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Prisión de Coahuila, un búnker de ‘Los Zetas’

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México.— Las autoridades del estado de Coahuila conocían que el cártel de “Los Zetas” usaba instalaciones públicas como la cárcel del municipio Piedras Negras para acometer asesinatos, torturas y otras actividades criminales, reveló hoy un informe.

“Lo que ocurría en ese penal era un campo de exterminio subsidiado por el estado a solo 6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos”, explicó Jacobo Dayán, uno de los autores de “El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011”, presentado este miércoles en la ciudad de México y que señala la “responsabilidad por acción u omisión” de funcionarios estatales en esos crímenes.

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Los hechos se remontan a 2010, cuando la cárcel mencionada se encontraba bajo el control total de “Los Zetas”, que sometían al resto de presos a su voluntad, decidían horarios de visita, comerciaban con droga, reclutaban sicarios y salían de la prisión cuando así lo deseaban.

“Quienes violaban sus normas eran torturados en la zona de máxima seguridad del penal”, aseguró Dayán, quien afirmó que tanto reclusos como habitantes de las zonas aledañas eran asesinados y quemados dentro de la cárcel o en instalaciones públicas cercanas como un basurero municipal o un campo de fútbol.

Otro de los autores del informe, Sergio Aguayo, aseguró que el gobierno del estado de Coahuila, “protegía la prisión y no dejaba entrar al Gobierno federal sin el permiso del director del centro, que era nombrado por Los Zetas”.

Asimismo, el informe investiga la ola de violencia desatada por “Los Zetas” en Piedras Negras, Allende y otros municipios del norte de Coahuila entre el 18 y el 21 de marzo de 2011, que se cobró la vida de decenas de personas – no existen cifras oficiales – y fue silenciada por las autoridades del estado.

Según la investigación, Estados Unidos tuvo responsabilidad en esta ola de violencia puesto que alguien del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) informó a la cúpula de “Los Zetas” que habían sido delatados por un lugarteniente de Coahuila.

Como venganza, la agrupación asesinó en la región a hombres, mujeres y niños. Las autoridades de Coahuila tuvieron conocimiento de ello, puesto que recibieron 100 llamadas reportando incendios, muchos de ellos fruto de la quema de personas, señala el informe.

Tanto las ejecuciones en el penal como la violencia desatada en la región demuestran que lo que vivió el norte de Coahuila entre 2010 y 2011 “no fueron hechos aislados, sino una red de crimen organizado” de la que “funcionarios del estado hicieron caso omiso”, concluyeron los autores.

El actual responsable de derechos humanos de Coahuila, Federico Garza, sostuvo que el Ejecutivo del estado ha investigado los hechos durante los últimos seis años y recordó que, en la actualidad, la prisión de Piedras Negras tiene la tercera mejor puntuación de todo México.

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Sin embargo, muchos de los procesos penales derivados del crimen organizado durante aquellos años “están contaminados de múltiples errores”, denunció Ariana García, miembro de la Asociación Familias Unidas.

El estado de Coahuila no participó en el auxilio de las familias y entregó actas de defunción con errores de identificación, denunció.

Por ello, García expresó la necesidad de que el Gobierno federal asuma la investigación y haga pagar a “los que no cumplieron con su deber de proteger a los ciudadanos”.

Un estudio de la Universidad de Texas denunció hace dos semanas que los estrechos vínculos entre el cártel de “Los Zetas” y funcionarios de Coahuila facilitaron la violación y abusos a derechos humanos.

Formado en 1999 con militares desertores, Los Zetas nacieron como un brazo armado del Cártel del Golfo, pero en marzo de 2010 rompieron con esa organización y desde entonces han perpetrado numerosas matanzas en su lucha por ganar territorios.

Entre ellas, la masacre de 72 indocumentados en el municipio de San Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010 y el asesinato en 2011 de 27 campesinos en la región guatemalteca de Petén. (Con información de EFE)

AGP



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Ibero Puebla consigue precedente judicial para proteger a hijos de madres desaparecidas

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La IBERO Puebla consigue precedente judicial para proteger derechos de niñas
Foto pIXABAY

Puebla.— La Ibero Puebla logró una sentencia histórica para garantizar que los hijos de madres desaparecidas cuenten con la seguridad social para su protección en ese rubro.

La Clínica Jurídica Minerva Calderón obtuvo una sentencia histórica del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo en Puebla que asegura la atención médica y afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social a una niña, cuya madre se encuentra desaparecida, al reconocer que el cuidado y custodia que realizan sus abuelas, es equiparable al vinculo de padres/madres a hijos exigido por la legislación de seguridad social para la afiliación.

La resolución señala que la falta de legislación sobre declaración de ausencia en Puebla no debe ser una justificación de las autoridades para negar derechos y que la desaparición genera dinámicas familiares que trasladan las labores de cuidado y custodia a las abuelas buscadoras.

LEE “MAX” nos presenta una gran lección de humanidad: P. José Luis Calvillo

En este caso concreto, las abuelas son las personas que asumen conjuntamente el cuidado de su nieta. Esto evidencia que la desaparición, además de las cuestiones de búsqueda y acceso a la justicia, produce múltiples impactos en los proyectos de vida, en la conformación de las familias y en los roles, en esquemas de custodia compartida, entre otras

La decisión evidencia la deuda del Estado con las personas desaparecidas y sus familiares. Actualmente, alrededor de 15 entidades federativas no cuentan con declaración especial de ausencia, lo que impide contar con una figura que, reconociendo la presunción de vida, garantice la custodia de niñas niños y adolescentes, además de proteger derechos y bienes de las personas desaparecidas.

“Por ello, este precedente resulta esperanzador para miles de familias en el país en cuyas entidades federativas no existe el procedimiento de declaración de ausencia”, finalizó.

Siete24 en redes sociales

ebv

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Mexicanos son heridos cuando pretendían cruzar la frontera con Estados Unidos

El personal de Grupo Beta y elementos de auxilio y rescate iniciaron el ascenso hasta el punto donde fueron atacadas.

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INM

Baja california.- Elementos de Grupo Beta Tecate del Instituto Nacional de Migración (INM), auxilió a 11 personas mexicanas que lograron salir del Cerro de Cuchumá tras ser atacados con armas de fuego.

Rescataron a un herido y localizaron el cuerpo de dos fallecidos que viajaban en este grupo que buscaban llegar a Estados Unidos.

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El Centro de Control, Comando, Comunicación (C4) de la ciudad de Tecate, Grupo Beta se trasladó a la falda del cerro, donde se encontraban 11 connacionales.

Mismos que informaron de un lesionado y dos más que habrían perdido la vida.

El personal de Grupo Beta Tecate y elementos de diferentes corporaciones de auxilio y rescate iniciaron el ascenso hasta el punto donde fueron atacadas.

En el punto; se localizó a un hombre herido por arma de fuego y a dos más sin signos vitales, los tres de nacionalidad mexicana.

De los 11 que pudieron salir de la zona serrana, dos mujeres fueron trasladadas a centros de salud cercanos para ser atendidas por impacto de bala.

ARH

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