los mecanismos de supervisión y control de la cadena de producción y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos, así como, los supuestos y sanciones relativas a estas conductas ilícitas.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el senador Manuel Cavazos Lerma, señaló que la ley protege al consumidor porque se podrá verificar la venta de “litros de a litro” y se buscará garantizar su calidad y evitar que sean adulteradas.
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Se trata de instrumentos para combatir la posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilícitos de hidrocarburos y petrolíferos, que lesiona y pone en peligro la vida e integridad de las personas, el patrimonio nacional, el medio ambiente y la economía.
El dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, incluye la medición del producto recibido en los servicios que desarrollan los permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y petrolíferos, hasta su venta final.
Faculta al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que autorice la contratación de proveedores de equipos y programas que realicen los controles volumétricos, la verificación y funcionamiento de éstos y la emisión de dictámenes sobre la calidad de los hidrocarburos.
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Se tipifica como agravante no contar con controles volumétricos, que no operen o funcionen de acuerdo a lo que señale el SAT, y cuando no cuenten con los dictámenes de calidad de los hidrocarburos, y la multa por el incumplimiento será de 1 a 3 millones de pesos.
Se establece como delito la evasión de obligaciones fiscales en la materia, aquellas que no mantienen los controles volumétricos, o si no se cuenta con ellos, además de carecer, alterar, inutilizar o destruir los equipos y programas informáticos que se utilizarán para la medición.
Será considerado delito realizar, permitir o entregar a la autoridad, registros falsos, incompletos o inexactos en los controles volumétricos. La sanción será de 3 a 8 años de prisión, debido a que se trata de una de las áreas estratégicas del Estado.
Los controles volumétricos se fortalecen para evitar el robo y contrabando de combustibles y hacer más eficiente la cadena de logística de operaciones de comercio exterior en materia energética.
En la Ley Aduanera, se prevé un plazo máximo de 15 días para el almacenaje de combustible en el depósito ante la aduana, a fin de proteger la continuidad, calidad, seguridad, eficiencia y garantía de suministros de dichas mercancías.
Se faculta a la Comisión Reguladora de Energía para imponer medias de prevención, como la suspensión temporal, total o parcial, inhabilitar, inmovilizar equipos, instalaciones, vehículos o sistemas, cuando exista advertencia de actividades ilícitas reguladas sin permiso o no se acredite la adquisición licita de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
La ley amplía la definición de controles volumétricos, se regulan los sistemas de control y verificación internos idóneos para el registro de los asientos contables.
Las nuevas disposiciones obligan a los permisionarios a adquirir equipos y programas informáticos con las personas autorizadas por el SAT, con las que se realizarán las mediciones volumétricas, y deberán contar con un dictamen que determine el octanaje de hidrocarburos o su calidad.
Los contribuyentes deberán asegurarse que los equipos y programas operen correctamente en todo momento durante la venta de gasolinas, además tendrán que emitir un ticket electrónico y sus características estarán sujetas a las reglas del SAT.
El Sistema establecerá las características que tendrán los comprobantes que amparen operaciones realizadas con el público en general.
Los senadores Lucero Saldaña Pérez, Carmen Dorantes Martínez, del PRI; Héctor Larios Córdova, Salvador Vega Casillas, del PAN; Isidro Pedraza Chávez, del PRD; Jorge Aréchiga Ávila, del PVEM; Luis Armando Melgar Bravo y Manuel Cárdenas Fonseca, sin partido, se pronunciaron a favor del dictamen porque fortalece los instrumentos penales y fiscales y protege toda la cadena comercial de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, a través de controles volumétricos.
Los senadores David Monreal Ávila, Mario Delgado Carrillo, Fidel Demédicis Hidalgo y Manuel Bartlett Díaz, del PT, se manifestaron en contra, pues señalaron que los cambios a las leyes son un paliativo frente al creciente delito producto de “la enorme corrupción” en los diferentes órdenes de gobierno, además de beneficiar a las empresas privadas en la venta gasolinas.
Al razonar su voto, la senadora del PT, Dolores Padierna Luna estimó insuficientes las medidas, puesto que las compañías extranjeras no estarán sujetas a la ley, no obstante reconoció las bondades de la reforma que ayudarán a contar con información precisa de los volúmenes gasolinas.
ebv
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México
Expertos piden reformas legales ante cifras de violencia gineco-obstétrica en México
A pesar de haber firmado la Convención, el país no cumple efectivamente con sus obligaciones internacionales.
