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Prisión de Coahuila, un búnker de ‘Los Zetas’

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México.— Las autoridades del estado de Coahuila conocían que el cártel de “Los Zetas” usaba instalaciones públicas como la cárcel del municipio Piedras Negras para acometer asesinatos, torturas y otras actividades criminales, reveló hoy un informe.

“Lo que ocurría en ese penal era un campo de exterminio subsidiado por el estado a solo 6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos”, explicó Jacobo Dayán, uno de los autores de “El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011”, presentado este miércoles en la ciudad de México y que señala la “responsabilidad por acción u omisión” de funcionarios estatales en esos crímenes.

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Los hechos se remontan a 2010, cuando la cárcel mencionada se encontraba bajo el control total de “Los Zetas”, que sometían al resto de presos a su voluntad, decidían horarios de visita, comerciaban con droga, reclutaban sicarios y salían de la prisión cuando así lo deseaban.

“Quienes violaban sus normas eran torturados en la zona de máxima seguridad del penal”, aseguró Dayán, quien afirmó que tanto reclusos como habitantes de las zonas aledañas eran asesinados y quemados dentro de la cárcel o en instalaciones públicas cercanas como un basurero municipal o un campo de fútbol.

Otro de los autores del informe, Sergio Aguayo, aseguró que el gobierno del estado de Coahuila, “protegía la prisión y no dejaba entrar al Gobierno federal sin el permiso del director del centro, que era nombrado por Los Zetas”.

Asimismo, el informe investiga la ola de violencia desatada por “Los Zetas” en Piedras Negras, Allende y otros municipios del norte de Coahuila entre el 18 y el 21 de marzo de 2011, que se cobró la vida de decenas de personas – no existen cifras oficiales – y fue silenciada por las autoridades del estado.

Según la investigación, Estados Unidos tuvo responsabilidad en esta ola de violencia puesto que alguien del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) informó a la cúpula de “Los Zetas” que habían sido delatados por un lugarteniente de Coahuila.

Como venganza, la agrupación asesinó en la región a hombres, mujeres y niños. Las autoridades de Coahuila tuvieron conocimiento de ello, puesto que recibieron 100 llamadas reportando incendios, muchos de ellos fruto de la quema de personas, señala el informe.

Tanto las ejecuciones en el penal como la violencia desatada en la región demuestran que lo que vivió el norte de Coahuila entre 2010 y 2011 “no fueron hechos aislados, sino una red de crimen organizado” de la que “funcionarios del estado hicieron caso omiso”, concluyeron los autores.

El actual responsable de derechos humanos de Coahuila, Federico Garza, sostuvo que el Ejecutivo del estado ha investigado los hechos durante los últimos seis años y recordó que, en la actualidad, la prisión de Piedras Negras tiene la tercera mejor puntuación de todo México.

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Sin embargo, muchos de los procesos penales derivados del crimen organizado durante aquellos años “están contaminados de múltiples errores”, denunció Ariana García, miembro de la Asociación Familias Unidas.

El estado de Coahuila no participó en el auxilio de las familias y entregó actas de defunción con errores de identificación, denunció.

Por ello, García expresó la necesidad de que el Gobierno federal asuma la investigación y haga pagar a “los que no cumplieron con su deber de proteger a los ciudadanos”.

Un estudio de la Universidad de Texas denunció hace dos semanas que los estrechos vínculos entre el cártel de “Los Zetas” y funcionarios de Coahuila facilitaron la violación y abusos a derechos humanos.

Formado en 1999 con militares desertores, Los Zetas nacieron como un brazo armado del Cártel del Golfo, pero en marzo de 2010 rompieron con esa organización y desde entonces han perpetrado numerosas matanzas en su lucha por ganar territorios.

Entre ellas, la masacre de 72 indocumentados en el municipio de San Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010 y el asesinato en 2011 de 27 campesinos en la región guatemalteca de Petén. (Con información de EFE)

AGP



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Cobertura especial coronavirus

Detectan 87 casos de Covid-19 en adultos mayores vacunados

Juan Antonio Dávalos

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Detectan 87 casos de Covid-19 en adultos mayores vacunados. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud de Guanajuato reveló que 87 adultos mayores fueron detectados con Covid-19 a pesar de que recibieron la vacuna contra el corinavirus.

El organismo gubernamental informó que 76 personas ya habían recibido la primera dosis del antígeno, mientras que otras 11 ya contaban con el esquema completo.

Juan Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública, indicó que en León, Irapuato y Celaya fue donde se detectaron los 87 casos.

“Identificamos, por ejemplo, que en plataforma había 76 casos de pacientes que habían recibido una dosis de vacuna contra el COVID y que habían salido como tales confirmados”.

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“Creo que esta parte es muy importante que la comentemos, lo que representa un 13%. Aquellos que habían recibido dos dosis, también encontramos 11 casos confirmados a COVID”.

“Es muy importante que a pesar que hayan sido casos confirmados e identificados, estamos hablando de un total de 87 de Covid”, señaló Gastelum en entrevista para TV4.

El funcionario reveló que los nuevos casos de Covid se presentaron en personas de entre 60 y 69 años de edad.

Sánchez Gastelum recordó que aunque la vacuna protege y previene el riesgo de que se agrave la enfermedad, las personas aún pueden contagiarse.

“A pesar de que estemos vacunados, en algún momento seguimos teniendo cierto riesgo. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones y obviamente seguirnos cuidando”, agregó.

“Esto no nos exime de que en ningún momento podamos, a pesar de no enfermar de gravedad y no fallecer, qué es lo que queremos evitar, en algún punto también podemos contagiar”, sentenció.

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Gobierno de Aureoles reprueba atentado a puesto de vacunación

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Por Magdalena Alonso Ríos /Corresponsal

Morelia, Michoacán.- El Gobierno del Estado reprueba enérgicamente la agresión de la que fue objeto esta tarde una brigada de vacunación contra COVID-19, mediante detonaciones de armas de fuego, en el municipio de Tangancícuaro.

La agresión, ocurrida en la carretera que une los poblados de Patamban y Ruiz Cortines, será denunciada penalmente ante la autoridad correspondiente, para que se lleven a cabo las investigaciones que permitan dar con los responsables de estos condenables actos.

Este hecho no sólo atentó contra el personal militar que escoltaba a la brigada de vacunación, sino contra el Plan Nacional de Vacunación que solo busca proteger a la población más vulnerable, como son los adultos mayores de 60 años.

Gracias a la rápida acción del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, el personal médico y los brigadistas lograron salir ilesos del punto donde se registró el enfrentamiento para ponerse a salvo.

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emc

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