Ciudad de México.- El panorama en las escuelas rurales de México revela una verdad constante: aulas desprovistas de electricidad, caminos en mal estado que dificultan el acceso y la falta de agua potable son solo algunos de los problemas que enfrentan diariamente miles de estudiantes y maestros. Así lo abordó el Dr. Israel Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), en entrevista exclusiva para Siete24 Noticias, al reflexionar sobre los desafíos estructurales que arrastra la educación rural en el país. 

“Sin infraestructura básica, no hay condiciones para que los niños puedan aprender como deberían”, señala el Dr. Sánchez, quien detecta la desigualdad educativa que crece entre las zonas rurales y urbanas.  

Señaló que una de las principales dificultades que enfrentan estas comunidades son: la falta de electricidad y acceso a internet, lo cual complica el desarrollo académico en un mundo que depende cada vez más de las herramientas digitales. 

Condiciones precarias, oportunidades limitadas. 

Las deficiencias en infraestructura no son únicamente un problema de comodidad, sino de acceso equitativo al conocimiento.  

“Imagina estudiar en una escuela donde ni siquiera hay luz, y donde el camino para llegar es un riesgo diario”, externó el Dr. Sánchez.  

El presidente de la UNPF señaló que en muchas localidades, el único acceso posible es a pie, lo que limita la asistencia de estudiantes y maestros, especialmente durante la temporada de lluvias. 

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Además, la brecha tecnológica se hace más profunda: sin internet ni equipos como computadoras o tabletas, estos estudiantes carecen de las herramientas mínimas necesarias para acceder a recursos educativos modernos.  

“Es un ciclo de pobreza”, sentencia el Dr. Sánchez, recordando cómo la falta de recursos muchas veces empuja a los jóvenes a abandonar la escuela y migrar en busca de mejores oportunidades, ya sea hacia las ciudades del país o incluso al extranjero. 

Migración y deserción escolar: un círculo vicioso. 

La migración es una de las consecuencias más evidentes de la desatención a la educación rural. La pobreza, combinada con la falta de incentivos y oportunidades, provoca que muchos jóvenes abandonen sus estudios.  

“Según el INEGI, más de seis millones de niños dejaron la escuela después de la pandemia, y una gran parte de ellos provienen de zonas rurales”, enfatizó el Dr. Sánchez.  

A pesar de los esfuerzos del gobierno por implementar programas de apoyo, estos no siempre llegan a las comunidades que más lo necesitan. 

“Si no se toma acción desde una perspectiva integral, la brecha seguirá creciendo”, advierte.  

Para él, es urgente un enfoque que combine educación con desarrollo social, donde el acceso a servicios básicos como agua y electricidad sea el primer paso, pero también donde se fortalezcan las políticas educativas que motiven a los jóvenes a seguir estudiando. 

Políticas educativas: el gran desafío 

El gobierno, de acuerdo con el Dr. Sánchez, tiene un papel crucial en la transformación de la educación rural.  

Sin embargo, lamenta la falta de continuidad en los programas educativos a lo largo de las últimas décadas.

“México solía tener una Secretaría de Educación dedicada específicamente a las zonas rurales, y eso permitió reducir el analfabetismo”, recuerda.  

Hoy en día, esas estrategias parecen haberse desvanecido, lo que, según él, ha resultado en un retroceso en el acceso a una educación de calidad para estas comunidades. 

Ante esto, el Dr. Sánchez sugiere que el gobierno debe replantear su enfoque y desarrollar políticas a largo plazo, diseñadas para responder a las particularidades de cada región rural.  

“No basta con programas aislados. Necesitamos una visión integral que también ataque la pobreza y la marginación”, advirtió. 

Preservar la cultura local, un reto adicional.

Además de la infraestructura y la tecnología, otro de los aspectos clave en la educación rural es la preservación de las lenguas y tradiciones locales.

