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Prisión de Coahuila, un búnker de ‘Los Zetas’
México.— Las autoridades del estado de Coahuila conocían que el cártel de “Los Zetas” usaba instalaciones públicas como la cárcel del municipio Piedras Negras para acometer asesinatos, torturas y otras actividades criminales, reveló hoy un informe.
“Lo que ocurría en ese penal era un campo de exterminio subsidiado por el estado a solo 6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos”, explicó Jacobo Dayán, uno de los autores de “El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011”, presentado este miércoles en la ciudad de México y que señala la “responsabilidad por acción u omisión” de funcionarios estatales en esos crímenes.
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Los hechos se remontan a 2010, cuando la cárcel mencionada se encontraba bajo el control total de “Los Zetas”, que sometían al resto de presos a su voluntad, decidían horarios de visita, comerciaban con droga, reclutaban sicarios y salían de la prisión cuando así lo deseaban.
“Quienes violaban sus normas eran torturados en la zona de máxima seguridad del penal”, aseguró Dayán, quien afirmó que tanto reclusos como habitantes de las zonas aledañas eran asesinados y quemados dentro de la cárcel o en instalaciones públicas cercanas como un basurero municipal o un campo de fútbol.
Otro de los autores del informe, Sergio Aguayo, aseguró que el gobierno del estado de Coahuila, “protegía la prisión y no dejaba entrar al Gobierno federal sin el permiso del director del centro, que era nombrado por Los Zetas”.
Asimismo, el informe investiga la ola de violencia desatada por “Los Zetas” en Piedras Negras, Allende y otros municipios del norte de Coahuila entre el 18 y el 21 de marzo de 2011, que se cobró la vida de decenas de personas – no existen cifras oficiales – y fue silenciada por las autoridades del estado.
Según la investigación, Estados Unidos tuvo responsabilidad en esta ola de violencia puesto que alguien del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) informó a la cúpula de “Los Zetas” que habían sido delatados por un lugarteniente de Coahuila.
Como venganza, la agrupación asesinó en la región a hombres, mujeres y niños. Las autoridades de Coahuila tuvieron conocimiento de ello, puesto que recibieron 100 llamadas reportando incendios, muchos de ellos fruto de la quema de personas, señala el informe.
Tanto las ejecuciones en el penal como la violencia desatada en la región demuestran que lo que vivió el norte de Coahuila entre 2010 y 2011 “no fueron hechos aislados, sino una red de crimen organizado” de la que “funcionarios del estado hicieron caso omiso”, concluyeron los autores.
El actual responsable de derechos humanos de Coahuila, Federico Garza, sostuvo que el Ejecutivo del estado ha investigado los hechos durante los últimos seis años y recordó que, en la actualidad, la prisión de Piedras Negras tiene la tercera mejor puntuación de todo México.
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Sin embargo, muchos de los procesos penales derivados del crimen organizado durante aquellos años “están contaminados de múltiples errores”, denunció Ariana García, miembro de la Asociación Familias Unidas.
El estado de Coahuila no participó en el auxilio de las familias y entregó actas de defunción con errores de identificación, denunció.
Por ello, García expresó la necesidad de que el Gobierno federal asuma la investigación y haga pagar a “los que no cumplieron con su deber de proteger a los ciudadanos”.
Un estudio de la Universidad de Texas denunció hace dos semanas que los estrechos vínculos entre el cártel de “Los Zetas” y funcionarios de Coahuila facilitaron la violación y abusos a derechos humanos.
Formado en 1999 con militares desertores, Los Zetas nacieron como un brazo armado del Cártel del Golfo, pero en marzo de 2010 rompieron con esa organización y desde entonces han perpetrado numerosas matanzas en su lucha por ganar territorios.
