México.— México es el país de las desapariciones de personas. En un mismo día pueden desaparecer de la faz de la tierra 43 estudiantes normalistas y después de tres años de búsquedas, tres procuradores y una verdad “histórica”, nadie, ninguna autoridad, sabe de su paredero. Ello sólo refrenda que sí somos el cuarto lugar en el mundo en impunidad.

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Peor aún. En 11 años, seis de Felipe Calderón y cinco del actual presidente Enrique Peña Nieto, han desaparecido en el país más 5 mil 500 niñas y niños. Parece no sorprender a nadie esta cifra, pero diariamente nos encontramos con mensajes de la tibia y burocrática “Alerta Amber” con fotografías de niñas con uniforme de secundaria y aún más pequeñas que salieron de sus domicilios, lo mismo en Ecatepec, que en Iztapalapa o en algún municipio de Sinaloa o en la costa veracruzana o bebés que fueron arrebatados a sus madres en hospitales, en mercados.

No hay una política de Estado para prevenir esas desapariciones y lo que es peor, ni para buscarlos. Es más importante para el gobierno federal o para el Congreso de la Unión combatir a los “huachicoleros” que tener un área de la Procuraduría General de la República (PGR) o del CISEN o de cualquier otra instancia federal, encargada de encontrar a esos miles de niños desaparecidos, secuestrados o tal vez traficados por tratantes de blancas con fines de explotación sexual o laboral.

En el Metro de la Ciudad de México, los tableros de anuncios cada día están tapizados con fichas del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) de la Ciudad de México, una oficina de la procuraduría capitalina, que emite fichas sobre personas que desaparecen y que rara vez investiga los casos, ya que los ministerios públicos siempre argumentan que las adolescentes seguramente escaparon con sus novios o que los menores huyeron del hogar por maltrato.

Las centrales de autobuses de la Ciudad de México, de Morelia, de Ciudad Juárez, de Tuxtla Gutiérrez o de Tijuana o de Reynosa, sólo por mencionar algunas ciudades de la geografía de las desapariciones de menores, son la vitrina de cientos de volantes que tienen foto, nombre, apellido, señas particulares, vestimenta y lugar donde fueron vistos por última vez.

El pasado 30 de agosto diversas organizaciones presentaron una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI), relativa a los obstáculos que enfrentan niñas, niños y adolescentes víctimas de desapariciones en México, así como el impacto que tiene en este sector la desaparición de un familiar adulto.

La denuncia se presentó ante la abrumadora realidad de la niñez y adolescencia desaparecidas en México: de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, oficialmente se reportaban 3,217 niñas y 2,235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos, cifra que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México registrados.

Desde que en 2006 comenzó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la práctica de desaparición forzada de personas resurgió con fuerza en México y, como se ha señalado, ha alcanzado una dimensión generalizada.  Esta “guerra” orquestada por el ex presidente Calderón, le asignó un papel central en materia de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, lo cual desató en el país más violencia, violaciones a los derechos humanos e impunidad, señalan las organizaciones en su denuncia ante la ONU.

El periodo en el que han desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años. Cerca del 70% de niñas, niños y adolescentes desaparecidos fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Del total de personas desaparecidas al 31 de marzo de 2017 (30,991), 64 pertenecen a una etnia, 301 son extranjeras de las cuales se desconoce la edad de 35 y 41 son niñas, niños o adolescentes, señalan Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C., el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Red por los Derechos de la Infancia en México y TRIAL International.

A pesar del elevado número de personas desaparecidas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su verdadera magnitud por el Estado mexicano. Hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección.

Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Más aún, existe un alarmante subregistro de casos de desapariciones y el RNPED sigue siendo inexacto al incluir leyendas como “no disponible” en lo que se refiere a la edad o nacionalidad de las personas desaparecidas.

Las autoridades competentes proporcionan información contradictoria o incompleta y la imposibilidad de determinar el universo de personas desaparecidas obstaculiza de manera significativa toda acción de búsqueda que se llegue a emprender, impide que las víctimas obtengan medidas de reparación adecuadas y, que se haga justicia.

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La ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces en México hace que sea imposible descartar la participación, directa o indirecta de agentes del Estado en la desaparición de personas, lo cual viola e impide lleven a cabo su obligación de prevenir e investigar efectivamente un supuesto caso, lo que hace imposible descartar una desaparición forzada potencial, más aún, en un país donde hay varias evidencias de la complicidad de agentes del Estado con las organizaciones criminales.

El Estado mexicano tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; familiares de víctimas y/o migrantes víctimas de desaparición en todo el país, y con un énfasis particular en la situación de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la migración.

El objetivo de la denuncia general es describir los obstáculos que enfrentan a diario por miles de niñas, niños y adolescentes, especialmente las niñas, y sus familias y la respuesta errónea proporcionada por el Estado, además de analizar las medidas adoptadas por el Estado en cuanto a la prevención, búsqueda, investigación, persecución y sanción de los responsables, así como la reparación y asistencia, para evaluar si pueden considerarse compatibles con las normas internacionales aplicables.

Actualmente México carece de cualquier política pública diseñada para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición que se pueden considerar como eficaz. En particular, los dos programas existentes de alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (es decir, la Alerta Amber y el Protocolo Alba) rara vez se aplican y el procedimiento para activarlos es demasiado complicado y/o burocrático.

Agregan que la versión integral de la denuncia general proporciona una lista completa de las conclusiones y recomendaciones concretas, relativas a brindar atención adecuada a las víctimas; garantizar la verdad, justicia y reparación a que tienen derecho; y adoptar medidas especiales que por su calidad de migrantes, niñas, niños y adolescentes o cualquier otra.

Adicionalmente, se ha solicitado al GTDFI que inicie un diálogo constructivo con el Estado mexicano, ponga en conocimiento esta denuncia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y recomiende el establecimiento de un mecanismo internacional que garantice la justicia que las víctimas necesitan.

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agch