México
Grupos vulnerables en México, ¿Los olvidados en el sistema educativo?
Ciudad de México.— En pro de los menores con alguna discapacidad, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Elizabeth Martínez Álvarez, presentó una iniciativa que busca reformar el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La propuesta tiene como objetivo asegurar el pleno respeto al derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, con acciones concretas para eliminar la discriminación y promover su inclusión efectiva en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.
De acuerdo con la panista, las autoridades de los tres órdenes de gobierno serán responsables de garantizar que las instituciones educativas cuenten con accesibilidad adecuada, recursos tecnológicos avanzados, apoyos didácticos necesarios y personal docente capacitado. Además, se plantea un fortalecimiento de la oferta en áreas deportivas y culturales, clave para el desarrollo integral de este grupo poblacional.
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La iniciativa, ya turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis, establece que el Estado mexicano deberá proteger a quienes presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, temporal o permanente. Según el planteamiento, estas barreras sociales no deben impedir su participación plena en igualdad de condiciones con sus compañeros.
En su argumentación, Martínez Álvarez destacó que la educación no solo es un derecho fundamental, sino también un pilar para alcanzar el desarrollo de una sociedad más equitativa. Sin embargo, reconoció que en México persisten retos importantes, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad.
La propuesta también incluye medidas para sensibilizar a la sociedad y fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad, con acciones que combatan prejuicios y estereotipos que perpetúan la exclusión. Entre las estrategias contempladas se encuentran la celebración de convenios y acuerdos entre las autoridades educativas para fortalecer estas garantías y promover la participación de este sector en actividades recreativas y culturales.
Martínez Álvarez enfatizó que, si bien la Constitución establece el derecho universal a la educación, los marcos legales vigentes no abordan con suficiente profundidad los obstáculos que enfrentan los menores con discapacidad. Con esta reforma, se busca asegurar condiciones de igualdad y un acceso efectivo a la educación inclusiva, alineándose con los principios de no discriminación y respeto a los derechos humanos.
ebv