Los sismos, el hartazgo social por falta de atención gubernamental y los embrollos presupuestales

CONTEXTO

Mientras que centenares de familias capitalinas de todo tipo de estratos sociales –a cinco meses de los sismos que dañaron severamente sus hogares–, ya están hasta el hartazgo por la falta de respuesta de la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa y de que los partidos políticos de izquierda, léase PRD y MORENA, pretenden hacer un uso electorero en el manejo y distribución de casi 15 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción, el gobierno federal prácticamente se lava las manos y hace como que no ve el problema.

Aunado a ello, Mauricio Merino, Katia D´Artigues, Ricardo Becerra y Fernando Tudela renunciaron a los cargos en la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, instancia encargada de atender los daños causados por el sismo del 19 de septiembre.

Fernando Tudela, el cuarto en dimitir a ese organismo en menos de una semana, acusó que los tres diputados de la Asamblea Legislativa –Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo– se encargaron de definir la asignación de presupuesto para la reconstrucción, sin tomar en cuenta el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas por el sismo, y las prioridades que ya había establecido la Comisión.

En ese sentido, Mauricio Merino dijo que las razones para dimitir son, entre otras:

La Comisión no garantiza el ejercicio de la labor de los comisionados, quienes ante las facultades otorgadas a tres legisladores en el Presupuesto de Egresos de la CDMX 2018, no tendrían capacidad de vigilancia y monitoreo “para cumplir con nuestra encomienda, ya que las decisiones de autorización de recursos recaen sobre la Asamblea de la CDMX. Se vulneran las facultades del Ejecutivo de la CDMX y se violenta la Constitución de la Ciudad de México.

“No es posible renunciar a las facultades otorgadas por una Ley o Decreto a través de comunicados o desplegados de prensa. Para que el Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Finanzas, ejerza y autorice los recursos de la reconstrucción, los asambleístas deben modificar la redacción de los artículos 13 y 14 del decreto”, puntualizó Merino.

Explicó que, si los diputados se hacen responsables del ejercicio del gasto, también deben garantizar su transparencia. Mientras no haya una modificación jurídica, la responsabilidad es total y absoluta de los tres diputados.

En una carta dirigida al jefe de Gobierno, Tudela expresó que le “ilusionaba participar en un proceso, a partir de un contacto directo con los afectados, sin intermediaciones ni captura de intereses… (lo que) permitiría construir una agenda ambiciosa a la que se daría cauce mediante una acción colegiada, oportuna y eficaz”.

Sin embargo, dijo, la concentración del ejercicio de los recursos para la reconstrucción en una sola instancia del gobierno local “deja descolocada y sin objeto a la Comisión, y vuelve inviable un proceso como el que indicaba, sin exentarla de las múltiples responsabilidades que le reserva la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México”.

Mientras tanto, el ministro Javier Laynez tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad promovida por integrantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF), contra un decreto que deja en manos de solamente tres de los integrantes de este órgano legislativo el manejo y vigilancia de la aplicación de 14 mil 781 millones de pesos destinados a obras de reconstrucción en la capital del país.

En su recurso, un total de 22 legisladores de la bancada de Morena en la ALDF, solicitan a la SCJN que se declaren ilegales los artículos del Decreto de Egresos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, publicado el pasado 31 de diciembre.

En el Decreto se señala en el artículo 13 que “se asignan recursos por 7 mil 28 millones identificados con el Destino de Gasto 70 ‘Fortalecimiento de Acciones en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, delegaciones, Entidades y Órganos Autónomos y de Gobierno’ (…), Previo al establecimiento de los compromisos para llevar a cabo las acciones con cargo a los recursos establecidos en las fracciones I, II y III del presente artículo, las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con la aprobación del detalle de dichas acciones de la Presidencia y la Secretaría de la Comisión de Gobierno y del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; asimismo, deberán remitir copia de dicha aprobación a la Secretaría”.

En tanto que en el artículo 14 se señala que “se consideran 8 mil 772 millones de pesos para acciones de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México:

I. Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, dentro de las erogaciones de este decreto se destinan 5 mil millones pesos para el Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, como se mandata en la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una cada vez más resiliente”.

El párrafo siguiente es cuestionado por los legisladores de Morena, porque establece que “el Órgano Legislativo a través del presidente y secretario de la Comisión de Gobierno y del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública autorizará; supervisará; vigilará y propondrá el ejercicio de los recursos asignados en las fracciones I, II y IV del presente artículo”.

Y con ello se deja en manos de los diputados Mauricio Toledo, Leonel Luna, ambos del PRD; y del panista Jorge Romero, el manejo y supervisión de tales recursos.

Pero el dirigente capitalino perredista, Raúl Flores García, también diputado local, entró en defensa de sus correligionarios y sostuvo: “Ningún político, periodista o líder de opinión ha podido aportar un solo dato o documento que acredite o demuestre el nuevo mito de Morena: “Tres diputados locales: dos del PRD y uno del PAN, secuestraron o se agandallaron los recursos para la reconstrucción”.

El ejercicio transparente y plenamente justificado de los recursos públicos, acompañado de un diagnóstico adecuado, es lo mínimo que merecen los capitalinos después de una tragedia como la del 19 de septiembre. Lo que está en juego no son 15 mil 800 millones de pesos, está en juego vidas, familias enteras y el patrimonio de miles de familias. El bienestar de los habitantes de la ciudad depende de un ejercicio responsable, sustentado en evidencias. Por ello, se propuso el Fondo para la Reconstrucción con el fin de evitar la duplicidad de funciones, facilitar el ejercicio de recursos con una lógica de participación de múltiples actores y evitar, sobre todo, el uso de los recursos para fines político-electorales.

Raúl Flores García, acepta que “conscientes estamos de que el destino político de la CDMX se está disputando ente dos partidos políticos y que Morena utilizará cualquier tema sensible entre la población para desatar la más sucia de las guerras en contra del PRD y de los partidos que conformamos la coalición “Por la CDMX al Frente”, aprovechando su ventaja al ser oposición.

Y se atrevió a solicitar a los cuatro “respetables” comisionamos para la reconstrucción que ya renunciaron a su cargo: Mauricio Merino, Katia D´Artigues, Fernando Tudor y Ricardo Becerra, “a que presenten ante las autoridades pertinentes, con datos precisos, las denuncias formales en caso de haber detectado cualquier desvío, malversación o dudosa utilización de los recursos etiquetados para la reconstrucción”.

En tanto, las comisiones de Presupuesto y Administración Pública de la ALDF sesionarán para revisar y dictaminar la propuesta del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para modificar el artículo 14 de la Ley de Reconstrucción, a fin de que queden perfectamente claras las atribuciones del Ejecutivo en la materia y se agilice el ejercicio de los recursos para la reconstrucción, a fin de cerrar el paso a cualquier especulación, duda o desconfianza de la ciudadanía sobre el uso de dichos recursos.

Esta larga historia no hubiera ocurrido si Miguel Ángel Mancera Espinosa se hubiera armado de valor y no dejarse manipular por el PRD con el uso electorero que pretende llevar a cabo con los afectados. Lo grave del caso, es que Mancera es cómplice de estas ratas y de plano ya se va porque quiere ser senador. Va a dejar la bronca a sus “colaboradores” quienes ya están diciendo que el problema se resolverá en seis años. ¡Son unos sinvergüenzas y hay que denunciarlos y combatirlos!

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