Ciudad de México.— La senadora Kenia López Rabadán presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FISEL) por las declaraciones emitidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que realizó un llamado a votar por su movimiento y en contra de la oposición.

En conferencia de prensa, la legisladora panista indicó que el jefe del Ejecutivo viola la ley y usa ilegalmente recursos públicos para promover a su movimiento.

“Lo que ha hecho este Presidente mentecato, viola la Constitución, destruye a la democracia y agravia a todos los mexicanos”, aseveró.

López Rabadán explicó que la Ley General en materia de Delitos Electorales es muy clara al referir en la fracción III del artículo 11, que el servidor público que utilice de manera ilegal bienes o servicios que tenga a su disposición para apoyar o perjudicar a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, debe ser sancionado.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado mostró el acuse de los documentos que fueron presentados en ambas instancias y explicó que ayer y hoy el Presidente violó – desde la “mañanera”- el principio de imparcialidad y neutralidad en las contiendas.

“López Obrador viola la Constitución y la ley electoral y utiliza todo su poder mediático para beneficiarse a él, a sus amigos y a sus socios, olvidando al pueblo de México y las múltiples necesidades que hoy se atraviesan en nuestro país”, aseguró la legisladora.

Agregó que estas conductas son altamente reprochables y deben ser sancionadas tanto por la autoridad ministerial como por la autoridad administrativa electoral.

“Que no se le olvide al señor Presidente que vivimos en un Estado de Derecho y como tal, debe cumplir la ley aunque le cueste trabajo hacerlo. El “Plan C” de López Obrador es un plan con “C” de corrupción”, sentenció López Rabadán.

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Al referirse al incendio ocurrido en la estación migratoria de la Secretaría de Gobernación en Ciudad Juárez, en el que murieron 39 migrantes, externó sus condolencias y solidaridad con las víctimas y exigió una investigación exhaustiva para deslindar las responsabilidades.

“Las autoridades federales deben garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, indicó.

Agregó que es un tema que pone de luto al país, y es evidente que hay servidores públicos que deben pagar por la tragedia que ha demostrado que el proceso de migración en México no protege los derechos humanos de los migrantes.

“Debe haber responsables con nombre y apellido; una tragedia como la de hoy no se puede permitir. Estamos obligados a exigirle a este gobierno corrupto que establezca y esclarezca quiénes son los responsables de esta pérdida de vidas humanas”, sentenció.

Igualmente, subrayó que “el secretario de Gobernación y el titular del Instituto Nacional de Migración deben dar la cara por esta tragedia, deben decirle al pueblo de México qué fue exactamente lo que pasó, porque no es ético, no es legal, no es honorable, tener un cargo y solamente estar pensando en la siguiente elección”.

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ebv