Ciudad de México.— En tiempos donde en el país prolifera la toma de carreteras, autopistas y vías de comunicación, como método para exigir derechos, la comunidad zapoteca de Ranchu Gubiña, ubicada en el municipio de Unión Hidalgo en la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, logró doblegar por la vía legal al Gobierno federal, para exigir el respeto y cumplimiento pleno de sus derechos humanos.

Luego de los sismos de 2017 cuando el pueblo quedó prácticamente devastado, esta comunidad de apenas 15 mil habitantes, optó por la vía legal para hacer justiciables sus derechos humanos, logrando algo inédito a través de un abogado originario de esta localidad, que de forma innovadora promovió acciones legales que sentaron precedente en la forma de exigir al gobierno el cumplimiento de sus derechos.

En realidad, explicó en entrevista Edward Martín Regalado, abogado nacido en Ranchu Gubiña, se logró exigir el cumplimiento de todo un abanico de derechos humanos, pues estamos hablando del derecho humano a la vivienda, a la educación, los derechos de los niños, a través del acceso a los recursos del Fonden por desastres naturales.

Fueron cientos de juicios de amparo que se promovieron de forma colectiva y que al final el Gobierno federal tuvo que acatar todas las sentencias. Con el caso de Ranchu Gubiña, se sienta un precedente y se abre la puerta, para que las comunidades indígenas y en general los mexicanos, hagan efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos que pudieran verse afectados en diversas circunstancias.

En 2017 los sismos de Oaxaca y Ciudad de México ocurrieron con apenas 12 días de diferencia. El de Oaxaca fue el 7 de septiembre, mientras que el de la Ciudad de México fue el 19 de septiembre. El terremoto devastó a esa población indígena, pero cuando ya se organizaban una serie de ayudas para apoyarlos, vino el sismo de la Ciudad, provocando que los reflectores y la ayuda se dirigieran a la Capital.

Edward Martín Regalado, originario de Ranchu Gubiña y socio fundador del despacho Regalado & Galindo Abogados, indicó que en medio de la tragedia fue que vieron la relevancia de hacer una labor social totalmente desinteresada. Es por eso que, ante la cercanía en tiempo entre los sismos de Oaxaca y CDMX, decidieron enfocarse en llevar a cabo las acciones legales en esta población del Istmo de Tehuantepec.

Martín Regalado comenta que la primera demanda de amparo la presentaron el 7 de noviembre, justo a las ocho semanas del primer sismo. Iniciaron de inmediato pero la situación fue evolucionando rápidamente, pues se generaron una serie de actos irregulares por parte del Gobierno federal, que repartió tarjetas de BANSEFI con dinero para los afectados, y que ya entregadas, repentinamente desaparecieron los fondos.

A través de las tarjetas de BANSEFI el Gobierno federal entregó a los damnificados previo censo $120,000 pesos para la reconstrucción de sus viviendas; la gente podía retirar dos tantos de $15,000 mil pesos para gastos y mano de obra, y después usar los $90,000 restantes para pagar los materiales de construcción. Solo se podía gastar este dinero en tiendas autorizadas para evitar que se hiciera mal uso de los recursos.

La gente de Ranchu Gubiña utilizó los primeros $30,000, y cuando les entregaron los materiales o fueron a pagar a las casas de materiales los pedidos que ya habían hecho, les dijeron que ya no tenían fondos, que ya no había dinero en sus tarjetas.

Esto generó una situación muy compleja generalizada pues en medio de esta situación de desamparo en la que la mayoría se encontraba, todos se habían endeudado confiando en que tenían ese dinero.

En números redondos fueron unos 400 amparos presentados y muchas más familias que se vieron beneficiadas por estas acciones. El primer amparo fue por el tema de la escuela secundaria. En esta zona sólo hay dos escuelas y las dos salieron afectadas, pero se enfocó el esfuerzo inicial en ésta que tiene alrededor de 600 alumnos.

El segundo amparo fue por 57 familias a las que les habían desaparecido el dinero de sus tarjetas de BANSEFI, sin embargo, cuando se promovió este amparo, el Gobierno federal inmediatamente devolvió el dinero a todo el pueblo, no solamente a las 57 familias que presentaron el recurso legal.

El tercer amparo que promovieron fue para 26 familias; el cuarto amparo fue para 15 familias; el quinto para 356; el sexto para siete; y el último fue para que les instalaran una alarma sísmica, dado que están en una zona de constantes movimientos telúricos; fueron en total siete paquetes de amparos con cientos de beneficiados.

Esto generó que en la edición 2020 de los Premios de la Fundación Barra Mexicana de Abogados A.C., se le entregara el Premio Social Pro Bono en la categoría “Premio Profesional del Derecho”, a Edward Martín Regalado, por su trabajo desinteresado por la prestación de servicios profesionales gratuitos a los damnificados por los sismos de 2017 del municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca.

Pero lo más importante, señala Martín Regalado, es el precedente que se sienta, al ser la primera vez en la historia del país que ocurre esto, de manera destacada en una comunidad donde no hay jueces, notarios, ni una cultura jurídica robusta.

Normalmente los amparos que se ven son contra obras del gobierno, incluso ahorita está el tema de las consultas a comunidades indígenas, pero es la primera vez en la historia que todo un pueblo se levanta y exige al gobierno a través de juicios de amparo sus derechos, subrayó el jurista.

Edward Martín Regalado explicó que los abogados tienen las llamadas tesis judiciales, donde las más importantes se publican en el Semanario Judicial de la Federación, que es como un Diario Oficial de todos los juicios, y ahí salió publicado este precedente donde se analizó este caso, y contra lo que un juez erróneamente señaló, se sentó el precedente para que estos en casos como éste, se puedan plantear de forma colectiva, como lo hizo a través de Regalado & Galindo.

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ebv