Ciudad de México.— En el Senado de la República se llevó a cabo un conversatorio en el que integrantes de la Red Global de Jóvenes Oportunidad (GOYN) compartieron sus experiencias de éxito con niñas, niños y adolescentes.

La senadora del PAN, Adriana Guadalupe Valadez Jurado, dijo que el encuentro tuvo el objetivo de motivar a las infancias de México a defender sus derechos, para que los tres poderes escuchen su voz y se diseñen las políticas públicas para garantizar su bienestar.

El conversatorio “Empoderamiento de niñas, niños y adolescentes: experiencias desde su voz”, es un ejercicio en el que un grupo de jóvenes exitosos compartió sus experiencias con los menores, ya que ellos iniciaron su labor social desde temprana edad y ahora, en su vida adulta, son representantes de la sociedad civil.

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Valadez Jurado, integrante de la Comisión de Educación, afirmó que el país cambiará cuando la sociedad participe más y los niños, dijo, tienen el mismo derecho que los adultos a ser escuchados.

La legisladora del PAN instó a los niños, niñas y adolescentes a alcanzar sus sueños, pero sobre todo a defender sus derechos, pues consideró que desde el hogar se debe empezar por respetarlos. Con ello, se podrá transformar el entorno con un enfoque de congruencia y empatía por los demás.

La Red Global de Jóvenes Oportunidad (GOYN) está conformada por organizaciones de la sociedad civil, sector privado, instituciones de gobierno y jóvenes, comprometida con mejorar sus oportunidades laborales y económicas.

Niños, niñas y adolescentes del Colegio André Lapierre y de la Escuela Bancaria Comercial preguntaron a los ponentes ¿qué deseaban ser de grandes cuando eran pequeños?, ¿si tuvieran una máquina de tiempo qué cambiarían de su vida?, ¿por qué decidieron ayudar a los niños?, ¿creen que se puedan eliminar las desigualdades que viven los niños y adolescentes?, entre otras.

Julieta Martínez, de Red Global de Jóvenes Oportunidad, Chile, compartió su experiencia de vida durante la dictadura chilena, en donde los derechos de las personas no eran respetados, por lo que buscó tener acceso a la información y trabajar por alcanzar las garantías de las personas, sobre todo a la educación.

Iyari Balderas Cruz, activista de GOYN, pidió a los menores a no rendirse y crear una comunidad que les pueda apoyar y consolidar sus proyectos, para que logren sus metas, tomen el poder y ayuden a México.

Jaqueline García, promotora y defensora de los derechos laborales y educativos de la juventud y coordinadora de inclusión económica de la Red Global de Jóvenes Oportunidad, dijo que están listos para proteger a los menores y asegurar que su niñez sea feliz, para que a lo largo de sus días puedan tomar decisiones desde la libertad de lo que quieren llegar a ser.

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Ciudad de México.— La Cámara de Senadores aprobó, en lo general, el proyecto por el que se reforma la Ley de Amparo, para que en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijen efectos generales.

En el dictamen avalado, se destaca que se trata de una medida que permitirá garantizar el respeto irrestricto a la separación de poderes y, fundamentalmente, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.

También se subraya en el documento que el Juicio de Amparo es un medio de control constitucional contra los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder.

Y que esta figura tiene por objeto proteger los derechos humanos y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuando estos son violados por normas generales, actos u omisiones de autoridad o de particulares señalados en la Ley.

El proyecto acota que no debe ser utilizada como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro.

La propuesta fue avalada con 69 votos a favor, 42 votos en contra y cero abstenciones en lo general.

Adiciona un último párrafo al artículo 148 y deroga el último párrafo del artículo 129 de dicho ordenamiento para eliminar la facultad del órgano jurisdiccional de amparo, en aquellos casos que excepcionalmente concedía la suspensión, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pudiera causarse mayor afectación al interés social.

En el dictamen, también se menciona que no existe una justificación en la norma constitucional para que la suspensión, sea provisional o definitiva, deba tener efectos generales.

En ese sentido, se argumenta que estas suspensiones sólo deben abarcar en sus efectos a la parte quejosa, a partir de la cual se hace la valoración y no así a favor de toda la colectividad, pues, en una sociedad con intereses tan diversos, sería complicado asumir que efectivamente una determinación atiende al interés general.

