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México

Despilfarra SEP 33 millones y no repara escuelas afectadas

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Ciudad de México.- Los maestros sindicalizados de la Secretaría de Educación Pública (SEP) calificaron como “despilfarro” el cambio de oficinas que se encuentran en la Torre de Banobras por las que están ubicadas en avenida Universidad, número 1000, en la colonia del Carmen, en Coyoacán, debido a que gastarán más de 33 millones de pesos al mes por concepto de renta, mientras que en el país existen estados de la República que cuentan con escuelas en condiciones deplorables por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año anterior.

Por ello, más de 80 maestros y trabajadores exigieron, a fuera de la Torre de Banobras en la ciudad de México, a las autoridades a que hagan una evaluación del traslado de oficinas para evitar “el gasto oneroso”.

Al respecto Juan Hernández López, trabajador en el área de Informática en la SEP, dijo que “no es posible que las autoridades quieran despilfarrar el recurso del pueblo en la renta de un edificio con helipuerto donde pagarán más de 33 millones de pesos mensuales, es una falta de respeto a los estudiantes de la Ciudad de México y de los estados que tienen escuelas con deterioros por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado y que hasta el día de hoy no han sido reparadas. Es tiempo de ahorrar e invertir en educación, no en edificios”.

Subrayó con información del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa que con lo que piensan gastar mensualmente en la renta de “oficinas de lujo en Coyoacán” podrían reconstruirse y mejorar las condiciones de por lo menos 4 mil 657 escuelas en al menos 10 entidades federativas que están por perder el ciclo escolar 2018-2019.

Exigimos al titular de la SEP, Otto Granados Roldán, a que no despilfarre millones de pesos en la renta de un edificio con helipuerto, y que mejor se invierta en la reconstrucción e infraestructura de las escuelas.

“Invitamos al actual secretario de la SEP a que se dé una vuelta por los estados de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, entre otras entidades, y así vea las condiciones de los planteles y valore lo que es urgencia, si las oficinas millonarias en Coyoacán o las escuelas en los estados.

Recordó que el pasado 22 de agosto marcharon más de 60 maestros sindicalizados, junto a familiares, para pedir a las autoridades actuales a que realizaran una consulta interna entre los trabajadores para ver si deseaban cambiar de sede, pero esto no ocurrió, y ahora se perjudicarán a más de 8 mil trabajadores administrativos.

“Somos trabajadores de la SEP que nos vemos perjudicados por esta clase de medidas arbitrarias que modificaran nuestros horarios y traslados a estas nuevas oficinas, por ello, emplazamos al secretario a dar marcha atrás porque de no ser así en estos días estaremos manifestándonos en este edificio que pretende rentar y tendremos acciones de resistencia para no permitir este traslado”, indicó.

Juan Hernández refirió que en caso de que no haya respuesta por parte de las autoridades actuales se buscará al próximo titular de la SEP, Estaban Moctezuma Barragán, propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo adelantó que mientras lo anterior sucede juntaron firmas entre los trabajadores, del cual se redactó un escrito, y se envió a las oficinas centrales de la SEP y fueron dirigidas a Otto Granados Roldán y a la oficial mayor, y otro más se llevó a la casa de transición del presidente electo López Obrador. “En este escrito viene toda la información que nosotros hemos recabado y se los entregamos, sin embargo no hemos recibido respuesta alguna”, señaló.

Finalmente, Hernández López comentó que “estas autoridades ya se van y no debe dejar esta clase de problemas al próximo gobierno que en su bandera lleva la austeridad”.



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México

No puede haber derechos humanos, si no hay interculturalidad: Esquivel Mossa

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Yasmín Esquivel Mossa

Toluca.- Al participar en la Conferencia Magistral “La Interculturalidad Como Factor de Desarrollo y Unidad”, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, destacó que los pueblos indígenas son una realidad sociocultural contemporánea, y no pueblos del pasado.

Desde la Universidad Intercultural del Estado de México, la también presidenta de la Segunda Sala de la SCJN, explicó que no podría haber derechos humanos si no hay interculturalidad.

Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

“Anhelo de las mujeres mexiquenses que tienen que prepararse por abrir nuevos espacios de oportunidad para ustedes y sus familias, por buscar un mejor futuro sin el abandono ni el olvido de sus raíces”, expresó.

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Esquivel Mossa también señaló que la preparación y la capacitación es la única forma de romper las barreras de la marginación, pues explicó que es básico asistir a la escuela para tener mejores oportunidades a futuro.

“La cultura involucrada en el marco de protección de los Derechos Humanos de las personas que tengan o no la condición de indígenas, deben tomar en consideración las características propias que las diferencian la población en general”, argumentó.

La ministra de la SCJN también resaltó que, al momento de interpretar o definir el contexto de sus derechos, una connotación importante son las normas del derecho indígena que estarán, en todo tiempo, sujeto el resto de las disposiciones que integran el régimen jurídico a un examen constitucional convencional y legal.

Ministra Yasmín Esquivel.

Los pueblos son una realidad presente y por eso se reconoce su autonomía debemos respetar todas las lenguas indígenas y promoverlas, dijo.

Yasmín Esquivel explicó que la aplicación de los usos y costumbres indígenas no puede ser una excusa para intensificar la opresión, incluso al interior de las comunidades indígenas de aquellos miembros tradicionalmente excluidos.

Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la protección frente a la violencia contra las mujeres, como una causa, conciencia y consecuencia del derecho a la igualdad y no discriminación; donde las costumbres culturales no pueden justificar prácticas que violenten los derechos”, finalizó la ministra.

