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Hasta 18 años de cárcel para “polleros”

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Ciudad de México.— A fin de combatir el tráfico de personas y evitar que se repitan hechos como los ocurridos el pasado 24 de julio en la ciudad de San Antonio, Texas, donde fueron abandonados en un tráiler un grupo de migrantes de los que 10 murieron, senadores del PRI propusieron modificaciones a la Ley de Migración para sancionar con una pena de 10 a 18 años de prisión a los llamados “polleros”.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Marcela Guerra Castillo, indicó que si bien en los últimos años, cada vez más personas están regresando a México y son más los que vuelven que los que se van, es necesario realizar las modificaciones legales pertinentes para adicionar las reglas establecidas por el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

“Desde 2007 cada vez son más personas las que regresan a México que las que se van a los Estados Unidos. Tan sólo en el 2015 se fueron 96 mil personas y regresaron 350 mil, de ésos, 132 mil fueron regresos voluntarios”, detalló la legisladora priista.

Cruzar a una persona de forma ilegal de México a Estados Unidos es un riesgo ya que las medidas de seguridad de la Patrulla Fronteriza han aumentado, así como el precio de la gasolina y de los transportes para llegar a la Unión Americana.

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Los polleros han elevado sus tarifas de traslado hasta en 100% que pueden llegar hasta los 30 mil dólares. De acuerdo con información publicada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el reporte Tendencias sobre la migración internacional, 12 millones 339 mil 062 mexicanos radican fuera del país.

La población originaria del Estado de México tiene el mayor número de migrantes que cruzan la frontera sin documentos, seguido por Guanajuato y Puebla, reporta el Instituto Nacional de Migración.

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Con los cambios legales que propone a senadora por el estado de Nuevo León, los migrantes serían considerados víctimas y no podrán ser sujetos a proceso penal, en cambio, los que trafiquen con personas, además de la pena de cárcel serán sancionados con una multa de cinco mil a 15 mil unidades de medida y actualización.

La senadora Guerra señaló que “los polleros” lucran con la falta de oportunidades legales de los migrantes y sacan partido de la situación ofreciéndoles arreglos onerosos.

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Si bien estos arreglos pueden incluir servicios como el transporte, también pueden consistir en actos de fraude documental, que van desde el préstamo de pasaportes robados a personas parecidas al migrante, hasta la falsificación de documentos de identidad para obtener documentos legales, puntualizó.

Mientras, el informe ‘Personas en detención migratoria en México’, presentado por el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CCINM), reveló episodios de violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del INM, la falta de información a las personas privadas de libertad, lagunas legales en el procedimiento de los migrantes y los deficientes procesos de ingreso a los centros que son espacios no adecuados, sin condiciones de dignidad y privacidad para las personas.

 

ebv

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