Empresarios ajustan propuesta a Reforma Judicial para proteger inversiones

Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) está trabajando en una propuesta destinada a mitigar los riesgos para la inversión privada que podrían surgir a raíz de la reforma judicial impulsada por el oficialismo en el Congreso.

La reforma propone la elección de jueces y ministros por voto popular, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad jurídica y el Estado de derecho en el país.

Con el objetivo de recoger diversas opiniones y propuestas, Coparmex ha comenzado una serie de foros en todo el territorio nacional.

En estos eventos, reconocidos expertos y abogados expresan sus puntos de vista sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta reforma es parte del último paquete de cambios constitucionales antes de la transición a la nueva administración el 1 de octubre.

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José Medina Mora, presidente de Coparmex, destacó en el primer foro la importancia de proporcionar seguridad jurídica para atraer nuevas inversiones.

“Tenemos un gran potencial de inversión fresca y necesitamos asegurar un entorno jurídico estable”, afirmó.

Medina Mora, quien lidera una entidad que agrupa a más de 36 mil empresarios responsables del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Por ello, expresó su preocupación por los efectos económicos de la reforma judicial.

Según él, varios proyectos de inversión autorizados y financiados están actualmente detenidos debido a la incertidumbre jurídica que ha generado la propuesta de reforma.

“Las empresas interesadas en invertir en México nos han informado que detendrán sus inversiones si se implementa la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.Esta es nuestra principal preocupación”, explicó Medina Mora.

Además, criticó que gran parte de la inversión extranjera directa en México consiste en reinversión de utilidades y no en nueva inversión. Medina Mora señaló que la situación podría empeorar debido al enorme potencial de inversión derivado del fenómeno del ‘nearshoring’.

El presidente de Coparmex subrayó que los cargos de jueces, magistrados y ministros no deberían ser sometidos a elección popular, ya que no representan áreas territoriales específicas, sino que su función es aplicar la ley.

También lamentó la posible eliminación de la carrera judicial en el PJF, la cual requiere concursos de conocimientos y experiencia para ascender a estos cargos.

En su opinión, este sistema debería ampliarse a nivel estatal y local en lugar de ser eliminado.

Elecciones Judiciales: Una propuesta inviable.

Juan Pablo Campos González, gerente de proyecto en la fundación alemana Konrad-Adenauer-Siftiung México, calificó de inviable la propuesta de elegir jueces y magistrados por voto popular.

Argumentó que esta medida atenta contra la independencia y autonomía de los jueces y supondría un esfuerzo organizativo monumental, dado que se tendrían que elegir 4,698 candidatos a jueces y magistrados federales y 39,978 locales.

Campos González también insistió en la necesidad de un proceso de preselección para garantizar la idoneidad, los conocimientos teóricos y la experiencia necesaria para estos cargos.

Propuso entrevistas públicas y la creación de un comité técnico de evaluación de los perfiles, así como la realización de exámenes.

Peligro de Concentración de Poder.

Javier Coello, abogado y exsubprocurador General de la República, advirtió que la reforma judicial promovida por López Obrador tiene como objetivo otorgar al oficialismo el control absoluto de los tres poderes del Estado.

“Quieren tener los tres poderes; en conclusión, un poder de Estado absoluto. Tienen el Ejecutivo, el Legislativo y ahora buscan controlar el Judicial”, afirmó.

Coello consideró que esta reforma representa una “auténtica venganza del Ejecutivo contra el Poder Judicial”.

ARH