Ciudad de México.- El nuevo recurso que se pretende instrumentar para la revocación de mandato (10 de abril de 2022), tiene mal pronóstico, pues claramente se postula como una vía para un destino distinto: la ratificación del mandato. Es también un derroche porque nadie plantea la posibilidad efectiva de separar al presidente de la República de su encargo, antes de que el plazo de los seis años se cumpla.

Así lo explicó en entrevista exclusiva para Siete24.mx, el maestro José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

Los datos duros señalan que, ciertamente, existen sectores críticos a la labor presidencial como no lo puede dejar de haber en un régimen democrático, pero que esos mismos inconformes verían con preocupación una interrupción del mandato del Jefe del Ejecutivo, y que no la pretenden.

Resulta un alto costo económico para los mexicanos.

El costo por esta acción de acuerdo con los datos del propio Instituto Nacional Electoral (INE), se estima en más 3 mil millones de pesos, de modo que, de llevarse a cabo, se tendría un costo acumulado de 3.5 mil millones de pesos que resultaría de la suma de ambos ejercicios.

Perdomo García, expresó que el gasto previsto implica desplazamientos presupuestales de recursos que se podrían orientar a otras materias urgentes, como regularmente ocurre en las asignaciones presupuestales.

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“El gasto erogado por este ejercicio es prácticamente imposible justificar en este momento el anteponer gastos a las necesidades que se tienen en el ramo de salud, en el campo e incluso en el apoyo a las comunidades por los desastres naturales”, expreso el maestro de La Salle.

Añadió que la calificación de absurda, en cuanto a la realización de esta nueva práctica de democracia directa no está en entredicho; lo es porque no habrá de aportar nada nuevo al país, al régimen político, a la vida democrática y, por el contrario, corre el riesgo de vulgarizar y desprestigiar una medida que puede ser de gran utilidad en otras circunstancias.

Todo indica que nuestra inmersión en los instrumentos de la democracia participativa se está dando por una puerta equívoca, advirtió.

 Parece no estar en duda el juicio sobre que específicamente tales consultas son inútiles, en el entendido que la primera de ellas ya lo fue; la segunda que se pretende realizar sobre la revocación de mandato corre el riesgo de tener el mismo fin, pues aun cuando se diera la participación requerida para hacer vinculantes sus resultados, su efecto no resolverá problema alguno, ni responderá a un cuestionamiento existente.

En su caso, será una falsa solución a un falso problema.

Sin duda que la democracia participativa y las consultas ciudadanas son convenientes, pero a condición de que sean debidamente orientadas, que dispongan de objetivos claramente justificados, que se practiquen en condiciones de un debate suficiente y de una normatividad madura, requisitos que lucen ausentes en este momento.

La racionalidad del gasto demanda resolver de forma adecuada preguntas fundamentales: en qué se gasta, cómo se gasta, para qué se gasta, qué resultados se esperan y de qué manera contribuirán éstos al desarrollo del país, y qué tanto lo harán respecto de otras alternativas. Pretender gastar con austeridad de poco sirve si, por otra parte, se derrocha, se despilfarra, se extravía el objeto y la razón del gasto.

ARH