Guanajuato.— El Pleno del Congreso de Guanajuato discutió el dictamen de tres iniciativas de reforma al Código Penal en materia de despenalización del aborto voluntario.

Al someterse a votación, el dictamen registró un empate de 18 votos en favor y 18 en contra, por lo que, con base en el artículo 201 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se repetirá la discusión y votación del asunto en la sesión inmediata siguiente, el próximo jueves 5 de junio.

La próxima semana de persistir el empate en la votación, se reservará el asunto para el periodo ordinario siguiente y si persiste el empate la Presidencia de la Mesa Directiva ordenará el archivo definitivo del asunto.

DERECHO A LA VIDA

La diputada panista Karol Jared González Márquez manifestó la importancia de aclarar que el mantener tipo penal del aborto es criminalizar a las mujeres no es verdadero, porque no es lo mismo penalizar que criminalizar, dado que uno significa reconocer una conducta que tiene consecuencias legales, mientras que el segundo concepto implica perseguir a la mujer sin atender sus circunstancias, tratarla como delincuente o detenerla indiscriminadamente.

Agregó que la situación antes mencionada en Guanajuato no ocurre, puesto que en la entidad se busca proteger el derecho de las mujeres a no ser obligada, manipulada o violentada para abortar, junto a que hay estudios científicos comprobados donde más del 70% de los abortos voluntarios fueron abortos forzados.

La panista indicó que entre todos los derechos el más esencial es el derecho a vivir y que la Corte no obliga a legislar de alguna manera, por lo que en ningún momento se está en desacato, mientras que los amparos que se han otorgado no son de aplicación general y solo benefician a los que lo solicitan.

La legisladora del blanquiazul externó que la solución está en fortalecer las políticas públicas que verdaderamente respalden los derechos de las mujeres, promover las redes de acompañamiento y la atención médica y psicológica oportuna, acceso a educación y trabajo, así como servicios de cuidado infantil y con ello cerras las brechas de desigualdad con opciones reales para que ninguna mujer se sienta sola y que no tiene salidas.

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BIEN JURÍDICO

Por su parte, la también panista Susana Bermúdez Cano afirmó que el derecho a la vida humana necesariamente tiene que ser desde la concepción, pues era un hecho irrefutable y de sentido común que toda vida humana tiene un principio y un fin; y que el derecho a la vida humana desde la concepción posee un reconocimiento en la ley constitucional y así está reconocido en la Carta Magna.

Remarcó que, la Constitución federal no establece límite o restricción alguna al derecho a la vida humana; por lo tanto, su protección se da desde que ésta inicia, y que con ello se garantiza la vida de todo ser humano desde su inicio que es desde el momento de la fecundación.

Apuntó que les corresponde proteger desde el ámbito penal los bienes jurídicos que son esenciales para la sociedad, entre ellos, la vida humana como derecho natural del ser humano, por lo que, pretender tipificar el delito de aborto a partir de las 12 semanas de embarazo y al establecer la penalidad sólo para el aborto practicado después de ese periodo, se incurre en la desprotección total del producto de la concepción en la primera etapa gestacional.

Bermúdez Cano argumentó que las iniciativas materia del dictamen vulneran el principio de progresividad de los derechos humanos al establecer un límite al derecho a la vida del nasciturus, en contravención con el orden constitucional federal y local lo que provocaría la desprotección absoluta de un bien jurídico constitucionalmente protegido.

Habló de las condiciones que limitan a las mujeres o inciden en la toma de decisión de las mujeres embarazadas, en las que se acaba con la vida de un ser humano y lleva la madre a un camino de secuelas que no elige con entera libertad.

DERECHOS HUMANOS

Mientras, Rolando Fortino Alcántar Rojas manifestó que lo más progresista es el derecho de la vida, y que se debía recordar que lo que se va a votar es un delito que está dentro del derecho a la vida no a la libertad.

Apuntó que el dictamen atiende a las normas constitucionales e internacionales que protegen al concebido no nacido, y que los iniciantes señalan que la Suprema Corte de Justicia ha emitido resoluciones señalando que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta; sin embargo, no señalan en qué se basaron para determinar que estas supuestas limitantes a los derechos de las mujeres sólo ocurren antes y durante las 12 semanas de gestación, pero desaparecen en la semana 12 un día de gestación, cuando el aborto provocado es punible y en ese momento se criminaliza a la mujer.

Alcántar Rojas subrayó que no existe ninguna obligación derivada de Instrumentos Internacionales que obligue a eliminar la protección constitucional y legal de la vida, pues lo que buscan las normas internacionales en materia de derechos humanos es la necesidad de brindar protección legal a la niñez antes de nacer.

Resaltó que el aborto sigue siendo un delito en las 32 entidades federativas, pues el elemento de las 12 semanas demuestra que la penalización del aborto es constitucionalmente válida; y que en el caso de las acciones de inconstitucionalidad las resoluciones sólo pueden declarar la invalidez de las normas impugnadas, situación no ha ocurrido en el Código Penal estatal.