Ciudad de México.- En el Conversatorio “La violencia gineco-obstétrica en México”, celebrado en la Cámara de Diputados, el abogado penalista José Luis Nassar Peters presentó su ponencia titulada “Vacíos legales para combatir la violencia gineco-obstétrica”.
Mismo que destaca la urgente necesidad de abordar la problemática y la falta de medidas legales adecuadas.
Con el objetivo de proteger a las personas gestantes en el país.
Nassar Peters compartió datos alarmantes provenientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del INEGI.
Cifras que revelan que un preocupante 31.4% de las mujeres embarazadas en México han sufrido violencia obstétrica.
Esta estadística arroja luz sobre una epidemia oculta de abuso y maltrato que ocurre en instituciones de salud públicas y privadas durante un momento crítico en la vida de estas mujeres.
El abogado subrayó la inacción legal frente a este delito.
Evidenció su ausencia en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Con solo cuatro estados tipificando la violencia obstétrica en sus códigos penales, se traduce en una débil protección legal y sanciones insuficientes para las víctimas.
Haciendo referencia a estándares internacionales como la Convención de Belém do Pará y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nassar Peters subrayó el incumplimiento de México en la prevención y erradicación de esta forma de violencia.
A pesar de haber firmado la Convención, el país no cumple efectivamente con sus obligaciones internacionales.
El acceso a la justicia también fue un punto crítico abordado por el abogado, señalando la complejidad y la revictimización en los procesos legales y administrativos para las mujeres afectadas.
Aunque algunos estados han incluido la violencia gineco-obstétrica en sus legislaciones.
Las sanciones siguen siendo mayormente administrativas, careciendo de un impacto disuasorio.
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El experto hizo un llamado urgente a llevar a cabo reformas legislativas.
Para tipificar la violencia gineco-obstétrica en el Código Penal Federal y reconocerla en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, resaltó la necesidad de fortalecer las defensorías públicas en los estados y reformar la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) para mejorar su respuesta ante estos casos.
El legislador comparó la situación mexicana con las medidas internacionales.
Destacó la brecha que existe en la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia gineco-obstétrica.
Hizo un enérgico llamado para que México se alinee con las mejores prácticas internacionales en esta materia.
Y tome medidas concretas para proteger a las personas gestantes y erradicar esta forma de violencia en el sistema de salud del país.
La sociedad y las autoridades deben actuar con urgencia para poner fin a esta situación alarmante y garantizar que todas las mujeres reciban atención médica segura y respetuosa durante el proceso de gestación y parto.
ARH
Estados
Diócesis de Tampico Implementa Semáforo de Riesgo para exponer a Iglesias Vulnerables
Estas iglesias ya han sido inspeccionadas por las autoridades y se encuentran en la categoría de mayor riesgo.
Tamaulipas.- La Diócesis de Tampico, en una iniciativa conjunta con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, está dando pasos significativos para garantizar la seguridad y el mantenimiento adecuado de sus templos parroquiales, capillas y edificios utilizados para la acción pastoral en la zona sur de Tamaulipas.
La medida se ha anunciado con el fin de prevenir accidentes y asegurar que los lugares de culto católico estén en condiciones óptimas.
Este proceso de revisión, que comenzó el pasado 18 de octubre, tiene como objetivo catalogar los inmuebles en función de su riesgo estructural, asignando colores a cada uno: verde para aquellos que solo necesitan mantenimiento periódico, amarillo para los que presentan daños menores y rojo. para los de mayor riesgo.
El obispo de la Diócesis de Tampico, José Armando Álvarez Cano, explicó que esta clasificación permitirá priorizar las acciones necesarias en cada templo.
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La Diócesis de Tampico supervisa un total de 400 templos en la zona conurbada. Entre los lugares de culto con mayor riesgo estructural se encuentran la parroquia Cristo Rey en la colonia Vergel y la Catedral de Tampico, ubicada en el centro de la ciudad.
Estas iglesias ya han sido inspeccionadas por las autoridades y se encuentran en la categoría de mayor riesgo.
El obispo Álvarez Cano subrayó la importancia de esta iniciativa y cómo ayudará a evitar incidentes graves como el colapso de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, ocurrido en octubre de este año y que lamentablemente cobró vidas humanas.
Se espera que para el año 2024 se haya completado la clasificación de todas las parroquias, lo que permitirá tomar medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los fieles y la conservación de estos lugares de gran valor histórico y espiritual.
Este esfuerzo conjunto entre la autoridad eclesial y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos demuestra un compromiso firme con la seguridad y la preservación del patrimonio religioso en la Diócesis de Tampico, brindando a la comunidad católica una mayor tranquilidad mientras continúan sus prácticas religiosas en estos lugares de culto.
ARH
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