México
Deben practicarse abortos a víctimas de violación: SCJN
Ciudad de México.- Para evitar que autoridades del sector salud incurran en violación grave a los derechos humanos de las mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que el Estado tiene que indemnizar como víctima de tortura a una mujer a la que se le negó la interrupción de un embarazo producto de una violación.
Conforme a la resolución del Poder Judicial, los ministros resolvieron que al considerarse la violación como una causal de aborto en leyes y códigos penales en algunas entidades del país, entonces personal médico adscrito al sector salud de nuestro país está obligadas a practicar abortos cuando lo soliciten mujeres víctimas de este tipo de delito porque, de lo contrario también incurrirán a un agravio en perjuicio de sus derechos humanos.
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Con esta determinación, como según dictan algunas normas estatales respecto a la práctica del aborto, también en dichas situaciones se incluyen, además de embarazos por violación, los casos de malformaciones congénitas, riesgo para la vida de la mujer o inseminaciones artificiales no consentidas.
Conforme al caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un recurso de amparo fue otorgado a Marisol, una menor de edad de Morelos a la que autoridades del Hospital General José G. Parres de Cuernavaca le negaron un aborto en febrero de 2015, pese a que el producto derivó de una violación sexual denunciada penalmente, y además presentaba una malformación congénita.
“La negativa de las autoridades a realizar el aborto cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, sí constituye un hecho grave violatorio de derechos humanos, que permite que las consecuencias propias del acto de tortura -agresión sexual- se materialicen continuamente con el transcurso del tiempo”, afirma el texto del fallo presentado por el ministro Fernando Franco, en el que también se establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) abra además un procedimiento para que el Estado de Morelos repare integralmente el daño.
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“Tales razonamientos se hacen extensivos a la negativa de un aborto cuando las legislaciones internas prevén y permitan tal interrupción en diversos supuestos normativos. En estos casos, al configurarse las condiciones previstas en la misma ley, las autoridades competentes no podrán negarse al aborto”, agrega.
Sobre las objeciones de conciencia de los médicos, el proyecto afirma que los objetores deben canalizar a la paciente a otro profesional o institución, o pedir asistencia al Sistema Nacional de Víctimas.
En el caso de Marisol, el Comité de Bioética del Hospital concluyó que no había justificación médica para la interrupción del embarazo, mientras que el Jefe de Ginecología, Cuauhtémoc Flores, ordenó dar de alta a la paciente, ya que su vida no estaba en riesgo pese a la malformación del producto.
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México
Normalistas fueron entregados a Guerreros Unidos: Alejandro Encinas
Los padres de los estudiantes desaparecidos argumentaron que no se habían entregado algunos documentos relacionados con el Ejército.
Ciudad de México.- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El funcionario reconoció que el grupo criminal Guerreros Unidos, principal señalado por la desaparición de los 43 según la verdad histórica, operaba en el estado de Guerrero con vínculos con las corporaciones responsables de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región.
Como incluso la DEA pudo corroborar por medio de intervenciones de vías de comunicación que realizó la agencia estadounidense.
“Cada una de las afirmaciones que se presentan, tienen su fuente para que no quede duda sobre su contenido, y toda la información que se presenta es judicializable y está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR)”, añadió Encinas.
Esta presentación se produce después de que los padres de los estudiantes se negaran a recibir el informe de la Presidencia durante la semana anterior.
Los padres de los estudiantes desaparecidos argumentaron que no se habían entregado algunos documentos relacionados con el Ejército.
De acuerdo con el informe, militares y policías federales vendían armas y munición a Guerreros Unidos.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la divulgación de los documentos, grabaciones y relatoría sobre el caso, que inicialmente estaban destinados a ser entregados a los familiares.
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Finalmente, el informe concluyó tres hipótesis sobre el motivo de la desaparición de los normalistas los cuales, anotó Encinas, podrían no ser excluyentes entre sí.
En un primer instante, una confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de “Los Rojos”, un grupo contrario, entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala.
