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ONGs condenan espionaje en México

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México.— Organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron una “profunda preocupación e indignación” por el supuesto espionaje a críticos del gobierno mexicano a través del software llamado Pegasus, y reclamaron una investigación “transparencia y seria”.

Las investigaciones hechas por Citizen Lab, Article 19, R3D y SocialTIC, publicadas por el diario estadounidense The New York Times, indicaron que se han dado múltiples casos de espionaje mediante Pegasus, que únicamente se puede vender a gobiernos y que sólo está permitido para investigar a presuntos delincuentes y terroristas, recordaron las organizaciones en un comunicado.

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El software se infiltra en teléfonos móviles a través de un mensaje de texto con un enlace que, al ser activado, facilita la instalación secreta del programa que permite el monitoreo de toda actividad del teléfono celular, incluso correos electrónicos, mensajes encriptados, llamadas, cámara y micrófono.

Los afectados por el espionaje fueron miembros de la sociedad civil mexicana, periodistas, líderes de partidos de oposición y funcionarios de organismos internacionales, especificó el comunicado enviado por 11 organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional y Open Society Justice Initiative.

Las personas investigadas hicieron pública información sobre corrupción, contratos públicos irregulares, decisiones de salud pública y violaciones graves a los derechos humanos ocurridos durante la actual Administración federal y el mandato del hoy presidente Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México (2005-2011).

De acuerdo con revelaciones hechas el pasado 10 de julio, miembros del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que daban asistencia técnica al gobierno en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 también habrían sido víctimas de espionaje.

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Estas revelaciones se dan en uno de los momentos más violentos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México, con el asesinato de al menos siete periodistas y seis defensores en lo que va del año, recordaron los denunciantes.

“La impunidad para estos casos sigue siendo la regla general y las acciones tomadas por el Gobierno no han podido garantizar justicia ni sancionar a quienes atacan a las voces críticas del gobierno y de sus funcionarios”, indicaron.

La Procuraduría General de la República y su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión han anunciado que abrieron una investigación sobre la vigilancia y solicitaron el apoyo de las Naciones Unidas y la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos.

Sin embargo, para las organizaciones denunciantes, “los términos en que esta cooperación se está solicitando no son transparentes ni claros” y, en el caso de Estados Unidos, la embajadora en México, Roberta Jacobson, dijo que ese apoyo no ha sido solicitado oficialmente.

Reclamaron crear un panel independiente de expertos que realice una investigación “que derive en resultados serios y creíbles para las víctimas de espionaje y para la sociedad en general”, y pidieron al Gobierno “transparentar los contratos y documentos relacionados con la adquisición y uso del software de espionaje”.

AGP

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