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Profepa debe entregar información sobre inspecciones tras denuncias por tala ilegal en Chihuahua Profepa debe entregar información sobre inspecciones tras denuncias por tala ilegal en Chihuahua

México

Profepa debe entregar información sobre inspecciones tras denuncias por tala ilegal en Chihuahua

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Ciudad de México.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debe buscar con criterio amplio y entregar la documentación sobre las inspecciones efectuadas por denuncias en materia de tala ilegal en el estado de Chihuahua, del periodo de enero del año 2000 a abril del año 2022.

Así lo determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El Comisionado Adrián Alcalá Méndez señaló que la tala ilegal acelera la desaparición de la masa forestal, ocasiona un sinnúmero de problemas ambientales y vulnera la biodiversidad en las diferentes zonas, generando con ello una preocupante degradación del suelo y provocando, además, un desequilibrio climático.

Destacó que la tala ilegal en Chihuahua no solo representa un problema medioambiental sino que, de acuerdo con diversas investigaciones, ya es un problema social.

Una persona solicitó a la Profepa la documentación que forma parte de las inspecciones efectuadas por denuncias en materia de tala ilegal para el estado de Chihuahua, del periodo de enero del año 2000 a abril del año 2022; principalmente, los documentos redactados, relacionados con visitas de campo e inspección, las memorias fotográficas de cada visita, los anexos cartográficos y electrónicos vectoriales en diferentes formatos, la ubicación geográfica, el nombre del predio, el tipo de tenencia de la tierra, la fecha de visita de cada sitio, el tipo de modalidad de queja previa a la inspección, municipio, fecha de resolución, monto en pesos de cada multa, folio de identificación y superficie.

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En respuesta, el sujeto obligado manifestó, a través de la delegación de la Profepa en Chihuahua, que después de una búsqueda exhaustiva encontró un archivo en formato Excel con los únicos datos con los que contaba y los cuales se encontraban relacionados con las visitas de inspección que se originaron de la presentación de la denuncia popular; asimismo, manifestó la inexistencia de los diversos rubros solicitados, es decir, no encontró más información.

Inconforme con la respuesta de la Profepa con información incompleta y la inexistencia respecto de los puntos relacionados con los documentos redactados con las visitas de campo, los avisos cartográficos y los archivos electrónicos vectoriales, el solicitante presentó recurso de revisión ante el INAI.

En alegatos, la Profepa ratificó y defendió la legalidad de su primera respuesta.

De un análisis realizado por la ponencia, a cargo del Comisionado Adrián Alcalá Méndez, se determinó que “la Profepa no siguió el procedimiento de búsqueda exhaustiva, ya que fue omisa en turnar la solicitud de información a la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta, misma que es la encargada de apoyar a las unidades administrativas competentes de la Procuraduría en la realización de inspecciones, así como cualquier otra actividad procesal dirigida al esclarecimiento y acreditación de violaciones a la normativa ambiental”, apuntó.

Señaló que se llegó a la conclusión de “que las manifestaciones que expuso la Profepa no pueden considerarse como válidas y la respuesta proporcionada, en sí misma resulta incompleta, además de que no se tiene certeza de que la búsqueda se haya realizado con ese criterio amplio. En el mismo sentido, no puede validarse la inexistencia aludida por el sujeto obligado, pues no se cumplió a cabalidad con el procedimiento de búsqueda exhaustivo”, aseveró.

Alcalá Méndez precisó que la información solicitada, además de ejercer el derecho de acceso a la información, resulta de vital importancia pues este problema ha causado también el desplazamiento masivo de comunidades indígenas, ya que los bosques de pino en la sierra tarahumara se volvieron uno de los botines del crimen organizado, con mayor incidencia a partir del año 2017 y, para aprovechar este negocio, carteles y caciques se han disputado el territorio con la población indígena.

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CDMX

Gobiernos de izquierda utilizan tarifas como herramienta política: trasportistas

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Gobiernos de izquierda utilizan tarifas como herramienta política: trasportistas
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Ciudad de México.— Transportistas solicitaron al Congreso de la Ciudad de México incluyan un bono de combustible dentro de una partida presupuestal, que compense los dos pesos que le faltan a su petición de incremento a la tarifa, para evitar caer en la quiebra técnica e inmovilizar a la capital.

Tras una rueda de prensa frente al Congreso, fueron informados que el diputado Jorge Gaviño Ambriz, presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, se comprometió a generar una reunión en los siguientes días, donde estuvieran también presentes los diputados Miguel Ángel Macedo Escartín y Lenia Batres Guadarrama, titulares de las comisiones de Transporte y Movilidad y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Enrique Hernández, vocero de los transportistas recordó que de forma unilateral, el gobierno anunció el incremento de un peso en la tarifa a partir del 15 de junio. Un peso que suma, pero que no remedia. Un peso que puso el usuario, pero que no alcanza frente a los 7.50 pesos que aún ponemos nosotros. Un peso al que le faltan aún dos pesos más, para poder sobrevivir en el corto plazo”.

Los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas insistieron en que como socios que son de la Ciudad de México en la tarea de darle movilidad a la gente, la administración de la ciudad debe ayudarlos a solventar esta crisis económica a la que los gobiernos de izquierda los han orillado desde hace 25 años como una medida política para sus propios intereses, pero que han profundizado la diferencia entre lo que cuesta mover a un pasajero y el costo de la tarifa.