Segundo, la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera.
Y, en tercer lugar, el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados por los normalistas.
ARH
México
Aumentan matrimonios en México durante 2022: INEGI
Ciudad de México.— De acuerdo con cifras del INEGI, durante 2022 se registraron 507 052 matrimonios, la cifra representa un incremento de 11.9 % respecto a los 453 081 de 2021.
A nivel nacional, la tasa de matrimonios por cada mil habitantes de 18 años o más fue de 5.7 %. Esta representa un aumento de 0.6 puntos respecto a la de 2021. La mayor tasa se registró en Quintana Roo, con 9.5. La menor, en Ciudad de México, con 3.8.
La Estadística de Matrimonios (EMAT) se genera con información que se capta mensualmente en las oficialías del Registro Civil. Estas proporcionan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) archivos digitales sobre los registros de matrimonios y, eventualmente, algunos casos en formato impreso.
La EMAT se publica anualmente y refleja las principales características del matrimonio y de las y los contrayentes, como: año y mes de matrimonio; entidad y municipio de registro; tipo de régimen matrimonial; entidad, municipio y localidad de residencia habitual; sexo; edad; nacionalidad; nivel de escolaridad; ocupación; condición de actividad económica; posición en el trabajo y situación laboral de las personas que contraen nupcias.
Para 2022, la información que integró la EMAT provino de 4 mil 709 oficialías del Registro Civil. Se registraron 507 mil 052 matrimonios, con lo que se obtuvo una tasa nacional de 5.7 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años o más. En 2013 la tasa fue de 7.5.
Las entidades federativas con las tasas más altas de matrimonios por cada mil habitantes de 18 años o más, fueron Quintana Roo, con 9.50; Sinaloa, con 7.52 y Guanajuato, con 7.30. Las que presentaron las tasas más bajas fueron: Ciudad de México, con 3.77; Puebla, con 3.82; e Hidalgo, con 3.88
En diciembre y febrero de 2022 se registró el mayor número de matrimonios, con 10.9 % (55 503 y 55 387, respectivamente). Siguió julio, con 8.9 % (45 000)
En 2022, en el país se registraron 32 matrimonios en los que al menos una de las personas contrayentes era menor de edad. Esta cifra es la segunda menor observada en el periodo 2013-2022, solo superior a los 26 registrados en 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia por la COVID-19.
Al momento de contraer matrimonio, 33 personas eran menores de edad. Las entidades con el mayor porcentaje de menores de edad en la condición referida fueron: Durango y Chihuahua, con 30.3 % (10) cada uno; Michoacán de Ocampo, con 15.1 % (cinco); Tamaulipas, con 9.1 % (tres) y Jalisco, con 6.1 % (dos). El resto corresponde a tres entidades (Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora) con un caso cada una.
La edad promedio al casarse ha aumentado. En los hombres cambió de 29.8 años, en 2013, a 34.1, en 2022.
La edad promedio de las mujeres al casarse aumentó de 26.9 años, en 2013, a 31.3, en 2022.
En matrimonios con contrayentes del mismo sexo, los hombres reportaron una edad promedio al momento de casarse de 36.5 años. En las mujeres fue de 34.9 años.
Al analizar el hecho por grupo de edad, para ambos sexos, el mayor porcentaje corresponde a contrayentes con edades de 25 a 29 años.
En 2022, del total de contrayentes, 81.1 % tenía al menos estudios de secundaria o equivalente. La distribución es similar tanto para hombres como para mujeres
Del total de contrayentes, 54.4 % se casó con personas que contaban con el mismo nivel de escolaridad. Destacan quienes tienen nivel profesional (36.1 %). Siguieron quienes cuentan con preparatoria o equivalente (28.7 %) y quienes cursaron secundaria o equivalente (25.1 %).
Respecto a la condición de actividad económica, del total de los hombres, 94.6 % (478 385) declaró tener trabajo al momento de contraer matrimonio. Del total de mujeres, 53.8 % (273 221) presentó esta condición.
ebv
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