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México

Piden Plan Nacional contra la Desigualdad Social 

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México. — La movilidad social no ha sido materia central de ninguna iniciativa presentada en el Congreso de la Unión durante las legislaturas LXII y LXIII; sólo existen algunas que se relacionan de forma indirecta, señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

En su investigación “Panorama general y alternativas legislativas para fomentar la movilidad social en México”, elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo, refiere que es tiempo para que el Congreso impulse un plan nacional contra la desigualdad. 

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A partir de la integración de propuestas de los Grupos Parlamentarios y la sociedad civil, se podría integrar un diagnóstico ordenado y profundo sobre las principales causas de la desigualdad en México, para comprender el impacto real que ésta tiene en la población.

Aunque existe la necesidad de diseñar políticas enfocadas a fortalecer el acceso a la justicia social y revertir la desigualdad de oportunidades, aún está pendiente la articulación de la información que ofrecen estos instrumentos en una agenda social de mediano y largo plazos.

En el documento se señala que México ya cuenta con diagnósticos variados y de diferente alcance, en lo que han sido considerados los factores asociados a los ámbitos educativo y ocupacional, de género, de acumulación de riqueza e, incluso, respecto al tono de piel. 

Un plan nacional contra la desigualdad podría establecer objetivos claros y medibles de reducción de las desigualdades, que permita evaluar si las medidas puestas en marcha tienen resultados positivos. 

Permitiría aprovechar alternativas para conseguir crecimiento con austeridad; reconocer que la austeridad, por sí misma, no genera crecimiento ni confianza; e impulsar la movilidad social igualadora de oportunidades.

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El IBD precisa que se deben fortalecer los criterios de distribución del gasto federal, del gasto descentralizado y del gasto municipal, introduciendo criterios de asignación del gasto según la reducción porcentual de las carencias en desarrollo humano. 

También mediante la redistribución del gasto público a lo largo del ciclo de vida, con el propósito de corregir el nivel y la focalización de las transferencias al ingreso en los primeros años de vida; y tratar de reducir la deserción en la educación media superior. 

En la medida en que esto se logre, destaca el IBD, menor será la probabilidad de que las desigualdades en el mercado de trabajo se amplíen, debido a la caída en el ingreso laboral que conlleva la falta de calificaciones requeridas por el mercado. 

Asimismo, se debe fomentar el trabajo formal entre los jóvenes, prevenir desigualdades laborales, y subsidiar las contribuciones obrero-patronales a la seguridad social de las personas de entre 18 a 25 años para contribuir con el mismo objetivo.

Las políticas públicas para impulsar la movilidad igualadora de oportunidades, también pueden considerar un incentivo a la formalidad mediante el avance hacia un sistema de protección social universal, a partir de un paquete básico de servicios financiado mediante impuestos en lugar de contribuciones, establece el IBD.

La movilidad igualadora de oportunidades requiere, además, apoyar una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

La investigación señala que las características generales de la movilidad social en México confirman que se trata de una sociedad en gran medida estratificada, ligada a la tendencia de que el origen socioeconómico es determinante y las posibilidades de movilidad ascendente son limitadas.

 A decir del IBD, es necesario el desarrollo de un sistema educativo de calidad, a partir del cual todos los mexicanos logren completar ciclos que les permitan alcanzar niveles de especialización, que se reflejen en mayor productividad, para ampliar las posibilidades de acceso a mayores ingresos económicos.

 La investigación “Panorama general y alternativas legislativas para fomentar la movilidad social en México” se puede consultar íntegramente en la dirección electrónica https://goo.gl/6faYWp

agch



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México

No puede haber derechos humanos, si no hay interculturalidad: Esquivel Mossa

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Yasmín Esquivel Mossa

Toluca.- Al participar en la Conferencia Magistral “La Interculturalidad Como Factor de Desarrollo y Unidad”, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, destacó que los pueblos indígenas son una realidad sociocultural contemporánea, y no pueblos del pasado.

Desde la Universidad Intercultural del Estado de México, la también presidenta de la Segunda Sala de la SCJN, explicó que no podría haber derechos humanos si no hay interculturalidad.

Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

“Anhelo de las mujeres mexiquenses que tienen que prepararse por abrir nuevos espacios de oportunidad para ustedes y sus familias, por buscar un mejor futuro sin el abandono ni el olvido de sus raíces”, expresó.

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Esquivel Mossa también señaló que la preparación y la capacitación es la única forma de romper las barreras de la marginación, pues explicó que es básico asistir a la escuela para tener mejores oportunidades a futuro.

“La cultura involucrada en el marco de protección de los Derechos Humanos de las personas que tengan o no la condición de indígenas, deben tomar en consideración las características propias que las diferencian la población en general”, argumentó.

La ministra de la SCJN también resaltó que, al momento de interpretar o definir el contexto de sus derechos, una connotación importante son las normas del derecho indígena que estarán, en todo tiempo, sujeto el resto de las disposiciones que integran el régimen jurídico a un examen constitucional convencional y legal.

Ministra Yasmín Esquivel.

Los pueblos son una realidad presente y por eso se reconoce su autonomía debemos respetar todas las lenguas indígenas y promoverlas, dijo.

Yasmín Esquivel explicó que la aplicación de los usos y costumbres indígenas no puede ser una excusa para intensificar la opresión, incluso al interior de las comunidades indígenas de aquellos miembros tradicionalmente excluidos.

Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la protección frente a la violencia contra las mujeres, como una causa, conciencia y consecuencia del derecho a la igualdad y no discriminación; donde las costumbres culturales no pueden justificar prácticas que violenten los derechos”, finalizó la ministra.