Alcántar Rojas indicó que hasta no hay ninguna acción que obligue al Estado a nada en la materia y que por obligación constitucional tienen la obligación de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

MÁS ALLÁ DE COLORES Y PARTIDOS

La diputada Rocío Cervantes Barba señaló que el tema iba más allá de partidos políticos y colores, que se tenía que analizar con conciencia y con suficiente criterio, que no puede ser radicalizado y que no iba a subestimar la inteligencia de quienes estaban ahí por pensar diferente a ella.

Apuntó que, en un tema tan controversial, no existen mayorías y que manifestar que están a favor de la vida no significa que se encuentren en contra de los derechos de las mujeres, pero tampoco quiere decir que al apoyar los derechos de éstas hablan de derechos que son absolutos o se encuentren por encima de otros.

Cervantes Barba resaltó la importancia del derecho a la vida y derecho humano fundamental reconocido universalmente, basado en la idea de que todos los seres humanos tienen derecho a existir y no a ser privados de su vida de forma arbitraria.

Agregó que es posible garantizar los derechos de las mujeres sin tener que recurrir a la despenalización del aborto, promoviendo al contrario el apoyo a la maternidad y fortaleciendo la educación sexual, para concluir al enfatizar que nunca nadie se ha arrepentido de hacer lo correcto, aunque lo correcto implique asumir responsabilidades.

ARCHIVO DEFINITIVO DE INICIATIVAS QUE PROPONÍAN ELIMINAR EL DERECHO A LA VIDA

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado rechazó el dictamen de tres iniciativas de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de derecho a la vida.

Las iniciativas pretendían eliminar el párrafo que señala que para los efectos de la Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos.

Como autor del dictamen, el diputado Juan Carlos Romero Hicks señaló que documentos internacionales que son ratificados por el Estado Mexicano respetan la vida y tienen la encomienda de proteger los derechos humanos que, bajo un criterio de progresividad, el compromiso radica en proteger la vida de toda persona, nacida o no nacida sin excepciones.

Agregó que mientras más vulnerable es una persona más merece nuestra atención, cuidado y protección, además de especificar que todo acto de autoridad debe estar encaminado a beneficiar a las personas, a procurar los valores de bien común, justicia y velar por su seguridad jurídica y que el inicio de la vida no depende de la adhesión de un tribunal.

ARCHIVO DE INICIATIVAS QUE BUSCABAN ESTABLECER COMO OBLIGACIÓN DEL ESTADO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ASÍ COMO DE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO

El Pleno del Congreso del Estado aprobó, por mayoría de votos, el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de dos iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato que buscaban establecer como obligación del Estado la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, así como de interrupción legal del embarazo.

Como autora del dictamen, hizo uso de la voz la diputada Noemí Márquez Márquez, quien señaló que la actual discusión es abstracta y que no representa un debate ideológico, sino una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad como sociedad, personas legisladoras y ciudadanía comprometida con el bien común, tal como es el defender la vida como el derecho más fundamental de las personas.

Agregó que la vida humana comienza con la concepción, argumentando que la ciencia, a través de la embriología, la genética y la biología molecular, muestra que desde el instante en que se unen las células de la madre y el padre surge una nueva vida con información única y que esa célula tiene todo lo necesario para desarrollarse de manera autónoma y continua, hasta convertirse en un ser humano pleno.

Manifestó que el aborto no es un acto sin consecuencias, toda vez que estudios médicos muestran que las mujeres que abortan pueden enfrentar riesgos físicos y emocionales, por lo que es fundamental que como sociedad y autoridades fortalezcan las políticas de prevención, atención y acompañamiento, garantizando el derecho a la salud y la vida tanto para las mujeres como para sus hijas e hijos por nacer.

ARCHIVO DEFINITIVO DE LA INICIATIVA QUE PROPONÍA RECONOCER LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA COMO UNO DE LOS PRINCIPIOS DE LA LEY

Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso local aprobó el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, que proponía reconocer la autonomía reproductiva como uno de los principios de la ley.

Como autora del dictamen, hizo uso de la tribuna la congresista Susana Bermúdez Cano, quien manifestó que las personas legisladoras locales carecen de competencia para modificar los principios rectores previstos en la Ley General, por lo que la iniciativa se aparta de los principios rectores al proponer un nuevo principio relativo a la autonomía reproductiva.

Agregó que los derechos reproductivos conllevan también a trabajar por una sociedad donde las mujeres no se vean orilladas a tomar decisiones desde la desesperación o la falta de opciones, sino que se debe trabajar en impulsar políticas públicas que prevengan embarazos no deseados, que combatan la violencia sexual y que promuevan una cultura de corresponsabilidad entre hombre y mujeres en el estado.

Finalmente, la legisladora aseguró que el aborto no debe ser considerado como un componente esencial de los derechos reproductivos, defender los derechos reproductivos sin promover el aborto si es posible al ser el camino más humano y responsable, en el que debe prevalecer la incidencia en las políticas públicas que garanticen el acceso a una vida libre de violencia, promuevan su desarrollo integral y plena participación en todos los ámbitos de la vida.

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