Ciudad de México.- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, abrió tres nuevas consultas relacionadas con la controversia constitucional presentada por magistrados y jueces, quienes buscan suspender la aplicación de la reforma judicial promulgada el pasado 15 de septiembre.

Estas nuevas consultas se suman a la que la ministra Piña había abierto dos días antes.

La cual fue turnada de urgencia al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para su análisis.

Con esto, ya son siete las consultas que se han presentado ante la SCJN en contra de esta reforma, la cual ha generado un fuerte debate dentro del Poder Judicial.

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La reforma judicial, impulsada como parte del plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir la estructura del Poder Judicial.

Reforma que ha sido ampliamente criticada por jueces y magistrados.

Mismos que argumentan que afecta su independencia y autonomía.

En respuesta, varios miembros del Poder Judicial han recurrido a controversias constitucionales para frenar su implementación.

Hasta el momento, la Suprema Corte no ha emitido una resolución definitiva sobre la procedencia de estas impugnaciones, pero se espera que los ministros analicen a fondo los argumentos presentados por los magistrados y jueces en las próximas semanas.

Se espera que la SCJN juegue un papel clave en este proceso, al determinar si la reforma cumple con los preceptos constitucionales o si vulnera los derechos de los jueces y magistrados.

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Puebla.— El Cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, se encuentra en México con el objetivo de fomentar el diálogo ante los retos contemporáneos en los ámbitos educativos y culturales.

Durante su visita a Puebla, el cardenal celebró una Misa en la Capilla Universitaria de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), donde expresó su gratitud por la cálida recepción en el país, y destacó que “la universidad es un laboratorio de futuro y esperanza”.

En su homilía, el Cardenal Tolentino subrayó la importancia del compromiso de la Iglesia con el acompañamiento y la promoción de la dignidad de las mujeres, ya que que ambas acciones deben ir de la mano.

Su mensaje incluyó un llamado a valorar y promover la participación activa de las mujeres tanto en la vida de la Iglesia como en la sociedad, una tarea que debe comenzar en las escuelas y universidades católicas, consideradas espacios para poner en práctica este enfoque.

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Tolentino enfatizó que el papel y los derechos de las mujeres deben ser reconocidos, empezando por las instituciones educativas y culturales de las que todos formamos parte. Resaltó que es fundamental recordar la importancia del servicio desinteresado que realizan las mujeres en estas esferas.

En línea con el Pacto Educativo Global, específicamente su tercer principio, el cardenal insistió en la necesidad de promover la participación plena de niñas y jóvenes en la educación, asegurando que este esfuerzo debe ser una prioridad.

Además, reconoció que las mujeres, a lo largo de la historia, han enfrentado críticas y rechazos, pero han perseverado en medio de circunstancias adversas.

Tolentino hizo énfasis en el ejemplo de seguimiento femenino que Jesús promovió, rompiendo estereotipos de su época, y subrayó el compromiso de las mujeres como discípulas ejemplares que acompañaron y sostuvieron la misión de Cristo.

Finalmente, el cardenal Tolentino exhortó a la sociedad a unirse para luchar por el reconocimiento del valor y la dignidad de las mujeres en todas las culturas, instando a poner fin a la discriminación que aún sufren en muchas partes del mundo.

Recordó las palabras del Papa Francisco, quien destacó la necesidad de que la voz de las mujeres no solo sea escuchada, sino que también tenga un peso real y una autoridad reconocida tanto en la sociedad como en la Iglesia.

“No hemos comprendido del todo lo que ellas pueden aportar a la sociedad y a nosotros mismos”, concluyó el Cardenal Tolentino.

Cabe destacar que la visita del Crdenal Tolentino a nuestro país se extiende hasta el 28 de septiembre e incluye importantes eventos en Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para promover el “Pacto Educativo Global, una respuesta a la Crisis Cultural, Antropológica y Ética en este Cambio de Época”.

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Ciudad de México.— La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel Lorenzana, presentó una propuesta de ley para la creación del Instituto para la Protección de la Familia, en respuesta a lo que considera una amenaza contra la institución familiar por parte de sectores de la izquierda.

Rangel Lorenzana señaló que la familia es “la piedra angular sobre la cual se construye y se sostiene nuestra civilización” y denunció que la izquierda progresista busca desmantelar esta estructura.

De acuerdo con la legisladora panista, el objetivo de la izquierda es sustituir a la familia por lo que llamó “papá Estado”, lo cual, afirmó, implica un ataque directo a las libertades individuales.

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“Con el aborto te enseñan a matar a tus hijos, con la eutanasia te enseñan a matar a tus padres, y con el feminismo radical te enseñan a odiar a tu padre y hermanos”, advirtió la diputada panista.

Estas corrientes ideológicas, dijo, buscan desintegrar el concepto de familia tradicional, atacar el matrimonio y promover la idea de que el éxito de las mujeres depende de no tener hijos.

Además, Rangel acusó que la izquierda intenta socavar el derecho de los padres a educar a sus hijos, asignando al gobierno un rol dominante en la provisión de recursos y asistencia, lo cual, desde su perspectiva, busca generar dependencia del Estado.

“El objetivo de la izquierda es precisamente sustituir a la familia por ‘papá Estado’, para que sea este quien nos dé todo y así puedan controlarnos en su totalidad”, enfatizó. Según la diputada, esta tendencia busca construir un Estado totalitario que anule al individuo y suprima las libertades.

Frente a esta situación, Rangel Lorenzana argumentó que la creación del Instituto para la Protección de la Familia es esencial para asegurar que las políticas públicas estén diseñadas desde una perspectiva que promueva entornos familiares seguros y estables.

Su objetivo, explicó, es garantizar que las futuras generaciones crezcan con valores de amor, unidad y responsabilidad, lo que considera crucial para enfrentar el mundo con libertad.

“Desarrollar políticas públicas que defiendan a la familia no es cuestión de ideología, es una inversión en nuestro futuro como sociedad”, concluyó América Rangel.

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Ciudad de México.- El impacto del delito también implica un incremento económico para las víctimas que pueden ser despojadas de artículos como celulares, automóviles y hasta pertenencias de su hogar, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía Informática (INEGI).

De acuerdo con el organismo durante el 2023 ocurrieron 31.3 millones de delitos y se contabilizaron, muy por encima de los 26.8 millones del 2022.

El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares aumentó 8.3 por ciento anual a un total de 282 mil millones de pesos, desde los 260 mil 500 millones de pesos del 2022.

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Esto de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024.

Dicho monto de 282 mil millones de pesos del costo del delito ha sido el más elevado desde el 2018, cuando fue de 285 mil 600 millones de pesos, con cifras deflactadas cuyo año base fue el 2018.

“Esta cifra (2023) es 4.1 veces el presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública en los estados”, dijo en conferencia el director general de estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia del INEGI, Dwight Dyer.

A nivel nacional, el costo del delito en promedio por persona afectada fue de 6 mil 853 pesos; en Jalisco fue la más alta por 9 mil 325 pesos y la más baja fue en Chiapas por 4 mil 236 pesos.

Además, el costo total del delito del año pasado representó el 1.15 por ciento del PIB, desde el 1.08 por ciento del 2022, indicó el INEGI.

El costo total del delito contempla las medidas preventivas cuyo gasto estimado para los hogares fue de 91 mil 700 millones de pesos y las pérdidas por victimización representaron los 190 mil 300 millones de pesos restantes.

ARH