Entre ellas, la masacre de 72 indocumentados en el municipio de San Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010 y el asesinato en 2011 de 27 campesinos en la región guatemalteca de Petén. (Con información de EFE)
AGP
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Destacan importancia de la familia en restablecimiento de la paz en Zacatecas
Zacatecas.— Durante tres semanas, más de 6 mil niñas y niños, jóvenes, padres de familia y maestros de los municipios zacatecanos de: Pinos, Loreto, Trancoso, Río Grande, Fresnillo, Zacatecas, Tlaltenango, Florencia de Benito Juárez, Atolinga, Jerez, Nochistlán, Jalpa, Valparaíso y Guadalupe participaron en los foros “Trabajemos Juntos por la Paz”.
Fue un espacio de diálogo para informar a los zacatecanos sobre el peligro de las drogas y las células de delictivas, además, la importancia de la familia en el restablecimiento de la seguridad y la tranquilidad social.
“El objetivo de estas pláticas es tener información y herramientas que nos puedan ayudar a recuperar la paz desde el tejido social, desde nuestro núcleo más importante que es el de la familia”, explicó la senadora Geovanna Bañuelos.
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Asimismo, la legisladora por Zacatecas, resaltó la importancia de la prevención para evitar que las niñas, niños y adolescentes se involucren con las drogas y sean reclutados por el crimen organizado y aseguró que ambos factores inciden en la salud mental.
En su momento, el Presidente Municipal de Nochistlán, José Manuel Jiménez Fuentes les pidió a los jóvenes ser personas de bien.
“No están solos. Sé que están muy vulnerables, las escuelas están muy acechadas, está la inseguridad a todo lo que da, por favor, déjense guiar de sus papás, de sus maestros, de sus amigos, de su conciencia. Cuando les lleguen con malas propuestas, por favor piénselo dos veces. Jovencitos, están comenzando a vivir ustedes, fíjense, cuídense lo más que puedan, no se junten con personas que consuman drogas”.
Por su parte, Eleuterio Ramos Leal, presidente de Valparaíso, resaltó el esfuerzo en conjunto de todos los sectores que participaron en la realización de los foros “Trabajemos Juntos por la Paz”.
ebv
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Obispos de México piden a las autoridades mantener el Estado de derecho ante el crimen organizado
Ciudad de México.— La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su profundo dolor e indignación por la inseguridad y en incertidumbre que sufre la comunidad de Santa Anita, en el municipio de Guachochi, Chihuahua.
Recordar que la víspera se registró un enfrentamiento entre grupos armados en las inmediaciones de una iglesia ubicada en la comunidad de Santa Anita, Guachochi.
“En medio de tanta muerte y crimen que se vive en el país, condenamos públicamente esta situación y exigimos cese la violencia”, indicó la Conferencia del Episcopado.
En ese sentido, la Iglesia pidió a las autoridades de todos los niveles, mantener la estabilidad nacional y el Estado de derecho ante el crimen organizado.
“Pedimos a Dios que toque el corazón de quien hace daño a su comunidad y a la Santísima Virgen de Guadalupe Reina de la Paz nos acompañe en estos momentos de violencia”, puntualizó.
EN NOMBRE DE DIOS, DEJEN LAS ARMAS
Luego de un enfrentamiento afuera de la iglesia de Santa Anita, Guachochi, el padre Enrique Urzúa compartió fotografías de los daños ocasionados al templo e imágenes.
“El templo está completamente balaceado por dentro y por fuera”, dijo en un video publicado en redes sociales.
Se observan vidrios rotos de un cuadro de la virgen de Guadalupe, orificios de bala en una figura de cerámica de Jesucristo que está en una cruz.
El padre Urzúa imploró que la violencia se detenga y pidió que las autoridades garanticen la seguridad en la comunidad.
“Les ruego, les imploro en nombre de Dios, que dejen las armas, que dejen de lastimar a nuestra comunidad, a nuestras comunidades. Somos hermanos del mismo pueblo, de esta misma patria. Esto no es justo, no es correcto han lastimado lo más sagrado de una comunidad, su templo”.
ebv