Michoacán .- En respuesta al reciente asesinato de un empresario local, los productores de limón en los municipios de Buenavista y Apatzingán han decidido suspender temporalmente sus actividades.

Esta medida se ha tomado como protesta y para llamar la atención sobre la creciente violencia en la región. 

Hasta el momento, los productores no han reportado amenazas directas por parte del crimen organizado, aunque el temor sigue presente entre los trabajadores del sector.

La decisión de detener las labores refleja la creciente preocupación por la seguridad en la región, donde la violencia ha afectado varios aspectos de la vida cotidiana y empresarial. 

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En Buenavista, operan 24 empacadoras de limón, mientras que en Apatzingán son 32.

Ambos municipios cuentan con más de 40 mil hectáreas dedicadas al cultivo de limón, lo que resalta la importancia económica de esta industria para la región. 

La paralización de las actividades no solo afecta a los productores, sino también a toda la cadena de suministro y a las comunidades locales que dependen de esta fuente de ingresos.

Las autoridades locales y estatales se encuentran trabajando para abordar la situación y garantizar la seguridad de los habitantes. 

ARH

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – La creciente ola de violencia que azota a Chiapas, motivó a a la Iglesia Católica y a la sociedad civil alzar la voz mediante una peregrinación por la paz.

Este evento, que tuvo lugar desde el Santuario San Juan Pablo II hasta el Parque Central, fue un llamado colectivo para visibilizar la crisis humanitaria que atraviesa el estado, caracterizada por los altos índices de desplazamiento forzado, asesinatos y desapariciones.

La peregrinación, acompañada de una oración ecuménica, no sólo fue un acto de fe, sino un manifiesto de solidaridad con las miles de víctimas silenciadas por la violencia.

El mensaje de los participantes fue contundente: “Aún están a tiempo de dar respuestas que eliminen las raíces de este sistema de muerte. La sangre de los inocentes, ante su indiferencia, los perseguirá”.

Las palabras pronunciadas durante el recorrido reflejaron el dolor por la impunidad, en especial tras la masacre de 11 personas en el Ejido Nuevo Morelia el pasado 11 de mayo de 2024. Este trágico suceso es solo uno de los muchos actos violentos que han afectado a diversas comunidades en el estado.

El evento comenzó con un discurso del padre José Luis Bezares, de la vicaría de justicia y paz en San Cristóbal de las Casas.

Bezares expresó que la marcha es una respuesta a la violencia en Chiapas y pidió a las autoridades gubernamentales actuar con urgencia.

“Nosotros hemos acogido a las familias desplazadas, muchas de las cuales han recibido apoyo tanto de católicos como no católicos. Algunas ya se han trasladado a Estados Unidos”, afirmó Bezares.

Por su parte, el padre Gilberto Hernández García, de la parroquia de San Marcos y presidente de la Asociación Cáritas en Tuxtla Gutiérrez, hizo un llamado a las autoridades para que se acerquen a las comunidades y dialoguen con las víctimas de la delincuencia.

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“Podemos llevarlos a las víctimas para que comprueben la situación y dejen de lado la indolencia e indiferencia. Es necesario atender de manera integral el retorno de las comunidades”, subrayó Hernández García.

De acuerdo con los organizadores, desde finales de 2023, la violencia en Chiapas ha aumentado significativamente, producto de la lucha de los cárteles por el control territorial, principalmente en la frontera con Guatemala. El conflicto ha obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares, desplazándose hacia otras zonas del estado, o incluso buscando refugio en Guatemala.

Los municipios más afectados incluyen Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, y Ocosingo, entre otros. En estas zonas, los enfrentamientos son constantes, dejando a los pobladores en una situación de terror permanente.

Autoridades eclesiásticas y civiles han señalado que, además del narcotráfico, existen intereses económicos detrás de esta violencia, como la implementación de megaproyectos que buscan despojar a las comunidades de sus tierras.

La minería, la privatización del agua y la construcción de infraestructuras masivas son algunos de los elementos que, según denuncian, contribuyen a la crisis, favoreciendo un entorno propicio para el tráfico de drogas, armas y migrantes.

Los desplazados, que el gobierno se limita a clasificar como personas “en situación de vulnerabilidad”, sufren en silencio la esclavitud impuesta por los grupos criminales. Estas personas no pueden circular libremente, enfrentan la falta de alimentos y servicios básicos, y son obligadas a colaborar con los carteles, ya sea participando en retenes o pagando cuotas. Ante esta situación desesperada, muchos huyen, abandonando sus tierras y todo lo que poseen, mientras lloran la desaparición o asesinato de sus seres queridos.

