México
Defensa de los derechos fundamentales y división de poderes son imperativos en un proceso de paz
Ciudad de México.— Expertos en materia judicial coinciden en que la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la democracia son esenciales para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
En un contexto de incertidumbre global, es indispensable fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la división de poderes y promover un constitucionalismo que se adapte a las nuevas realidades sin perder de vista los principios que sustentan la dignidad humana.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que la defensa de los derechos fundamentales y el respeto a la división de poderes son elementos clave para garantizar la paz y el desarrollo.
Lomelí Vanegas subrayó la importancia de contar con democracias inclusivas y resilientes, ante los desafíos que enfrentan muchas regiones del mundo, donde fenómenos políticos amenazan con debilitar las instituciones democráticas.
En este contexto, las universidades y los centros de investigación jurídica juegan un papel determinante, ya que son espacios donde convergen ideas y pensamientos críticos, indispensables para encontrar soluciones a los problemas más complejos de la actualidad.
“Hoy, el Derecho Constitucional enfrenta el reto de adaptarse a nuevas realidades sociales, políticas y culturales. La globalización, las crisis económicas, la emergencia climática, la brecha de género y el avance tecnológico han puesto a prueba nuestras normatividades. No obstante, es crucial modernizarlas sin renunciar a los principios fundamentales del Estado de derecho”, enfatizó el rector de la máxima casa de estudios.
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Constitucionalismo en riesgo
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, advirtió sobre los riesgos que enfrenta la democracia constitucional tanto en México como en el mundo.
Piña Hernández, dijo que la existencia de una Constitución no garantiza por sí sola que un Estado sea constitucional, ya que este sistema requiere la preservación de elementos como el respeto a la democracia, el Estado de derecho, la división de poderes y la independencia judicial.
La ministra destacó que, en las últimas semanas, diversos pronunciamientos han puesto en el centro del debate la reforma judicial en México. Estos han subrayado la necesidad de un análisis profundo sobre los impactos que dicha reforma podría tener en el futuro del país. En su opinión, el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón que amenazan su estabilidad.
Desafíos para la democracia
Por su parte, Mónica González Contró, directora del IIJ de la UNAM, lamentó que la ciudadanía mexicana muestre un creciente desapego hacia la democracia. Diversas encuestas reflejan un aumento en el apoyo a medidas autoritarias, lo cual se debe, en gran parte, a la incapacidad del sistema actual para garantizar seguridad y reducir significativamente las desigualdades. Esto, señaló, ha dificultado la creación de un verdadero Estado de bienestar.
González Contró hizo un llamado a reformar el sistema político para lograr una ciudadanía más incluyente, que comprenda sus derechos políticos más allá del ámbito electoral. Para ella, es fundamental garantizar un sistema democrático robusto que responda a las necesidades y preocupaciones de toda la población.
Posdemocracia y posconstitucionalismo: amenazas emergentes
Diego Valadés Ríos, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional e investigador emérito de la UNAM, alertó sobre los riesgos que enfrentan las instituciones en el contexto actual. En muchas naciones, las instituciones están siendo sometidas a un estrés constante debido al acoso de fenómenos como la posverdad, la posdemocracia y el posconstitucionalismo.
Valadés dijo que la posdemocracia implica el uso de las instituciones democráticas para concentrar poder, en lugar de promover la libertad, la igualdad y el pluralismo. Mientras tanto, el posconstitucionalismo se refiere a un sistema que, aunque mantiene las apariencias formales de un Estado constitucional, en realidad esconde prácticas contrarias a los principios que deberían regirlo.
“El Estado constitucional es un sistema de equilibrios, donde las reglas están diseñadas para armonizar las fuerzas en juego. La pérdida de estos equilibrios puede generar tensiones que lleven a la ingobernabilidad”, advirtió Valadés, quien remarcó que la construcción de una agenda de trabajo para proteger y fortalecer el Estado de derecho es más urgente que nunca.
ebv