En algunos estados, como Oaxaca y Chiapas, se han implementado materiales educativos en lenguas indígenas, lo cual ha facilitado el aprendizaje de los niños en su lengua materna. “Esto es esencial no solo para el éxito académico, sino para la preservación de la cultura”, concluyó el Dr. Sánchez. 

Con una mezcla de preocupación y esperanza, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia hace un llamado urgente a la sociedad, al gobierno y a las organizaciones civiles para que colaboren en la construcción de un sistema educativo más equitativo, donde los niños de las comunidades rurales tengan las mismas oportunidades de éxito que aquellos en las ciudades. 

ARH

Ciudad de México.— En México el aborto debe atenderse con una política pública integral, desde el punto de vista de la protección al vulnerable, es decir, a la madre embarazada y al concebido, que cuenta con un derecho fundamental, el derecho a la vida de acuerdo con nuestra Constitución, argumentó la maestra Diana Gamboa.

Durante la conferencia virtual “Corte de caja: actualización sobre el marco normativo del aborto en México”, la especialista en Derecho Constitucional consideró un acto de deshumanización la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinar que el aborto es un derecho.

A través de una metáfora, la abogada ejemplificó el contexto legal como un “árbol envenenado”, que por consecuencia da “frutos envenenados”.

El árbol envenenado son las determinaciones que se tomaron en 2021, que sembró la Suprema Corte porque tienen vicios tanto de forma como de fondo, explicó la especialista en la Mesa de Tesis organizada por ConParticipación y la Arquidiócesis de Monterrey.

Los frutos envenenados son las consecuencias visibles y tangibles del árbol envenenado que sembró la Corte. Estas se manifiestan en varios ámbitos:

• Consecuencias jurídicas: La desprotección de la vida y la despenalización del aborto, o su derogación como delito, que presionan e intimidan a los legisladores.
• Consecuencias políticas: La pérdida y debilitamiento del poder judicial.
• Y Consecuencias sociales: El estancamiento de un diálogo necesario y fundamental para la sociedad mexicana, que no es un país abortista. Además, se promueve la idea de que terminar con la vida humana, especialmente la de los más vulnerables, es un derecho, lo cual siembra inhumanidad.

Diana Gamboa explicó que la Constitución reconoce al concebido como titular de los derechos: salud y vida, y a la Corte no le importó. Existió una negación de la evidencia científica, desconocieron la protección jurídica concreta que dictan nuestras leyes y usan una artimaña lingüística basada en la liberación de la mujer que resulta muy atractiva.

“Esto nos lleva a la deshumanización que estamos viendo hoy. A descartar al concebido a través de un negocio sumamente lucrativo que se beneficia de su exterminio”.

“El aborto, la gran inhumanidad de nuestro tiempo”.

Diana Gamboa

Lo que es necesario, insistió Gamboa es una política pública integral.

“Limitarnos a la vía penal es sumamente miope frente a la realidad tan compleja que es el aborto, que necesita tratarse desde una política pública integral, que se atienda desde la educación, la salud, la prevención, y no frente al aborto, sino frente a la maternidad”.

Diana Gamboa

Agregó que en México existe una maternidad abandonada, desde la gestación, por lo que las mujeres se sienten orilladas a esta conducta. “Se puede prevenir y reducir esta conducta porque no hay solo una causa por la cual una mujer decide terminar con la vida de su hijo”.

La sociedad debe exigir protocolos de salud que atiendan esta realidad, y analizar la claudicación del Estado frente a la maternidad, insistió.

Finalmente la autora del libro “El pretendido ‘derecho’ al aborto” concluyó que el hecho de que la SCJN determine al aborto como un derecho no significa que sea correcto.

Como sociedad, necesitamos comprender el mensaje que enviamos al legislar que el aborto es un derecho.

“Estamos permitiendo que los poderosos decidan quién tiene valor y quién no. En ese momento, se determinó que la vida del ser humano en gestación no tiene valor”, afirmó.

