Proponen 60 años de prisión por uso criminal de drones

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Comisión Permanente una reforma para incrementar las sanciones en el caso ilícitos con drones.

Según la iniciativa del mandatario, se podría alcanzar hasta 60 años de cárcel para quien use aeronaves no tripuladas para transportar, activar o detonar armas, municiones y materiales para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

López Obrador argumentó que el uso de drones ha ido en aumento y si bien representan un avance significativo, también son lanzados contras personas, utilizados en enfrentamientos y contra autoridades distintos órdenes de gobierno.

Además, son usados en el transporte de droga, y espionaje para obtener información privada de personas, fundamentalmente, del orden público, afectando así la paz social, explicó.

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Por ello, se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

Con lo anterior, se busca establecer agravantes en el uso de drones en “contra de bienes o servicios públicos y privados, en contra de la integridad física, emocional o vida de las personas”.

Asimismo, “que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional, presionar u obligar a la autoridad o a un particular a que tomen una determinación”.

En este caso, se impondrá una pena de prisión de quince a cuarenta años y multa de cuatrocientos a mil doscientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización:

La reforma del ejecutivo federal prevé también una sanción de diez a veinte años de prisión a quien mediante el uso de aeronaves pilotada a distancia realice la siguientes conductas: Arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por si solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes e impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.

Cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad nacional o seguridad pública, la pena establecida aumentará hasta en una mitad.

Y si el ilícito lo comete una un servidor público de alguna corporación policial, además de las penas señaladas y la destitución del empleo, se le inhabilitará de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos.

La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados.

JAHA