Ciudad de México.— El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI) acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de negarse a transparentar información sobre el caso del asesinato del entonces candidato priista Luis Donaldo Colosio.
El organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra se negó a cumplir con dos resoluciones del pleno del INAI, que le ordenaron entregar una versión pública sobre “elementos de prueba” relativos a presuntos actos de tortura perpetrados contra Mario Aburto Martínez, acusado como autor material del asesinato de Colosio.
La víspera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que iniciará una batalla legal contra el INAI con el fin de no difundir información sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Acusó que el INAI pretende poner en riesgo un caso que no está resuelto y podría afectar los intereses de Mario Aburto, víctima de tortura y quien confesó el homicidio.
El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, en representación del Pleno del INAI, hizo un posicionamiento sobre los señalamientos de la CNDH, en el que dejó claro que las resoluciones del órgano garante nacional son vinculantes, definitivas e inatacables.
“Mientras que la CNDH y sus similares locales emiten recomendaciones, basadas en el estudio de un fundamento jurídico que debiera ser inexcusable o incontestable por su contundencia jurídica, el INAI y sus similares locales emitimos resoluciones vinculantes e inatacables a todos los sujetos obligados de los tres poderes federales y también a los órganos constitucionales autónomos”, expuso.
Acuña Llamas indicó que, en las dos resoluciones, el Pleno, conforme a sus potestades señaladas en el artículo 6º de la Constitución, le ordena a la CNDH entregar versión pública de documentos relacionados con un caso que reviste una notoriedad internacional.
“El caso del trágico asesinato de Luis Donaldo Colosio arrastra una investigación plagada de errores y de toda suerte de circunstancias que, en el tiempo, hace que todavía a estas fechas no esté claramente esclarecido. Ni la CNDH ni el INAI somos ministerios públicos ni fiscalías, pero en el ámbito de nuestras correspondientes responsabilidades, al INAI le toca, en un caso de esta naturaleza, ordenar una versión pública suficiente para que quien haya solicitado la información relacionada con una serie de actuaciones y de actas, hasta incluso, de peritajes médicos se pueda conocer más, hasta donde el límite lo permita, para despejar estas dudas que, convertidas en nubarrones han oscurecido la procuración de justicia en este país”, planteó.
El Comisionado del INAI consideró innecesaria la colisión entre dos instituciones garantes de derechos humanos, y lamentó que el pronunciamiento de la CNDH revele desconocimiento, confusión y expresiones desafortunadas de un órgano autónomo constitucional a otro.
“En el paisaje constitucional de una democracia las instituciones dialogan entre sí y existen siempre posibilidades de fricción entre las competencias de una y de otra y, para ello, siempre debe haber, ante todo, un diálogo republicano, una concepción del respeto de una interinstitucionalidad fundada, establecida en el respeto permanente y en las relaciones vigorosas de colaboración conjunta”, expresó.
Acuña Llamas reconoció que, desde 2014, cuando se integró el nuevo Pleno, no se había presentado un incidente similar con la CNDH, ni siquiera en 2015, cuando el INAI ejerció sus competencias para pronunciarse prima facie y exigir a la entonces PGR abrir, en versión pública, la averiguación previa del caso Ayotzinapa, por estar relacionada con violaciones graves a derechos humanos.
“Mis Compañeras y Compañeros esperamos que tengamos pronto un diálogo adecuado, que despejemos dudas de tener resabios de confrontación, y menos aún de rebeldía, porque lo peor del pronunciamiento es que está anunciando una rebeldía para lo que venga respecto de las recomendaciones que este organismo seguirá emitiendo porque es su deber y, especialmente, porque anuncia una batalla legal”, concluyó.
Ciudad de México.— La Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó su preocupación ante la posible aprobación de la reforma constitucional sobre el Poder Judicial en México.
Esta reforma, dijo la Iglesia católica, impulsada por el Ejecutivo y recientemente aprobada por la Cámara de Diputados que está a punto de ser discutida en el Senado de la República, no aborda de manera integral el sistema judicial.
Los obispos recordaron que desde 2022 han promovido diálogos con diversos sectores de la sociedad. Estos encuentros culminaron en la Agenda Nacional por la Paz, la cual fue presentada a los aspirantes a la Presidencia en el pasado proceso electoral.
En dicha agenda, se subraya la urgente necesidad de una reconstrucción integral del sistema de justicia en el país. Este reclamo ha sido constante por parte de las víctimas de la violencia y la impunidad derivada de las limitaciones y corrupción en algunas instancias judiciales.
Sin embargo, los representantes de la Iglesia consideran que la reforma propuesta por el Ejecutivo no aborda de manera integral el sistema judicial, ni garantiza una mejora significativa en la impartición de justicia.