Diana Gamboa

“Más allá del marco normativo tenemos que conocer el origen del problema del aborto en el que nos encontramos hoy, es el trágico septiembre del 2021, en el cual nuestra Corte se atribuyó el poder de decir quien vale y quién no, y eso por supervivencia no se lo debemos dejar a una corte ni a un juez”.

diana gamboa

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NPQ / JAHA

Ciudad de México.- Alejandra Yáñez Rubio, directora de Conciencia y Derechos Humanos y destacada defensora de los derechos de las mujeres, expresó su preocupación sobre la influencia de las organizaciones internacionales en la política interna de México, especialmente en la imposición ideológica.  

“Lo que estamos viendo son las consecuencias de elegir representantes comprometidos con agendas internacionales que no necesariamente reflejan las necesidades o deseos de los mexicanos”, afirmó Alejandra.  

En entrevista con Siete 24 Noticias, Yáñez Rubio dijo que etiquetas como “derechos humanos” y “salud” son utilizadas por estas organizaciones para justificar intervenciones en la política de estados libres y soberanos como México. 

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Yáñez Rubio señaló ejemplos específicos de la presión ejercida por entidades internacionales como ONU Mujeres y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que han instado a los estados mexicanos a despenalizar la interrupción del embarazo.  

“Estas ONGs internacionales están violentando los principios de derecho internacional público al no respetar la política interna de los países”, sostuvo. 

Yáñez Rubio criticó la sumisión de las autoridades mexicanas ante las ONGs internacionales y sus agendas.  

“Es lamentable que las autoridades no defiendan nuestra soberanía. Deberíamos ver más voces alzándose en contra de estas intervenciones”, comentó. 

Para contrarrestar estas influencias, Yáñez subrayó la importancia de la participación ciudadana.  

“Lo primero que debemos hacer como ciudadanos es despertar y exigir respeto a nuestra soberanía”, dijo. Además, sugirió que los diputados deberían ser más transparentes sobre sus interacciones con organizaciones, mostrando públicamente sus bitácoras de visitas. 

La activista reveló que organizaciones feministas trabajan en conjunto con ONGs internacionales para promover una agenda que no representa a todas las mujeres.  

“Las mujeres que no estamos siendo visibilizadas por el feminismo dominante debemos alzar la voz y unirnos para defender nuestros derechos”, afirmó. 

Finalmente, Alejandra Yáñez invitó a unirse a movimientos ciudadanos que visibilicen y defiendan los derechos de las mujeres y de los no nacidos.  

“Necesitamos organizarnos y formar una estrategia para convertirnos en una piedra en el zapato de quienes promueven políticas que no nos representan como lo es la cultura de la muerte”, concluyó. 

ARH

Ciudad de México.— La reforma judicial que entrará en vigor en 2025 ha generado gran expectativa en torno al futuro laboral de magistrados y jueces de distrito. Con la implementación de una elección popular para elegir a nuevos representantes, el destino de muchos profesionales en el sistema judicial está en juego.

Este proceso, es motivo de intenso debate, especialmente en cuanto a su impacto sobre los derechos laborales de quienes ocupan actualmente estos puestos.

Un aspecto relevante de este proceso es la forma en que se ha abordado el respeto a la maternidad y a la vida familiar de las juezas. En la primera tómbola de selección ha reconocido la importancia de proteger los derechos laborales de las mujeres que desempeñan funciones en el sistema judicial, permitiendo que aquellas que se encuentran en proceso de maternidad no sean afectadas por este cambio.

Esta medida resalta la importancia de su rol en el ámbito familiar y profesional. La vida en familia, en especial en el contexto de la maternidad, fue reconocida y respetada en la primera tómbola de elección de jueces, magistrados y ministros del país. El respeto hacia los derechos laborales de las juezas es un paso al fortalecimiento del sistema judicial.

Tras la realización de la primera insaculación para definir los cargos de jueces, magistrados y ministros que serán renovados en las elecciones de junio de 2025, juezas y jueces de distrito, junto con magistradas y magistrados de circuito, que han dedicado su carrera al servicio judicial, verán sus posiciones puestas a votación.

