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Legisladores denuncian irregularidades en gasto federal

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Ciudad de México.— El grupo parlamentario del PAN en el Senado solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) llevar a cabo auditorías, revisiones y evaluaciones a las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Educación (SEP), de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como a la Presidencia de la República.

Lo anterior con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia en su gestión, y vigilar que se cumplan las disposiciones en el uso y manejo de recursos públicos y, en su caso, deslinde responsabilidades por el mal manejo de éstos.

En un punto de acuerdo los panistas indicaron que en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 se detectaron diversas irregularidades.

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Destacaron que la Presidencia de la República ejerció 23 millones 869 mil pesos en trajes tipo sastre de dama y caballero para el Estado Mayor Presidencial, y que la SRE usó mil 835 millones 630 mil pesos para la “promoción y defensa los intereses de México” en un programa de equidad de género, que no contó con una planeación anual de trabajo, para dar cumplimiento a las atribuciones en esta materia.

Precisaron que en la partida 27101 -“Vestuario y Uniformes”- se ejercieron 23 millones 869 mil pesos para uso del Estado Mayor Presidencial, en trajes tipo sastre para dama y caballero, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que de dos contratos, uno debió celebrarse bajo una licitación pública y no de “invitación”.

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“Además, se detectó que esa empresa ganadora, que tuvo una propuesta de 8 millones 821 mil pesos, se formó 46 días antes de que se le invitara a participar”, remarcó.

De igual modo, los legisladores de Acción Nacional puntualizaron que la SRE ejerció 49 millones 826 mil pesos para la operación del programa Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral, monto superior en 49.7 por ciento en relación con el presupuesto aprobado de 33 millones 283 mil pesos.

En tanto, subrayaron que en 2016, la SEP, encabezada por Aurelio Nuño, ejerció un total de 3 millones 326 mil pesos mediante el programa Políticas de igualdad de género en el sector educativo.

“El gasto fue inferior en 77.1 por ciento respecto de los 14 millones 549 mil pesos autorizados en el presupuesto de egresos de la Federación, debido a que Hacienda autorizó reducciones presupuestarias para que la SEP traspasara recursos del programa presupuestario al Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas”, detallaron.

Además, expusieron que, de acuerdo con el Informe, la Sedatu ocasionó un daño al erario por 724 millones 707 mil 883 pesos, por transferencias de las que no se sabe su destino, pagos sin acreditar y fianzas.

“La Sedatu, en manos de Rosario Robles Berlanga, reportó en 2016 un presupuesto original por 25 mil 613 millones 444 mil pesos, que, como resultado de adecuaciones presupuestales, tuvo ampliaciones netas por 478 millones 504 mil pesos, aunque se encontró una diferencia de 134 millones 255 mil pesos de lo reportado a la Cuenta Pública”, acotaron.

Manifestaron que la ASF también previó daños al erario por 3 mil 922 millones de pesos por una fianza de cumplimiento que no se cobró; otra afectación por 689 millones 220 mil 851 pesos, por transferencias registradas en los estados de cuenta bancarios de cuentas concentradoras de la Sedatu, sin identificar el destinatario de los recursos; y otro daño por 31 millones 564 mil 092 pesos, por pagos efectuados sin acreditar la recepción de los servicios.

Por ello, concluyeron los senadores del PAN, es necesario que la SFP lleve a cabo auditorías a esas dependencias y a la Presidencia de la República y que, en su caso, aplique sanciones por el mal uso de recursos públicos.

ebv



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Giran orden de aprehensión contra hermana de Lozoya Austin

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Giran orden de aprehensión contra hermana de Lozoya Austin

Ciudad de México.- Un juez giró orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin por estar involucrada en el caso Agronitrogenados.

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Según la orden librada por el juez Artemio Zúñiga Mendoza es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con el caso de la planta una planta industrial.

Trascendió que la hermana del ex director de Pemex, Emilio Lozoya ya tramitó un nuevo juicio de amparo en el que señaló que el mandamiento judicial se libró dentro de la causa penal 211/2019.

Conforme al proceso, se programó la audiencia constitucional para el 31 de diciembre, fecha en la que resolverá si le concede el amparo.

Antes, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal le otorgó un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También puedes leer:El acuerdo entre la Fiscalía y Lozoya por su colaboración sería solo por una casa

De acuerdo con la FGR, de junio a noviembre de 2012, se transfirieron más de 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta de la que es beneficiaria Gilda Susana.

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Revocación de mandato, ¿qué sigue?

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Revocación de mandato, ¿qué sigue?

Ciudad de México.— En 2018 como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador prometió que se sometería a la revocación de mandato para que los ciudadanos decidieran si continuaba al frente del gobierno federal.

Ahora, dos años después, aunque la revocación de mandato ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, aún faltan la ley reglamentaria y la emisión de lineamientos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y cuyo plazo para emitirla, venció en junio pasado.

En este sentido, dijo el abogado constitucionalista y académico de la UNAM, Francisco Burgoa, “estamos ante una omisión legislativa del Congreso de la Unión en esta materia y dado que el procedimiento para iniciar la revocación de mandato del actual presidente de la República debe de iniciar con la solicitud de firmas, esto durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021”.

La revocación de mandato es una figura de la democracia directa que permite a través del voto ciudadano, premiar o castigar la gestión del gobierno que eligieron; actualmente hay 26 países que utilizan esta figura, la mayoría para autoridades locales, y siete a nivel presidencial, entre ellos Suiza, Ecuador y Venezuela.

Muchas organizaciones han visto bien que se introduzca esta figura a la Constitución y la sociedad también, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, siete de cada 10 mexicanos están de acuerdo.

Así, dijo el coordinador nacional de ‘Alternativas por México’, César Damian. Se puede terminar con un gobierno que no está cumpliendo con las expectativas de los ciudadanos.

“Está diseñado para que sea un mecanismo de los ciudadanos para evaluar y determinar si se le pierde la confianza y terminar de manera anticipada. Porque es un gobierno que no se desea, que no lo voy a calificar y que por eso no puede esperarse a que concluya el mandato de los seis años”, consideró

Este fue para que se introdujera en la Constitución

El proceso legislativo de esta reforma, inició en septiembre de 2018, cuando la fracción de Morena en San Lázaro presentó la iniciativa para que los ciudadanos tengan el derecho y la obligación de votar en los proceso de revocación de mandato del presidente en turno.

Luego, en octubre de 2019, López Obrador envió al Congreso la iniciativa para reformar nueve artículos de la Constitución; con lo que se introduciría esta figura para remover al presidente y a los gobernadores; primero fue aprobada por el Senado y un mes después por la Cámara de Diputados.

El dictamen aprobado dice que la revocación de mandato será solicitada una vez cada sexenio; Para ello se deberá reunir las firmas del tres por ciento del listado nominal, es decir 2.7 millones de ciudadanos.

Y para que fuera considerada en esta administración, se estableció un transitorio para que se llevara a cabo la consulta en marzo de 2022; y ello para no coincidir con la elección intermedia del 2021, tal y como lo planteaba el propio López Obrador y Morena.

Esta medida, ha acusado la oposición, es una medida para la reelección, cosa que el presidente ha negado; Incluso firmó en enero pasado un compromiso de que no sería así; “nunca, bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo que ostento”, aseguró en ese entonces.

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