Mientras se proyecta el país ideal, la violencia continúa rampante

Mientras el equipo del presidente electo López Obrador proyecta el país ideal y plantea decisiones que aún carecen de legalidad por no ser estar en el período constitucional del ejercicio del cargo, los posibles diálogos de pacificación y ofrecer amnistía, la violencia asciende a niveles inauditos. Lugares turísticos y de negocios se han convertido en zonas de guerra y terror donde los habitantes toman las armas para repeler a grupos criminales.

La última edición de “Encuestas sobre Conflictos Armados 2017” del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres (IISS) puso a México en el segundo lugar mundial en la incidencia de homicidios violentos por debajo de Siria y sobre Irak, naciones en conflicto armado activo. En el año 2016 hubo 26 mil decesos ligados a circunstancias de hiperviolencia como si el país afrontara un estado de guerra. De 2015 a 2016, los homicidios dolosos se incrementaron en un 22.8 por ciento siendo 2017 el de una escalada preocupante: más de 29 mil homicidios dolosos. Octubre pasado, ya en los inicios del proceso electoral, fue el mes más violento según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El año electoral pareció exacerbar los ánimos y no hubo cese de la violencia que asciende desde el 2016 según los datos aportados anteriormente. 2018 se proyecta como el año más violento de la historia moderna del país. El SESNSP afirma que se cometieron 88 homicidios dolosos diarios durante el primer semestre. Destacan 402 mujeres asesinadas encendiendo las alarmas de organismos internacionales sobre feminicidios. Cerca de 16 mil personas han sido asesinadas en lo que va del año, los homicidios cometidos contra políticos y candidatos, más de cien, durante el tiempo de campañas, dieron la nota roja a los comicios.

Pero gobiernos van y gobiernos vienen y despliegues espectaculares de las fuerzas armadas y policiales se efectúan en entidades conflictivas. Aunque la presencia de marinos y soldados da confianza en algunas regiones, en otras se atribuye la interminable violencia por la colusión con los grupos delincuenciales como sucede en la tierra caliente de Guerrero donde la industria y negocios salen corriendo ante la falta de garantías. En Acapulco, la empresa Bimbo cerró temporalmente nueve rutas de distribución y la mejor respuesta de las autoridades es el ofrecimiento de pírricos estímulos fiscales a las empresas afectadas por la violencia. La nota ordinaria son los tiroteos que la población soporta diariamente, delincuentes y policías se enfrentan mientras las fiscalías y órganos de procuración de justicia están rebasados, lo más viable es el carpetazo de los asuntos.

Al sur de Ciudad de México, en el turístico Estado de Morelos, la situación es preocupante. En el sexenio de Graco Ramírez (2012-2018), salpicado de corrupción y sospecha, grupos criminales han hecho de la entidad un codiciado botín por ser el paso entre las regiones productoras de drogas del Estado de Guerrero y las principales zonas urbanas del país como consumidoras. Los habitantes de Cuautla cierran carreteras exigiendo elemental seguridad. La eficacia del Mando Único estatal deriva al fracaso y se prevé la instauración de una policía de proximidad o lo que es lo mismo, el regreso de las policías municipales; por lo pronto, el pueblo presiona para organizarse en autodefensas lo que podría generar eventuales choques y penetración de la delincuencia para hacer narcojusticia por propia mano.

Otras regiones viven lo mismo, los asesinatos son ordinarios. Michoacán y Tamaulipas, Quintana Roo o la misma Ciudad de México no ven tregua mientras las noticias se concentran en los arreglos, dimes y diretes, del nuevo gobierno que quiere abarcar mucho en pocas semanas.

La victoria de Morena y AMLO en las urnas tienen causas bien definidas. Entre ellas, la garantía de que la pacificación del país y el descenso de la violencia será de las primeras acciones desde el 1 de septiembre cuando la mayoría parlamentaria realice los cambios legislativos para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Seguridad Pública. En tanto, los foros de pacificación someterán al escrutinio público las eventuales soluciones para lograr uno de los cometidos principales de la izquierda sui generis que arrasó el 1 de julio en las urnas. Sin embargo, las evidencias no requieren demostración, ni mucho menos foros. La reforma estructural del sistema penal y de justicia es inaplazable; la revisión del sistema penitenciario no puede aguardar más, la profesionalización de las corporaciones policiales es urgente y es necesario imprimir una “mística” en las labores del ministerio público y de las policías de investigación. En esencia es revolver esas aguas en donde se asienta la corrupción del statuo quo que hace de esa podredumbre un lucrativo negocio del cual, los ciudadanos ordinarios, ni siquiera imaginamos en sus multimillonarias consecuencias.

Realizar consultas no es nuevo y parece que es siempre el tono cantante cuando hay alternancia. Durante los foros para la reforma del Estado en la presidencia de Fox se venía explorando este reclamo ciudadano de seguridad física y jurídica. Algunos de los artífices de ese entonces hoy colaboran con AMLO en la pretendida cuarta transformación. Desde esa época (2003-2005) se buscaban las mejores soluciones para que “prevaleciera el imperio de la ley y se dominara la problemática de inseguridad pública y el crecimiento del crimen organizado”. A más de una década, la situación ha empeorado.

Guillermo Gazanini Espinoza
@blogSursumCorda