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Topo Chico, un penal tenebroso que verá su fin…

Emanuel Mendoza Cancino

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Monterrey.- La vieja prisión de Topo Chico, una de las más violentas y tenebrosas de México, cerrará sus puertas en septiembre para convertirse en sede del Archivo Histórico de Nuevo León.

De esta manera, según anunciaron recientemente autoridades estatales, seguirá los pasos de la cárcel de Lecumberri, una prisión de negra historia que funcionó la mayor parte del siglo XX en la Ciudad de México y es desde 1976 Archivo General de la Nación.

El secretario de Gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, informó en días pasados que el 30 de septiembre la prisión del Topo Chico, protagonista de uno de los motines más sangrientos de la historia de México con 49 muertos en 2016, dejará de albergar reos.

Y desde la semana pasada, autoridades penitenciarias estatales iniciaron traslados de internos de Topo Chico y otros dos penales a centros federales de reclusión en Oaxaca y Chiapas, dos estados del sur de México.

“Se han realizado un total de mil 323 traslados de internos en los Centros de Reinserción Social del estado. Estas acciones forman parte de la estrategia implementada que ha permitido eliminar los autogobiernos de las cárceles estatales”, informó en un comunicado el gobierno estatal.

González señaló que con la ampliación de los penales de Cadereyta y Apodaca se contará con un total de 10.000 espacios en esas prisiones, “suficientes para dar cabida a los 6.600 internos que conforman la población actual”.

El secretario General de Gobierno especificó que construyendo 350 celdas, la población que pueden albergar “nos lleva a números insospechados”.

UNA HISTORIA DE AUTOGOBIERNO Y DISTURBIOS

El Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico es una prisión estatal inaugurada en 1943 y debido al crecimiento de la ciudad quedó ubicado en la periferia del primer cuadro de ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León.

En los últimos tres años fue escenario de múltiples riñas y en diversas ocasiones los reos se han amotinado para denunciar la complicidad de las autoridades carcelarias con miembros del crimen organizado que controlan el penal.

Una de las masacres dejó 49 fallecidos y se considera la más grave del país cuanto menos de la última década. Ocurrió en febrero del 2016, cuando dos bandos del grupo los Zetas se disputaron el control de Topo Chico.

La riña provocó que se incendiara la cocina, la bodega de víveres y otros puntos del penal.

En el primer motín fallecieron 49 internos y 34 más resultaron heridos, mientras que una segunda reyerta en junio de ese año dejó un saldo de tres muertos y 21 lesionados.

Según un informe publicado ese año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la sobrepoblación, el hacinamiento, el autogobierno y la falta de personal en el penal mexicano de Topo Chico llevó a esta trágica situación.

Pero además, la CNDH también detectó privilegios con celdas de lujo equipadas con pantallas e incluso saunas, objetos y sustancias prohibidas, y la ausencia de protocolos para la prevención, manejo y control de motines y otros hechos violentos.

En marzo de 2019, una protesta por el traslado de unos 500 presos dejó un muerto y una treintena de heridos.

LA LUCHA DE CÁRTELES POR CONTROLAR LA CÁRCEL

Los Zetas mostraron el control que mantenían sobre el Topo Chico desde el 2010, pues antes disputaban el control del Cártel del Golfo.

Para mostrar su poder dentro de prisión, el 31 de diciembre de 2010 sicarios sacaron de la prisión a una presa, Gabriela Muñiz Tamez, “La Pelirroja”, y la colgaron en un puente peatonal de una importante avenida de Monterrey debido a que era la novia de un capo del grupo rival, el Cártel del Golfo.

Se estima que el grupo obtenía en la prisión suculentas cantidades de dinero por el cobro de cuotas, venta de droga y otros negocios, según informes oficiales.

“A cada nuevo interno le exigen una cuota para no ser golpeado o asesinado que en promedio va desde los 1.500 pesos (unos 75 dólares) semanales y hasta 50.000 pesos (unos 2.500 dólares) mensuales”, aseguró este miércoles a Efe Consuelo Morales, directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).

La organización comenzó a defender los derechos de los reos desde 1997 y abandonó esa labor en 2010 debido al peligro que representó para ellos el autogobierno de los Zetas.

“Estamos de acuerdo de que la cárcel del Topo Chico no tiene condiciones para que los internos vivan con dignidad. Esto es evidente, lo hemos visto desde hace tiempo”, menciono Morales.

