Poder político y crimen organizado cómplices en trata

México.— En 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó 571 averiguaciones previas por el delito de trata de personas, de las cuales 15.9 por ciento fueron consignadas y únicamente 1.9 por ciento de ellas terminó en sentencias condenatorias, con un total de 12 individuos castigados.

Estos datos se encuentran en la publicación “Al día las cifras hablan” No. 70, un análisis elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se celebró el pasado 30 de julio.

Te puede interesar: Trata de personas, negocio del crimen organizado

En el documento se señala que en el ámbito local, entre el 15 de junio de 2012 y 30 de junio de 2015, se iniciaron mil 458 averiguaciones por este ilícito, de las cuales 27 por ciento derivaron en consignaciones y sólo 18.4 por ciento en sentencias condenatorias, con un total de 108 personas sentenciadas.

Se precisa que Puebla, Chiapas, la ciudad de México, Oaxaca, Baja California Norte y el estado de México concentraron 76 por ciento del total de las averiguaciones iniciadas en el ámbito local. Asimismo, a nivel nacional se identifican 363 municipios considerados de alta vulnerabilidad y 464 de vulnerabilidad media.

En el estudio, se indica que a nivel internacional y nacional, el estado de Tlaxcala es considerado como una de las entidades con los más altos índices del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

De acuerdo con estimaciones de la PGR, existen 47 grupos de delincuencia organizada involucrados en la trata de personas para fines sexuales y laborales, cuyos líderes se encuentran en México, Centroamérica y los Estados Unidos y operan principalmente en la ciudad de México y en 17 estados de la República.

“Diversos testimonios dan cuenta de que en México la trata es un negocio constituido por redes de complicidad entre el poder político, económico, el crimen organizado y hay nexos entre hombres propietarios de negocios sexuales metidos en la política”, se subraya.

Lee también: Migración agrava trata en México, alertan

Se pone como referencia, datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que revelan que entre 25 y 80 mil pesos es el pago a policías ministeriales para congelar una investigación y de 800 mil pesos a las autoridades municipales para que no preceda un operativo, además se calcula que las organizaciones invierten más de 100 mil pesos para la defensa de responsables del delito de trata de personas.

Explica que de acuerdo con la CNDH, las estimaciones sobre el número de víctimas de trata en México varían entre 50 mil y 500 mil casos; el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual varía de 16 mil a 20 mil y otras cifras indican que los menores sujetos a explotación sexual ascienden a 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país.

Hace énfasis que cada año, alrededor de 21 mil menores de edad, son captados por las redes de trata con fines de explotación sexual y 45 de cada 100 son niñas indígenas; 93 por ciento de las víctimas son mujeres y 26 por ciento menores de edad.

Por otro lado, se advierte que el reclutamiento de menores de edad, para ser usados como “halcones”, “mulas”, “sicarios” o “secuestradores”, es cada vez más común en algunos estados del norte del país y en áreas suburbanas de alta marginación en el oriente de la Ciudad de México y en otras ciudades de menor tamaño.

Se estima que el Internet está presente en uno de cada cinco casos de trata de personas y más de 50 por ciento de los delitos cometidos por este medio se relacionan con la pornografía y la trata de menores de edad con fines de explotación sexual.

En el análisis, se recuerda que el 30 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido en 2013 por la Asamblea General de la Naciones Unidas con el propósito de “concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos”.

La trata de personas  -se agrega-  es un delito grave que afecta a todo el mundo, ya sea la perpetrada en el ámbito familiar que tiene como fin la servidumbre doméstica o complejas operaciones de corporaciones nacionales e internacionales del crimen organizado.

AGP