Los días contados de la Sedesol

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cumplió 25 años en agosto de 2017. Justo un año atrás, el 14 de agosto de 2017, la oficina del secretario realizó una celebración magna en el Museo Nacional de Antropología e Historia. El titular de la dependencia, el mexiquense Luis Enrique Miranda Nava, fue el orador principal. Como un líder motivacional expuso los casos de éxito de supuestos beneficiarios de los programas de la Secretaría enfatizando la principal política que en la materia trató de consolidar la presente administración, la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI).

Como estrategia impulsada por el entonces secretario José Antonio Meade, en junio de 2016 fue presentada como el “esfuerzo más amplio, ambicioso, integral y transparente que se haya emprendido para abatir la pobreza”. Junto con el programa estelar, la Cruzada contra el Hambre, tuvieron por meta sacar al mayor número de mexicanos de la situación de la pobreza extrema otorgándoles el mínimo de servicios básicos urbanos, abatir el rezago educativo, el ingreso al empleo formal y, en general, el mejor ejercicio de los derechos sociales.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la ENI habría dado resultados positivos cuando, en enero de 2018, reportó que cinco millones de personas dejaron de vivir en pobreza y 2.2 millones de mexicanos no estaban ya en situación de pobreza extrema.

Sedesol concentra los más importantes programas para abatir las carencias que provocan condiciones de pobreza y pobreza extrema. El presupuesto de egresos de 2018 otorgó al ramo 20 de Desarrollo Social la cifra de más de 106 mil 645 millones de pesos superando al de 2017; sin embargo, los resultados en cuanto a las cifras de pobreza no parecen ser los mejores y suficientes cuando aún más del 53 por ciento de la población vive pobreza o pobreza extrema.

Desde su creación en 1992, cuando fue designado su primer secretario, el desaparecido Luis Donaldo Colosio, la Secretaría ha servido de principal bandera política para fomentar programas transexenales. Cada administración ha dado un tinte especial. Desde el Programa Nacional de Solidaridad de la época de Carlos Salinas hasta la Estrategia Nacional de Inclusión, Prospera y la Cruzada Nacional contra el Hambre, los ideales para enfrentar los desafíos vitales de millones de mexicanos se han visto empañados por los presuntos desvío de recursos, el uso electoral de los programas, el condicionamiento en la entrega de recursos además de la discrecionalidad en la aplicación de los beneficios.

Desde el nacimiento de la Sedesol, ninguna administración ha tenido estabilidad en cuanto a su titular. Quizá en la presidencia de Vicente Fox, con dos secretarias, Josefina Vázquez Mota (2000-2006) y Ana Teresa Aranda Orozco (2006) se dieron los movimientos mínimos en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto. De los cuatro titulares del sexenio 2012-2018, por lo menos tres han sido señalados de desvío de recursos, opacidad en la información e incumplimiento de los objetivos de la política de Desarrollo Social para operaciones electorales.

Pero además, los programas de desarrollo social han mantenido problemas en su aplicación y destino acentuándose particularmente en tiempos electorales. Desde la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Social evaluó periódicamente los informes trimestrales de la Sedesol. Sus conclusiones no tienen desperdicio. En ellas se daba cuenta de la ineficiencia en cuanto al uso de los recursos de cada programa además de la generación de subejercicios. Con mucho, Sedesol no estimó las variaciones reales de la inflación por lo que, en realidad, las ayudas para los grupos vulnerables son más simbólicas que realmente un paliativo para disminuir las condiciones de pobreza.

Los principales problemas, año tras año, iban sobre las reglas de operación. La queja recurrente de los usuarios era una dilatación para disfrutar de sus apoyos debido a los galimatías de normatividades cada vez más complicadas, otra debilidad fueron los múltiples padrones de beneficiarios que no tenían unificación federal, estatal y municipal. La consecuencia fue la duplicidad de beneficiarios en la entrega de recursos inflando las listas. En esto aún queda a deber la Administración Pública, la consolidación del Padrón Único de Beneficiarios bajo fiscalización más rigurosa.

Sin embargo, Sedesol parece tener los días contados. Ahora se convierte de nuevo en el instrumento de políticas más populistas que realistas. López Obrador ya la mete en el conjunto de reformas de la Administración Pública para darle un nombre nuevo, la Secretaría del Bienestar.

Para López Obrador no es cosa menor. Se trata de una de las promesas de campaña, abatir la pobreza y otorgar ayudas justas a las poblaciones vulnerables, particularmente los adultos mayores. El reto es saber cómo el equipo del presidente electo llevará a cabo la transformación del desarrollo social de manera equitativa y transparente despojándolo de populismos que el final puede ser el riesgo hacia el fracaso. El cambio de nomenclatura no garantiza el fin de la pobreza y tampoco entregar una ayuda económica sin el sistema de pensiones justas que garanticen el ahorro. No es el simple objetivo asistencialista que, al final, podría derivar en el colapso. Tampoco se trata del aséptico propósito de felicidad como propósito moral. El desarrollo social requiere de cuentas adecuadas, de auténticos servidores y menos operadores para abatir la pobreza y no sólo medirla.

 
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