ARH

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CDMX

Congreso de CDMX aprueba modificaciones al Instituto Electoral capitalino

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Congreso CDMX aprueba modificaciones al Instituto Electoral capitalino

Ciudad de México.— El Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, con 37 votos a favor, 19 en contra y cero abstenciones.

Tras 22 horas de análisis y discusión, la presentación de una moción suspensiva y más de mil 160 reservas, los congresistas finalizaron la sesión ordinaria

Al presentar el dictamen, el diputado de Morena, Temístocles Villanueva Ramos, subrayó que la finalidad es aplicar correctamente los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el gasto público que ejerce el Instituto Electoral de la Ciudad de México, manteniendo a la par sus funciones esenciales y autonomía.

Agregó que la iniciativa es de fusión y eficiencia, no de desaparición y que parte de la lógica del implementar un mecanismo legal que facilite la actividad electoral, con el centro del gasto en el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.

“Según datos obtenidos mediante transparencia del propio Instituto, es posible observar que algunas de las personas servidoras públicas que laboran en este órgano tienen sueldos mayores al de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, lo que llama la atención sobre un posible ejercicio desbalanceado de los recursos en su operación”, mencionó el congresista Villanueva Ramos.

Ante el pleno, el legislador detalló que el gasto per cápita en materia electoral en la CDMX es elevado en comparación con el Estado de México, que con más de 16 millones de habitantes, el gasto per cápita en un año sin elecciones en materia electoral es de 93 pesos por persona; en Jalisco, con cerca de 8 millones de habitantes, el gasto por persona es de 28 pesos, mientras que en la CDMX, con poco más de 9 millones de habitantes, se presenta un costo de 130 pesos per cápita.

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“Cabe señalar que, con la implementación de las reformas planteadas en el dictamen, se estima un ahorro aproximado de 50 millones de pesos al año. En ese sentido, se espera que la nueva integración de las comisiones permanentes del Consejo General impacte de manera positiva en el acceso de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos”, destacó.

Al presentar su voto particular, el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN), afirmó que desde la Comisión de Asuntos Político-Electorales el procedimiento para aprobar el dictamen en una sesión extraordinaria fue totalmente irregular, y adelantó que por ello será impugnado.

En tanto el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN), advirtió que esta reforma tiene la intención es desmantelar todo el aparato electoral federal y local; además de los órganos autónomos que organizan las elecciones y adelantó que, ante las violaciones al proceso parlamentario, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras desechar la moción suspendida con 25 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones, el Congreso local inició la discusión del dictamen para reformar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local.

Para hablar en contra del dictamen, el diputado Rubio Torres, afirmó que el desmantelamiento de instituciones y organismos electorales daría como resultado la pérdida del estado de derecho y subrayó que frenarán por todas las vías posibles la entrega en vigor de este dictamen.

En favor del documento, el congresista Carlos Hernández Mirón (MORENA), promovente de la iniciativa, aclaró que, desde las reformas constitucionales de 2014, a los órganos locales electorales se les restaron facultades, principalmente en materia de fiscalización de partidos políticos, candidatos y candidatas, sin embargo, la estructura del IECDMX no se modificó.

Por su parte, el diputado Aníbal Cañez Morales (PAN), dijo que el dictamen a discusión representa un retroceso y ataca frontalmente la democracia local, por ello advirtió que será la SCJN la que se encargue de determinar su inconstitucionalidad.

La legisladora de MORENA, Ana Francis López Bayghen Patiño, criticó las prácticas antidemocráticas y dilatorias que desde Acción Nacional se impulsaron y reclamó que la democracia realmente no sea un tema que les importe.

En tanto, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez (PRI), afirmó que la reforma pone en peligro la democracia de la ciudad y que su grupo parlamentario apoyará siempre a las instituciones, “no olvidemos que los árbitros electorales cuentan con credibilidad ganada a pulso”, subrayó.

Tras afirmar que el dictamen busca adelgazar una estructura burocrática excesiva y onerosa para la ciudadanía, la diputada Martha Soledad Ávila Ventura (MORENA), afirmó que no limita, ni restringe derechos, tampoco pone en riesgo la democracia, la autonomía electoral, ni menos atenta contra el sistema federal y de sus competencias.

Los diputados Jorge Gaviño Ambriz y Gabriela Quiroga Anguiano (PRD), manifestaron su preocupación por la falta de garantías a los derechos laborales de 105 trabajadores que se verán afectados con el recorte que plantea la reforma, además de que ante la falta de personal especializado tendrían que desarrollar sus labores en áreas que no les corresponden.

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Por parte del grupo parlamentario del PRI, los diputados Mónica Fernández César, Maxta Iraís González Carrillo, Fausto Manuel Zamorano Esparza y Carlos Joaquín Fernández Tinoco, coincidieron en que la reforma atenta contra los derechos de los mexicanos, además de parecer una estrategia a largo plazo para desaparecer los órganos electorales; y recalcaron que para ellos es necesario contar con organismos autónomos que garanticen los derechos electorales de los ciudadanos.

Tras el resultado en lo general de 36 votos a favor y 28 en contra del dictamen, la diputada Valentina Batres Guadarrama (MORENA), presentó cuatro reservas al dictamen que fueron aprobadas.

Mientras que la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI), presentó reservas; el diputado Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, 10 reservas; los diputados Gabriela Salido Magos y Ricardo Rubio Torres (PAN), dos reservas cada uno y su homóloga, Daniela Gisela Álvarez Camacho (AP Ciudadana), llevó ante el pleno dos reservas más, todas las anteriores desechadas por mayoría de votos.

ebv

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