Ciudad de México.— A fin de sancionar la práctica delictiva conocida como “montachoques”, la diputada Laura Imelda Pérez Segura propuso una iniciativa que reforma el Código Penal Federal.

La propuesta que adiciona un párrafo tercero y un párrafo cuarto al artículo 390 del Código Penal Federal, en materia del delito de extorsión ejercida por los denominados “montachoques”, tiene por objeto que dicho delito quede debidamente tipificado.

La legisladora por Jalisco explicó que esta práctica es ejercida por grupos delictivos que provocan una colisión o percance vehicular con la finalidad de que, bajo persuasión, amenazas o agresión física, se convenza a la víctima de ser el responsable del percance y entregue cierta cantidad de dinero para así evitar ser agredidos.

Al respecto, refirió que en los últimos meses esta práctica del delito de extorsión, que principalmente se presentaba en la Ciudad de México, lejos de disminuir, se ha incrementado exponencialmente, y actualmente ya es una conducta habitual en diferentes ciudades y estados del país.

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Refirió que los grupos delictivos han actualizado sus métodos de operación, pues identifican a sus posibles víctimas consultando las placas en el Registro Público Vehicular (Repuve) y comparar el resultado con el registro de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), a fin de verificar si un automóvil tiene seguro vehicular o no y así escoger a su próxima víctima.

Sin embargo, expuso, en caso de no contar con seguro, el conductor se hace más propenso a la extorsión.

Pérez Segura argumentó que los testimonios y denuncias tienen presencia en todo el país, “y ha sido gracias a las redes sociales y medios informativos que se han conocido más situaciones de este tipo, las cuales demuestran que este problema no ha disminuido”.

Manifestó que en muchas ocasiones las víctimas no presentan denuncias, ya sea en el delito de extorsión o tentativa de extorsión, “esto porque el delito no está debidamente tipificado, lo que tiene como consecuencia que no haya cifras exactas en la incidencia de este acto criminal”.

En ese tenor, expuso que diputados de anteriores legislaturas, ya habían realizado propuestas para dar solución a esta actividad delictiva, “que daña la seguridad vial y pone en peligro la integridad física de la población, no cesa y se debe atender de inmediato”.

“La falta de información certera derivada de una inexistente tipificación del delito, tiene como consecuencia la falta de denuncias por parte de la población, que a su vez causa que los criminales no sean penalizados debidamente; lo que deja en evidencia la necesidad de legislar al respecto”, mencionó.

Por ello, la iniciativa propone imponer una pena de dos a cinco años de prisión y de trescientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien de manera premeditada ocasione un siniestro vial, con la finalidad de obtener un lucro, simulando ser víctima.

Señala que las penas aumentarán al doble, cuando en la realización del acto, se utilicen previamente mecanismos electrónicos o de cualquier otro tipo para investigar a la víctima, así como la utilización de amenazas de intimidación o conductas violentas, que faciliten realizar la extorsión de forma directa.

O en su caso, impidan que aquellas personas que cuenten con seguro vehicular puedan realizar el reporte o comunicarse con las autoridades.

ebv