ARH

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CDMX

Congreso de CDMX aprueba modificaciones al Instituto Electoral capitalino

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Congreso CDMX aprueba modificaciones al Instituto Electoral capitalino

Ciudad de México.— El Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, con 37 votos a favor, 19 en contra y cero abstenciones.

Tras 22 horas de análisis y discusión, la presentación de una moción suspensiva y más de mil 160 reservas, los congresistas finalizaron la sesión ordinaria

Al presentar el dictamen, el diputado de Morena, Temístocles Villanueva Ramos, subrayó que la finalidad es aplicar correctamente los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el gasto público que ejerce el Instituto Electoral de la Ciudad de México, manteniendo a la par sus funciones esenciales y autonomía.

Agregó que la iniciativa es de fusión y eficiencia, no de desaparición y que parte de la lógica del implementar un mecanismo legal que facilite la actividad electoral, con el centro del gasto en el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.

“Según datos obtenidos mediante transparencia del propio Instituto, es posible observar que algunas de las personas servidoras públicas que laboran en este órgano tienen sueldos mayores al de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, lo que llama la atención sobre un posible ejercicio desbalanceado de los recursos en su operación”, mencionó el congresista Villanueva Ramos.

Ante el pleno, el legislador detalló que el gasto per cápita en materia electoral en la CDMX es elevado en comparación con el Estado de México, que con más de 16 millones de habitantes, el gasto per cápita en un año sin elecciones en materia electoral es de 93 pesos por persona; en Jalisco, con cerca de 8 millones de habitantes, el gasto por persona es de 28 pesos, mientras que en la CDMX, con poco más de 9 millones de habitantes, se presenta un costo de 130 pesos per cápita.

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“Cabe señalar que, con la implementación de las reformas planteadas en el dictamen, se estima un ahorro aproximado de 50 millones de pesos al año. En ese sentido, se espera que la nueva integración de las comisiones permanentes del Consejo General impacte de manera positiva en el acceso de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos”, destacó.

Al presentar su voto particular, el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN), afirmó que desde la Comisión de Asuntos Político-Electorales el procedimiento para aprobar el dictamen en una sesión extraordinaria fue totalmente irregular, y adelantó que por ello será impugnado.

En tanto el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN), advirtió que esta reforma tiene la intención es desmantelar todo el aparato electoral federal y local; además de los órganos autónomos que organizan las elecciones y adelantó que, ante las violaciones al proceso parlamentario, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras desechar la moción suspendida con 25 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones, el Congreso local inició la discusión del dictamen para reformar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local.

Para hablar en contra del dictamen, el diputado Rubio Torres, afirmó que el desmantelamiento de instituciones y organismos electorales daría como resultado la pérdida del estado de derecho y subrayó que frenarán por todas las vías posibles la entrega en vigor de este dictamen.

En favor del documento, el congresista Carlos Hernández Mirón (MORENA), promovente de la iniciativa, aclaró que, desde las reformas constitucionales de 2014, a los órganos locales electorales se les restaron facultades, principalmente en materia de fiscalización de partidos políticos, candidatos y candidatas, sin embargo, la estructura del IECDMX no se modificó.

Por su parte, el diputado Aníbal Cañez Morales (PAN), dijo que el dictamen a discusión representa un retroceso y ataca frontalmente la democracia local, por ello advirtió que será la SCJN la que se encargue de determinar su inconstitucionalidad.

La legisladora de MORENA, Ana Francis López Bayghen Patiño, criticó las prácticas antidemocráticas y dilatorias que desde Acción Nacional se impulsaron y reclamó que la democracia realmente no sea un tema que les importe.

En tanto, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez (PRI), afirmó que la reforma pone en peligro la democracia de la ciudad y que su grupo parlamentario apoyará siempre a las instituciones, “no olvidemos que los árbitros electorales cuentan con credibilidad ganada a pulso”, subrayó.

Tras afirmar que el dictamen busca adelgazar una estructura burocrática excesiva y onerosa para la ciudadanía, la diputada Martha Soledad Ávila Ventura (MORENA), afirmó que no limita, ni restringe derechos, tampoco pone en riesgo la democracia, la autonomía electoral, ni menos atenta contra el sistema federal y de sus competencias.

Los diputados Jorge Gaviño Ambriz y Gabriela Quiroga Anguiano (PRD), manifestaron su preocupación por la falta de garantías a los derechos laborales de 105 trabajadores que se verán afectados con el recorte que plantea la reforma, además de que ante la falta de personal especializado tendrían que desarrollar sus labores en áreas que no les corresponden.

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Por parte del grupo parlamentario del PRI, los diputados Mónica Fernández César, Maxta Iraís González Carrillo, Fausto Manuel Zamorano Esparza y Carlos Joaquín Fernández Tinoco, coincidieron en que la reforma atenta contra los derechos de los mexicanos, además de parecer una estrategia a largo plazo para desaparecer los órganos electorales; y recalcaron que para ellos es necesario contar con organismos autónomos que garanticen los derechos electorales de los ciudadanos.

Tras el resultado en lo general de 36 votos a favor y 28 en contra del dictamen, la diputada Valentina Batres Guadarrama (MORENA), presentó cuatro reservas al dictamen que fueron aprobadas.

Mientras que la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI), presentó reservas; el diputado Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, 10 reservas; los diputados Gabriela Salido Magos y Ricardo Rubio Torres (PAN), dos reservas cada uno y su homóloga, Daniela Gisela Álvarez Camacho (AP Ciudadana), llevó ante el pleno dos reservas más, todas las anteriores desechadas por mayoría de votos.

ebv

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