Este proceso es parte de la reforma al Poder Judicial que tiene como objetivo, de acuerdo a el gobierno federal y la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, democratizar la elección de funcionarios judiciales.

Uno de los puntos destacados de este proceso fue el respeto a los derechos laborales de las juezas en condición de maternidad. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) remitió un listado de juezas en estado de embarazo o lactancia, lo que motivó la exclusión temporal de ocho juezas de la tómbola para que sus plazas sean renovadas en la elección ordinaria de 2027.

Esta decisión fue aplaudida por los legisladores, quienes destacaron la importancia de proteger los derechos laborales de mujeres en maternidad.

El respeto a los derechos de la maternidad en este contexto preserva también sus derechos laborales y asegura que puedan continuar con su labor y su vida familiar.

Este enfoque confirma que un equilibrio entre la vida profesional y familiar genera beneficios importantes en materia laboral. La estabilidad emocional y la seguridad que brindan los derechos laborales, especialmente en situaciones como la maternidad, son elementos clave para el desempeño eficiente y productivo de los trabajadores.

En total, se renovarán 1,600 cargos judiciales, de los cuales más de 850 serán votados en la elección de 2025, mientras que el resto, incluidos los de las juezas en situación de maternidad, se decidirán en 2027.

La preservación de los derechos laborales de las juezas en situación de maternidad marca un precedente positivo, reflejan un compromiso por parte de las autoridades legislativas y judiciales para garantizar un entorno laboral que respete y valore la vida familiar, con un enfoque en la protección de los derechos de las trabajadoras.

El respeto hacia los derechos laborales de las juezas fortalece el sistema judicial y debe ser ejemplo positivo para otros sectores laborales en el país.

Protección a derechos laborales

La Cámara de Diputados aprobó una reforma crucial que reconoce como violencia laboral cualquier trato desigual hacia mujeres y personas gestantes debido a su embarazo o maternidad. Este tipo de conductas serán equiparadas a la discriminación y se tratarán como un delito, representando un avance en la protección de los derechos laborales de las madres trabajadoras.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), a más de 2% de las mujeres mayores de 15 años que han trabajado alguna vez, se les ha exigido una prueba de embarazo como requisito para ser contratadas, lo que equivale a casi 2.5 millones de mujeres. Más de 740,800 mujeres han enfrentado la misma exigencia para continuar en su empleo o renovar su contrato. Además, casi 272,000 fueron despedidas por embarazarse, y cerca de 144,947 vieron reducido su salario por ejercer su derecho a la maternidad.

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El dictamen aprobado también modifica el artículo 10 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), estableciendo que la afectación de los derechos relacionados con la maternidad, el embarazo y la lactancia constituye violencia laboral. El artículo 11 amplía esta protección, destacando que cualquier discriminación, distinción, exclusión o restricción por estos motivos es ilegal.

Asimismo, la reforma incluye medidas para garantizar la atención a las víctimas. Los tres niveles de gobierno deberán proporcionar atención legal y de salud integral, incluyendo servicios de salud mental, a quienes sufran discriminación o acoso sexual relacionado con su embarazo o maternidad. Se establece que las víctimas pueden recurrir a órdenes de protección emitidas por las autoridades competentes.

En el ámbito legislativo, el Senado también aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para extender el periodo de lactancia de seis meses a dos años, garantizando el derecho a la maternidad en el entorno laboral. Esta medida busca prevenir despidos de madres trabajadoras y fomentar la lactancia materna, reconociendo sus beneficios tanto para la madre como para el bebé. Las empresas estarán obligadas a proporcionar espacios adecuados para la lactancia, y se permitirá una mayor flexibilidad laboral para las trabajadoras en este periodo.