PERSISTE LA INSEGURIDAD PESE A LEVE MEJORA

En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, la CNDH identificó que el número de homicidios en las cárceles mexicanas bajó de 108 registrados en 2017 a 31 en 2018, un 71,3 %.

Asimismo, se registraron más de 800 riñas y 4 motines, y se documentaron 258 abusos, en su mayoría producidos por autoridades del centro.

En el 34 % de los centros estatales -como el de Topo Chico- persiste la sobrepoblación y en el 44 % el hacinamiento en celdas.

Finalmente, el 50 % de los centros se observaron deficientes condiciones materiales y de higiene del área médica. EFE



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BC con cancelaciones millonarias antes de Constellation Brands

El sexenio pasado salieron de Baja California capitales por 365 millones de dólares

Jorge Francomárquez

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Ciudad de México.- Antes de la cancelación de la construcción de la planta cervecera de la empresa transnacional Constellation Brands en Baja California, como consecuencia de la consulta popular que se realizó en esta entidad, el estado ya había registrado cancelaciones millonarias en materia de inversiones.

De acuerdo con la legisladora del Partido del Trabajo,  Alejandra León Gastélum, tan sólo el sexenio pasado, del estado de Baja California salieron capitales por 365 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía.

En este sentido la senadora Alejandra León Gastélum señaló que la cancelación de la construcción de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali no ahuyentará las inversiones de la ciudad ni de Baja California, pues entidad ya registraba desinversiones millonarias en los últimos sexenios.

León Gastélum explicó que el factor principal para registrar ésta, que es considerada la mayor pérdida de inversión en la entidad, fue la falta de estrategia económica ante un escenario tan competitivo y más aún cuando las autoridades se enfocaron en tratar de impulsar un negocio plagado de irregularidades.

Mientras tanto, destacó la legisladora, los estados del Bajío siguieron recibiendo empresas e inversiones extranjeras ante una adecuada planeación.

La senadora expresó que no se puede basar el crecimiento económico en una planta cervecera, por lo que el hecho de que opere o no, no inhibirá las inversiones como quieren hacer creer empresarios que siguen defendiendo a Constellation Brands.

Las autoridades de Baja California, subrayó la senadora del PT, tienen que tener una visión más amplía para los proyectos que busquen en el futuro.

La obra pública pasa por una de las peores crisis en la historia de la entidad, lo que ha provocado un rezago en infraestructura en los últimos 10 años. Se tiene que incentivar al sector de la construcción y más ahora ante las serias afectaciones que provocará el coronavirus, enfatizó la senadora.

Alejandra León dijo que la cancelación de la construcción fue una lección no sólo para este tipo de compañías depredadoras del agua y para cierto grupo de empresarios de Mexicali. Fue una lección para los tres órdenes de gobierno y el Congreso local que estuvieron operando a favor de Constellation Brands, dándole la espalda al pueblo.

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Legisladores buscan garantizar electricidad a yucatecos tras emergencia

Emanuel Mendoza Cancino

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México.- Legisladores yucatecos solicitarán que se garantice el servicio de energía eléctrica a los usuarios durante el periodo que dure la contingencia sanitaria.

Las gestiones buscan que se mantenga el servicio a los consumidores que por cuestiones económicas no puedan pagar el recibo de luz, o que en caso de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haya suspendido el servicio, proceda a restituirlo a fin de que la población más vulnerable tenga acceso a este derecho durante todo el periodo que dure la contingencia sanitaria.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, la diputada federal, Dulce María Sauri y el coordinador de los diputados locales del PRI, Felipe Cervera, presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a fin de que emita la recomendación correspondiente a la CFE.

Dicho texto se sustenta en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (2a./J.30:2018), sobre las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

También, encuentra soporte en una resolución del Juzgado Quinto de Distrito de Mérida, Yucatán, en el que una usuaria obtuvo un amparo por el corte del servicio de energía durante esta contingencia.

Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vincula el servicio de energía eléctrica al derecho a una vivienda adecuada, que consagra el artículo 4o. Constitucional.

“El servicio de energía eléctrica es un derecho humano que no puede ser vulnerado en una emergencia sanitaria, sobre todo cuando se le pide a los ciudadanos que permanezcan en sus casas para evitar la propagación del virus”, destacaron los legisladores.

En un contexto en que la máxima autoridad del país ha llamado a la sociedad a permanecer en sus domicilios, resulta absolutamente ilógico y violatorio de derechos humanos la suspensión del servicio, pues no sólo afecta las condiciones de una vivienda digna, sino también a miles de negocios que son el pilar económico de Yucatán.

emc

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