Además, advierten que dicha reforma podría vulnerar la autonomía del Poder Judicial y poner en riesgo la división de poderes establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante esta situación, la Iglesia hace un llamado a escuchar las opiniones de jueces, magistrados, ministros y otros integrantes del Poder Judicial.
También exhortan a que colegios de abogados, estudiantes y profesionistas continúen reflexionando sobre el tema, coincidiendo con organismos internacionales en que la elección de jueces y magistrados podría politizar la justicia en lugar de fortalecerla, y no ofrece garantías contra la corrupción e impunidad que tanto afecta al país.
Finalmente, los obispos instan al Senado a tomar el tiempo necesario para reflexionar y dialogar con todos los sectores de la sociedad, más allá de los intereses partidistas, para avanzar hacia una reforma judicial integral.
Esta debería incluir a las fiscalías, tribunales locales y el respeto a la carrera judicial, aspectos esenciales para garantizar una justicia más equitativa y eficiente en México.
Ciudad de México.— El senador Daniel Barreda, integrante de Movimiento Ciudadano (MC), anunció que votará en contra de la reforma judicial, marcando así su postura tras días de incertidumbre.
Barreda expresó su interés en una reforma, pero insistió en la necesidad de analizarla detenidamente antes de tomar una decisión.
“Soy el más interesado en que exista una reforma judicial. Sin embargo, hay que leerla, entenderla y no simplemente votar a favor o en contra por presiones de grupos”, afirmó. Tras su análisis, concluyó que su voto será en contra la reforma judicial.
El senador de Movimiento Ciudadano @DanielBarredaP reapareció para dar a conocer que votará en contra de la reforma al Poder Judicial; denunció persecución política por parte del gobierno de #Campeche y dijo que teme por su vida pic.twitter.com/AR8yNJLTgA
Por otro lado, Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también confirmó que su bancada votará en bloque contra la reforma.
En conferencia de prensa, acompañado por senadores priistas, Moreno acusó al oficialismo de presionar y amenazar brutalmente a los legisladores de oposición.
Que se escuche fuerte y claro: las y los Senadores del PRI votarán EN CONTRA de la reforma al Poder Judicial.
No permitiremos que se concrete esta venganza contra un poder que ha cumplido con su deber de velar por el cumplimiento de la Constitución.… pic.twitter.com/KtMdwctPu7
“Ofrecieron millones de pesos para que algunos se ausenten o cambien de bando”, señaló el también senador. A pesar de estas presiones, aseguró que el PRI resistirá y defenderá las instituciones del país.
Moreno adelantó que la bancada priista combatirá la reforma por la vía legal, señalando que el proceso legislativo en la Cámara de Diputados estuvo plagado de irregularidades.
Además, comentó que el senador y exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien se recupera de una intervención médica, también votará en contra de la reforma, ya sea personalmente o a través de su suplente.
Ciudad de México.— La minuta relativa a la Reforma Judicial aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados plantea que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.
Entre otros puntos, propone que la remuneración que perciban por sus servicios ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas, jueces y demás personal del Poder Judicial, no pueda ser mayor a la establecida para la persona titular de la presidencia de la República en el presupuesto correspondiente.
Sugiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se componga de nueve integrantes, ministras y ministros, que su presidencia se renueve cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
Además, las ministras y ministros de la SCJN duren en su encargo 12 años, que sólo puedan ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política; además, precisa que ninguna persona que haya sido Ministro pueda ser electa para un nuevo periodo.
La reforma también establece que la administración del Poder Judicial de la Federación esté a cargo de un órgano de administración judicial, y que la disciplina de su personal esté a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.
Incluye, además, una disposición para que en temas relacionados con la delincuencia organizada, el órgano de administración judicial disponga las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley.
También propone que las leyes prevean las cuantías y supuestos en materia tributaria en las cuales tanto los Tribunales Administrativos como las juezas y jueces de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente.
Ciudad de México.— El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México, Mons. Carlos Enrique Samaniego López, fue invitado por el Arzobispo de Tlalnepantla, Mons. José Antonio Fernández, para predicar en la Fiesta de la Virgen de los Remedios.
Esta celebración honra a la patrona de la Arquidiócesis de Tlalnepantla y a la primera imagen de la Virgen María que llegó a América.
La imagen de la Virgen de los Remedios fue traída por el soldado español Juan Rodríguez de Villafuerte durante el primer viaje de Hernán Cortés.
En la “Noche Triste”, el soldado la escondió junto a un maguey. Años después, fue descubierta por Juan Ce Cuahutli, quien la presentó ante las autoridades eclesiásticas.
A partir de ese momento, se erigió un templo en su honor, que con el tiempo se convirtió en Santuario y, más tarde, en Basílica Menor.
Este lugar es conocido como la Casa de la Virgen, donde la devoción a la Virgen de los Remedios sigue viva, pues se le considera protectora y remedio de quienes buscan su intercesión maternal.
París 2024hace 3 días