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“Hace algunas semanas la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo decía orgullosa que el costo del pasaje de la Ciudad de México que ella gobierna, es el más bajo del país. Y es cierto, nosotros lo hicimos saber desde 2020. Pero también hemos dado a conocer que es el más bajo a costa de nosotros, porque mientras la Ciudad que ella administra gasta más de 80 mil millones de pesos de todos los ciudadanos de esta capital en transporte, y subsidia al Metro, el Metrobús, el Trolebús, las líneas A, Tren Férreo y Tren Ligero, las dos líneas del Cablebús, así como a la Red de Transporte de Pasajeros, a nosotros cada día nos sigue achicando nuestra capacidad de supervivencia”, expresó el vocero de los transportistas.

Agregaron que pareciera que convertir a la tarifa en una herramienta política es la línea que traen todos estos gobiernos de izquierda desde hace 25 años, “pues si a un servicio como el de la RTP, que es similar al nuestro, le cuesta al gobierno 14 pesos mover a un pasajero, por qué motivo o razón, a nosotros nos debe costar 6 pesos”.

Destacó el vocero de Fuerza Amplia de Transportistas que “con información del propio gobierno, tenemos que en 2020 costaba 13.59 pesos mover a un pasajero, pero la RTP cobra 4 pesos porque los otros casi 10 pesos los pone del dinero con nuestros impuestos. Pero, en cambio, nosotros, los concesionarios, no sabemos por qué mágica razón lo debemos hacer con sólo seis pesos actuales, y hace poco menos de dos meses lo hacíamos con 5 pesos”.

Los transportistas de FAT expresaron que ellos siguen subsidiando cada viaje-persona en la Ciudad de México con 7.50 pesos que cada día salen de su bolsillo, o mejor dicho, que no entran a él porque al gobierno se le ocurre que ellos deben dar el servicio más barato que los propios sistemas de transporte como la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

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México

Presentan iniciativa para garantizar la libertad religiosa

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Presentan iniciativa para garantizar la libertad religiosa
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Ciudad de México.— El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en materia de igualdad y libertad religiosa.

La propuesta, enlistada en la Gaceta de la Permanente y turnada a la comisión correspondiente, tiene el objetivo de que el Estado garantice al individuo sus derechos y libertades en materia religiosa, lo que comprende observar los días de reposo y de culto obligatorio, pudiendo éste oponerse a terceros sin que el cumplimiento de los deberes religiosos suponga un menoscabo o impedimento material al ejercicio de otros derechos o al cabal cumplimiento de las obligaciones de quienes profesan el culto o religión de que se trate.

Además, tampoco podrá restringirse, impedirse o condicionarse a nadie el acceso y disfrute de sus derechos o el cumplimiento de sus obligaciones en igualdad de circunstancias cuando en virtud de su credo alguna persona tenga el deber de observar una conducta obligatoria de acuerdo con los preceptos y dogmas de su creencia religiosa, tales como los días para el reposo y el culto, siempre que no exista el deber jurídico de ejercer el derecho o cumplir con una determinada obligación en fecha específica determinada en la ley.

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Indica que todas las autoridades del Estado, así como los particulares que realicen funciones estatales o ejerzan recursos públicos, tendrán la obligación de identificar y articular las alternativas y mecanismos que hagan posible la recuperación de los tiempos, así como el cumplimiento de los requisitos que de conformidad con las disposiciones aplicables se requieran para el ejercicio del derecho o el cumplimiento de la obligación que se trate en días distintos a los destinados al reposo o al cumplimiento de un deber religioso.

También se establece que las asociaciones religiosas tendrán derecho, en términos de la ley y su reglamento, a solicitar ante la autoridad o institución competente y a nombre de sus agremiados, previa acreditación de su afiliación de conformidad con las normas internas y estatutos de la asociación religiosa, su incorporación a los mecanismos a que se refiere la ley, cuando en virtud del cumplimiento de un deber religioso de observancia obligatoria se configure un impedimento u obstáculo para ejercer en igualdad de condiciones un derecho o el cabal cumplimiento de una obligación.

De igual forma, las asociaciones religiosas podrán celebrar convenios de colaboración con las autoridades e instituciones a que se hace referencia en el párrafo anterior a fin de que, de manera previa y coordinada, sus agremiados puedan ser incorporados dentro de los mecanismos antes mencionados, así como disfrutar de los demás derechos que les confieren las leyes.

El diputado Gutiérrez Luna explicó que en México hay diversas agrupaciones y asociaciones religiosas que, como parte de sus creencias, establecen el deber religioso de guardar el sábado como día de reposo de las labores y para la adoración y el culto.

No obstante, en la práctica, el Estado no protege ni garantiza que los creyentes puedan practicar el llamado Sabbath, ya que en muchos casos para ejercer algunos derechos o cumplir determinadas obligaciones, se exige a las personas que realicen actividades en sábado, por ejemplo, exámenes de ingreso a instituciones de estudio o para la obtención de un grado académico, clases escolares o la prestación del servicio militar.

ebv

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