Ciudad de México.— En los caminos invisibles del éxodo, donde el miedo es compañero constante y la esperanza se mide en pasos, miles de mujeres y niñas migrantes atraviesan México con el anhelo de una vida mejor. Muchas no llegan. Otras, cargan para siempre las heridas de una travesía marcada por la violencia, la explotación y la indiferencia.

Ante esta realidad, el Partido del Trabajo en el Senado presentó una propuesta legislativa que plantea una serie de reformas a tres leyes clave: la Ley de Migración, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se pretende garantizar una atención diferenciada a mujeres y niñas migrantes en tránsito y construir un andamiaje legal que les reconozca como sujetos de derechos, aún cuando no tengan papeles de residencia.

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Entre las acciones planteadas se contempla brindar atención médica y psicológica prioritaria. También se prevé la creación de campañas de información claras, accesibles y en múltiples formatos, que orienten a las migrantes sobre sus derechos y cómo ejercerlos.

Otro de los pilares de la propuesta es la implementación de protocolos de protección con perspectiva de género y el entrenamiento especializado del personal de seguridad que interactúa con esta población.

Además, la iniciativa establece el derecho de las mujeres y niñas migrantes a acceder a refugios seguros, atención legal y apoyo psicosocial sin importar su estatus migratorio. También incluye un reconocimiento explícito a su identidad cultural, su lengua materna y sus raíces, elementos que suelen ser borrados en el tránsito.

“La migración forzada de mujeres y niñas es reflejo de una profunda crisis humanitaria”, afirmaron los senadores.

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Ciudad de México.— La diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, presentó una iniciativa para impulsar la instalación de Centros de Educación y Cuidados Infantiles (CECI) en todo el país, que ofrezcan servicio las 24 horas, con especial atención a la primera infancia, a fin de que las los padres y madres puedan acceder a alguno de ellos, cuando su jornada laboral no les permita estar al cuidado de sus hijas o hijos.

Plantea que las autoridades federales y locales promoverán la instalación de esos centros en todo el país, con personal capacitado, condiciones y elementos suficientes y de calidad que brinden servicios de cuidado, educativos, formativos, médicos, psicológicos, nutricionales, de capacitación y de trabajo social.

Asimismo, que cumplan los requerimientos de infraestructura, recursos y funcionamiento, que garanticen su salud física y mental, e impulsen acciones para fomentar la crianza positiva dirigidas a quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda, custodia o cualquier persona que incida en el cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes.

Incluye la definición de “Primera infancia” como el período que comprende desde el desarrollo prenatal hasta los seis años, de las niñas y los niños.

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Modifica la denominación del Capítulo VII y de su Sección Primera para cambiar los términos de “Guarderías infantiles” por los de Centros de Educación y Cuidado Infantil, así como en todos los artículos en que se haga referencia a esos establecimientos.

Propone otorgar este derecho a personas no aseguradas que acrediten ingresos económicos bajos que les imposibilite pagar uno privado.

Además, que el IMSS, con apoyo del Gobierno Federal, proporcione instalaciones adecuadas y especiales, en cada estado y entidad federativa, convenientemente localizadas en relación con los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opere el régimen obligatorio.

Puntualiza que en todas las entidades federativas se necesitan los Centros de Educación y Cuidado Infantil, ya que hay millones de trabajadores que requieren de ese apoyo para estar tranquilos, sabiendo que sus hijas e hijos están en un lugar seguro. Muchas personas trabajan por las noches y no tienen un sitio confiable donde dejar a sus hijas e hijos.

La propuesta, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Seguro Social, fue turnada a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Seguridad Social para su estudio y dictamen.

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Ciudad de México.— En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, invitó a participar en La Marcha para Jesús, programada para el próximo 19 de abril, sábado de gloria, con recorrido desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino en la Ciudad de México.

Acompañado por un grupo de pastores y organizadores del evento, el legislador afirmó que la movilización busca dar visibilidad a millones de personas que profesan la fe cristiana. “Aquí en este foro se realizan conferencias de prensa para pedir apoyo a productores, para impulsar causas sociales. Pues estamos haciendo lo mismo. Lo que todos hacen. La diferencia es que no quieren visibilizarnos”, expresó Flores Cervantes.

El diputado morenista subrayó su derecho a ejercer la libertad de expresión y de creencia, y señaló que existe un intento sistemático por relegar a las iglesias del espacio público. “Se ha tratado de invisibilizar a las iglesias y eso está completamente equivocado. Tenemos derechos constitucionales. Por eso aquí estoy, ejerciendo mi derecho”, indicó.

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Flores Cervantes describió la marcha como un acto de testimonio público y colectivo. “Somos millones de personas que procesamos la fe cristiana. Vamos a dar testimonio de quién nos cambió a nosotros. Por eso digo que la marcha sí cambia: porque nuestra fe en Jesús nos cambió. Y queremos hacerla pública, porque queremos que esta fe cambie a México”, dijo.

El legislador aseguró que la convocatoria no tiene tintes partidistas ni electorales, sino que responde a una convicción espiritual compartida por un amplio sector de la sociedad mexicana.

“Muy agradecidos primeramente con Dios, son de esas cosas que, además como legislador federal, siempre me va a dar mucho gusto anunciar, promover, apoyar”, Finalizó el morenista.

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Monterrey.- En un hecho inédito en la historia del Poder Judicial, Sergio Javier Molina, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se convirtió en el primer candidato en firmar públicamente compromisos con la ciudadanía en su camino hacia el máximo tribunal del país.

Molina Martínez, quien cuenta con una trayectoria destacada en la Judicatura Federal y en el ámbito académico, reunió a jueces, magistrados y miembros de la sociedad civil en un acto simbólico donde reiteró su intención de acercar la justicia al pueblo de México.

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“No se trata solo de una campaña, se trata de caminar con la ciudadanía también desde la Corte”, expresó el candidato durante el evento.

Justicia social accesible para todos

Entre sus compromisos más destacados, el candidato subrayó la necesidad de una justicia social accesible para todos, libre de formalismos excesivos y de privilegios.

Esta visión, dijo, será la columna vertebral de su labor si logra ser electo el próximo 1 de junio.

Tras su arranque en Monterrey, Molina viajó a Saltillo, Coahuila, ciudad que conoce bien por haber ejercido su labor judicial en la región durante varios años.

En la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), ofreció una conferencia sobre la relevancia de la justicia social dentro del contexto de la reforma laboral, tema en el que ha sido un impulsor desde sus funciones previas como asesor y funcionario del Consejo de la Judicatura Federal.

La trayectoria de Sergio Molina

Sergio Molina ha dedicado más de dos décadas a fortalecer el sistema judicial mexicano.

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con estudios de posgrado en administración judicial y ha participado en la implementación de reformas clave en el Poder Judicial.

Su experiencia abarca desde cargos como secretario de estudio y cuenta en la SCJN, hasta asesor de política judicial y coordinador de desarrollo institucional en el Consejo de la Judicatura Federal.

Durante sus actividades en Monterrey y Saltillo, Molina ofreció entrevistas a medios locales, donde llamó a la ciudadanía a no permanecer como simples observadores del proceso judicial.

“Los jueces cambian la realidad de las personas todos los días. Sus decisiones afectan casos de herencias, pensiones, divorcios, despidos y muchas situaciones más”, señaló.

Su campaña se enmarca en el nuevo modelo de elección ciudadana de jueces federales, un ejercicio democrático sin precedentes en México que busca abrir las puertas del Poder Judicial a la participación activa de la población.

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