Durante la peregrinación, se escucharon fuertes críticas hacia la inacción de las autoridades. “La historia los juzgará por su indolencia”, se pronunció, en referencia a aquellos que tienen el poder de detener esta tragedia, pero que permanecen pasivos ante el sufrimiento de las comunidades.

El clamor general fue claro: detener la violencia, desmantelar a los grupos criminales y recuperar los territorios para que las familias puedan vivir en paz.

La provincia eclesiástica de Chiapas, compuesta por la Arquidiócesis de Tuxtla y las Diócesis de Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, se ha comprometido a seguir trabajando en la reconstrucción del tejido social.

“Seguiremos denunciando la cultura de la muerte”, afirmaron los participantes de la peregrinación, mientras resaltaban la esperanza que encuentran en el proyecto del Reino anunciado por Jesús.

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Sinaloa.— Ante los recientes hechos de violencia que han sacudido la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el obispo de la diócesis de Culiacán, Mons. Jesús José Herrera Quiñónez, emitió un llamado urgente a la población para que mantenga la calma, actúe con prudencia y no baje la guardia frente a la creciente inseguridad que atraviesa la región.

En su mensaje, el prelado expresó su profunda preocupación por los actos de violencia que han marcado los últimos días, como detenciones, robos, quema de vehículos y la pérdida de vidas humanas.

Herrera Quiñónez advirtió que estos eventos podrían continuar, por lo que instó a la población a mantenerse alerta y evitar cualquier situación que ponga en riesgo sus vidas y posesiones. Asimismo, subrayó la importancia de la unión comunitaria y la construcción de paz desde todos los ámbitos, apelando a los valores cristianos y humanos.

LLAMADO A LOS RESPONSABLES Y A LAS AUTORIDADES

El obispo no solo se dirigió a la población, sino que lanzó un fuerte mensaje a quienes están provocando esta ola de violencia, pidiendo que cesen sus acciones y respeten la vida e integridad de las personas. “Cualquier signo de violencia atenta contra la integridad física, psicológica y espiritual de cada persona”, manifestó el religioso, recordando además que Dios demandará cuentas de sus actos.

Además, Mons. Herrera también hizo un llamado directo a las autoridades, solicitando una presencia “real y efectiva” en las calles de Culiacán. Consideró fundamental que no se deje a la población a su suerte en estos momentos de incertidumbre y peligro. “Oramos por ustedes porque sabemos que enfrentan situaciones que ponen en riesgo sus vidas”, expresó el prelado en relación a las fuerzas de seguridad.

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MISA POR LA PAZ

En medio de este clima de tensión, el obispo anunció que, como parte de las acciones por la paz, todas las parroquias de la diócesis celebrarán misas y horas santas. En particular, el domingo 15 de septiembre, se llevará a cabo una misa especial en la Catedral de Culiacán para unirse en oración y pedir por la paz en la región.

CONTEXTO DE VIOLENCIA EN CULIACÁN

El llamado de Mons. Herrera se da en un contexto de gran preocupación por la seguridad en Culiacán, una ciudad que ha sido frecuentemente afectada por enfrentamientos entre facciones del crimen organizado. Entre el 9 y el 11 de septiembre de 2024, se registraron al menos 9 homicidios, 14 personas desaparecidas y una serie de robos de vehículos.

En respuesta, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha reconocido la gravedad de la situación, anunciando la suspensión de festejos patrios en algunos municipios como medida preventiva ante posibles nuevos brotes de violencia.

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ebv

Culiacán.- El aumento de la violencia en Sinaloa ha generado pérdidas económicas superiores a los 800 millones de pesos, según reporta la Unión de Comerciantes de Culiacán. Los enfrentamientos entre los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán y de Ismael ‘el Mayo’ Zambada han tenido un impacto devastador en la economía local.

De acuerdo con el organismo, la cifra de pérdidas podría aumentar si los conflictos persisten.

La violencia en la región, conocida como el “culiacanazo comercial”, ha obligado a muchos negocios a cerrar indefinidamente.

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Sin embargo, algunos comercios en Quilá y Eldorado han comenzado a retomar sus actividades, mientras que en la zona de Costa Rica se enfrenta una escasez de productos esenciales como papel higiénico, huevos, refrescos, sopas y cerveza.

Además, la situación ha forzado la cancelación del Grito de Independencia y de otros festejos patrios en todo el estado.

Las autoridades educativas también suspendieron las clases en Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio. En respuesta a la creciente inseguridad, el Gobierno de Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje para Sinaloa, desaconsejando a sus ciudadanos viajar a la región.

La comunidad y las autoridades locales temen que la violencia continúe afectando severamente la vida cotidiana y la economía de Sinaloa, instando a una pronta resolución de los conflictos para evitar más daños.

ARH