Ciudad de México.— El senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda Pavón, reapareció en Campeche tras una serie de especulaciones sobre su paradero, que iban desde su detención hasta su posible secuestro y desaparición. Incluso se llegó a afirmar que se encontraba en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, el senador explicó los motivos de su ausencia en la discusión y votación de la Reforma Judicial.

Barreda subrayó su firmeza en sus convicciones y sostuvo que el sentido de que su voto hubiera sido en contra, “aunque al día de hoy sabemos que no hubiera hecho ninguna diferencia”.

El senador reveló que viajó a Campeche para atender una situación familiar urgente, relacionada con la detención de su padre.

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“Ayer será un día que recordaré toda mi vida”, expresó. Aclaró que tuvo que tomar una difícil decisión entre atender un compromiso profesional o priorizar a su familia.

“Afortunada o desafortunadamente, me educaron para decidir que primero es la familia”, manifestó.

En la madrugada, Barreda fue informado de que su padre había sido llevado a una comparecencia judicial de urgencia, lo que afectó gravemente la salud de su madre.

Ante la situación, decidió viajar de inmediato a Campeche, con la intención de regresar lo antes posible a sus responsabilidades como senador. No obstante, al llegar, se enteró de que su colega y coordinador de bancada, el diputado Paul Arce, también tuvo que comparecer en la misma diligencia.

El senador informó que permaneció en la Sala de Juicios Orales durante toda la jornada, ya que la audiencia se prolongó hasta pasadas las 10 de la noche.

En ese sentido, desmintió los rumores sobre supuestas negociaciones con el Partido Verde, asegurando: “Mi partido es Movimiento Ciudadano y aquí me siento muy cómodo”.

Barreda aprovechó para agradecer el apoyo de su partido y amigos. “Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, los valoro mucho y los llevo en mi corazón”, comentó.

Además, mencionó en particular al Coordinador Nacional Dante Delgado, al Coordinador del Senado Clemente Castañeda, y a los senadores Luis Donaldo Colosio, Amalia García y Alejandra Barrales, por estar pendientes de la situación.

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Ciudad de México.— El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que está listo para organizar la primera elección de jueces y magistrados en México, tras la aprobación en el Senado de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, su implementación dependerá de los tiempos establecidos por la reforma constitucional, la cual debe ser aprobada en al menos 17 congresos estatales, donde actualmente se está debatiendo.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, en entrevista destacó que, aunque el instituto ya está tomando medidas para preparar la elección, aún se deben seguir ciertos pasos. El más importante es la validación de la reforma a nivel estatal, una vez que esto ocurra, el INE avanzará con la organización formal.

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Entre los preparativos adelantados por el INE, se encuentra la discusión del presupuesto necesario para llevar a cabo la elección, la cual está proyectada para el año 2025, durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

Según Taddei, el presupuesto incluirá el costo de instalación de miles de casillas y la impresión de boletas, además de un plan de comunicación dirigido a la ciudadanía para explicar el nuevo proceso electoral.

El reto principal será informar al electorado sobre el funcionamiento de estas “inéditas” elecciones judiciales, donde los ciudadanos tendrán la responsabilidad de elegir a miembros del Poder Judicial.

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Ciudad de México.- Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación confirmaron que el paro de labores no será levantado, luego de que el Senado de la República aprobara la reforma judicial la noche del martes.

La reforma, que contempla la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular, ha generado gran controversia en el sector.

En un comunicado frente al Senado, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, anunció que recurrirán a organismos internacionales para frenar la implementación de la reforma.

“Es momento de resistir y usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender la independencia judicial”, expresó.

Además, destacó que la lucha va más allá de los intereses personales, buscando preservar un sistema de justicia sólido para las futuras generaciones.

Asimismo, Fuentes Velázquez mencionó que presentarán quejas ante instancias como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“No nos quedaremos en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial”, reiteró.

El Senado aprobó la reforma con 86 votos a favor y 41 en contra, logrando los dos tercios necesarios para realizar cambios constitucionales.

Sin embargo, la sesión se vio interrumpida por protestas de jueces, estudiantes de Derecho y trabajadores del Poder Judicial, quienes lograron irrumpir en el Pleno, lo que llevó a los legisladores a trasladarse a la antigua Casona de Xicoténcatl para continuar la votación.

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Las tensiones aumentaron cuando manifestantes denunciaron el uso de gas por parte de la policía capitalina para dispersarlos.

Además, surgieron acusaciones de presiones y negociaciones detrás de la aprobación de la reforma, particularmente sobre un presunto acuerdo entre el senador Miguel Ángel Yunes Márquez (PAN) y Morena a cambio de protección judicial.

El panorama para el Poder Judicial es incierto, con un paro indefinido y una creciente confrontación con el Ejecutivo y el Legislativo.

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Ciudad de México.— El Colectivo de Mujeres Libres y Soberanas expresó su rechazo a la reciente reforma al Poder Judicial en México, al considerar que las modificaciones comprometen la imparcialidad y autonomía.

Voceras del colectivo, aunque reconocen que el Poder Judicial enfrenta problemas y deficiencias graves, la solución no pasa por la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Alison González, vocera del grupo, destacó que “la deuda de justicia hacia las mujeres mexicanas recaerá ahora en un ‘nuevo’ poder judicial, impuesto por el partido en el poder”.

En este contexto, cuestionó cómo se garantizará la justicia para las mujeres y sus hijos, y si las violaciones, desapariciones y asesinatos podrán resolverse bajo esta nueva estructura judicial.

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Por su parte, Pilar Vázquez Calva subrayó que los derechos humanos de mujeres y niños no pueden quedar en manos de un poder judicial contaminado por influencias políticas.

Según Vázquez, “para proteger estos derechos, se necesitan personas capacitadas y con experiencia, atributos que no se logran con una elección popular”.

Angélica Pérez del Valle advirtió sobre las implicaciones de la reforma en los casos de mujeres desaparecidas, violadas y asesinadas.

Señaló que, con jueces menos capacitados y serviles a intereses políticos, las mujeres y niñas se encuentran aún más vulnerables en el contexto de crisis institucional que atraviesa México.

Paulina Mendoza, otra de las voceras, expresó su indignación ante lo que considera un panorama de chantajes y negociaciones políticas que priorizan intereses personales sobre las necesidades sociales del país.

Denunció que algunos legisladores señalados por delitos graves ahora tienen la responsabilidad de representar a la sociedad.

El colectivo finalizó con un llamado a las mujeres de México a continuar luchando por una justicia real y a estar informadas sobre las repercusiones de esta reforma, en medio de lo que consideran un distanciamiento creciente del gobierno hacia las causas sociales más urgentes del país.

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