Derechos de la maternidad

Desde 1917, la Constitución Mexicana reconoció los derechos de las mujeres embarazadas, integrando en su artículo 123 el derecho a un descanso obligatorio de seis semanas antes del parto y seis semanas después. Esta disposición marcó un hito en la protección de la maternidad en el ámbito laboral, prohibiendo trabajos que pudieran poner en riesgo la salud de la madre y el bebé.

A lo largo del tiempo, el marco legal ha evolucionado para fortalecer los derechos laborales de las mujeres. La creciente participación femenina en el mercado laboral, que representa el 40.9% de la fuerza de trabajo del país según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), ha impulsado nuevas discusiones sobre los derechos laborales durante el embarazo y la maternidad.

Entre los derechos más relevantes, las trabajadoras tienen garantizado el pago de su salario íntegro durante el periodo de descanso, así como la conservación de su empleo y los derechos adquiridos en su contrato. Además, la ley contempla el derecho a dos descansos diarios para la lactancia, aplicable también a mujeres autónomas o que trabajen desde casa.

Asimismo, las empresas están obligadas a proporcionar asistencia médica y obstétrica a las trabajadoras embarazadas que lo soliciten, así como a garantizar medidas de higiene y seguridad en las instalaciones para proteger la salud de la madre y su hijo. También se prohíbe la asignación de jornadas nocturnas o extraordinarias a mujeres en estado de gestación.

El informe “Discriminación laboral por embarazo” del Early Institute revela que las trabajadoras del hogar, empleadas de fábricas y mujeres con contratos temporales son las más vulnerables a la discriminación laboral. Estas mujeres, muchas de ellas en la economía informal, enfrentan situaciones de precarización laboral, como la imposición de jornadas largas sin seguridad social o prestaciones.

El Early Institute advierte que la discriminación laboral por embarazo es consecuencia de la falta de una política de Estado integral que proteja la maternidad y la primera infancia. Hostigamiento laboral, reducción de salario, permisos restringidos para necesidades básicas y la imposición de labores peligrosas para la salud de la mujer embarazada son solo algunos de los ejemplos de las violencias que aún enfrentan estas trabajadoras.

Madres trabajadoras en México: derechos vulnerados y barreras laborales

En México, la maternidad y la lactancia se presentan como derechos humanos fundamentales que deberían estar garantizados en el ámbito laboral. Sin embargo, miles de madres trabajadoras enfrentan barreras estructurales que dificultan su plena integración en el mercado laboral, afectando tanto su capacidad para ejercer una maternidad digna como para avanzar en su desarrollo profesional.

Un estudio reciente elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Kiik Consultores revela que la maternidad sigue siendo un freno significativo para la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo dentro de las empresas. De acuerdo con la encuesta, mientras el 38% de las madres trabajadoras alcanzan puestos de mandos medios, solo el 16% logra llegar a puestos de alta dirección, en contraste con los hombres, cuya participación se mantiene estable entre el 24% y 29% en diferentes niveles jerárquicos.

Valeria Moy, directora del IMCO, destaca que uno de los factores que perpetúan estas brechas es el trato diferenciado que reciben las mujeres en el trabajo. El mismo estudio revela que el 52% de los trabajadores percibe un trato desigual hacia las mujeres. Si bien se les ofrece flexibilidad para conciliar su vida personal y profesional, esto se traduce en desventajas salariales y limitaciones para acceder a promociones o asumir nuevos proyectos. En palabras de Moy, “te damos flexibilidad, pero te castigamos con el sueldo, o no te promovemos igual que a alguien que cumple con todos los horarios”.

El estudio también pone en evidencia un problema estructural: en México hay 38 millones de madres, y, a pesar de que las mujeres jóvenes entre 20 y 29 años han alcanzado niveles educativos superiores a los de los hombres, siguen enfrentando un mercado laboral que no les ofrece empleos de calidad. Por cada 100 hombres con un empleo formal registrado ante el IMSS, solo 66 mujeres logran acceder a uno. Además, las madres de dos o más hijos ven reducidos sus ingresos en promedio, algo que no ocurre con los hombres.

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