De conformidad con lo dispuesto en el texto constitucional, se agrega, una sentencia que estudia y analiza la constitucionalidad de la Ley o acto impugnado no puede concederse con efectos generales, menos lo podría hacer una suspensión, ya que se entendería que se estaría prejuzgando el fondo del asunto, lo cual atenta contra la naturaleza del juicio de amparo.

“Por tanto, la modulación para el otorgamiento de la suspensión, provisional o definitiva, no puede estar sujeta a la discrecionalidad de la autoridad jurisdiccional, cuando en todo acto de autoridad, debe privar el principio de seguridad y certeza jurídica”, subraya el texto.

COMPROMISO

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero, afirmó que la aprobación de este producto legislativo refrenda el compromiso de que las leyes reglamentarias estén acorde con la Constitución; “no estamos afectando derechos, ni haciendo una regresión en las garantías”, sostuvo.

DICTADURA DE LA TOGA

El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila aseveró que esta reforma busca evitar “el abuso de la dictadura de la toga”, que genera una gran discrecionalidad en sus asuntos y vulnera el principio de legalidad al que deben estar sujetos; “los límites que ahora estamos estableciendo en la Ley de Amparo son, precisamente, para eliminar esa excesiva discrecionalidad de jueces”, asentó.

ABUSO

El senador del PAN Julen Rementería del Puerto argumentó que la aprobación de esta reforma es “un abuso”, ya que elimina la posibilidad de que los ciudadanos puedan recibir el amparo de la justicia federal, respecto a cualquier acción de la autoridad que los afecte.

QUITA DERECHOS

La senadora de Acción Nacional Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, , denunció que, con esta reforma, Morena busca eliminar el derecho de los ciudadanos a protegerse ante las decisiones de las autoridades; “dejen de quitarle derechos a los mexicanos y permítanles a los ciudadanos de México que puedan defenderse de las autoridades”, demandó.

DESPROTECCIÓN

La senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez dijo que es necesario buscar alternativas que fortalezcan la justicia, porque esta reforma sólo demuestra que los proyectos gubernamentales se encuentran por encima de los derechos humanos, ya que “deja desprotegidos a aquellos más vulnerables, que no pueden defenderse adecuadamente en un juicio de amparo”.

NO DAR MAS PODER

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, consideró que con esta reforma se le da cierto margen de discrecionalidad al Ejecutivo, por encima de la protección de los derechos individuales o de los que pueden tener un carácter colectivo. “El amparo está pensado para empoderar a las personas, no para darle más poder al poder”, subrayó.

REGRESIÓN AUTORITARIA

Por el PRD, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria advirtió que esta reforma es “la cereza en el pastel de la regresión autoritaria”, ya que el amparo es una institución para tutelar derechos, por lo que reducir sus efectos es un acto regresivo que limita las garantías; “lo que debe saber la gente es que este es el intento de Plan C por la puerta de atrás”, acotó.

Ciudad de México.— Senadores del Partido Acción Nacional presentarán ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del exministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, por las acusaciones de construir una red de extorsión e intimidación contra jueces y magistrados para beneficiar a la Presidencia de la República.

En conferencia de prensa, encabezada por la senadora Kenia López Rabadán, los panistas sostuvieron que Arturo Zaldívar antepuso los intereses del Presidente a los del pueblo de México en busca de impunidad.

“La investigación que está realizando el Consejo de la Judicatura Federal en su contra se debe a una denuncia legítima que muestra una red de coacción a jueces y magistrados”, indicó López Rabadán.

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Acompañada por las senadoras Josefina Vázquez Mota, Alejandra Reynoso Sánchez, Adriana Jurado Valadez, Mayuli Latifa Martínez Simón, Estrella Rojas Loreto y Gina Andrea Cruz Blackledge, así como por el senador Juan Francisco Larios Esparza, López Rabadán afirmó que esta red de extorsión y de intimidación buscaba beneficiar al gobierno de López Obrador.

“El mismo Presidente de la República dijo desde Palacio Nacional que Zaldívar le hacía el trabajo sucio cuando las resoluciones no le eran favorables. ‘Él ayudaba’, dijo. Y todos sabemos que, a confesión de parte, relevo de prueba”, subrayó.

El exministro, indicó, renunció a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para “irse de matraquero de la señora Sheinbaum” y abandonó su responsabilidad como juzgador en busca de impunidad.

La legisladora federal explicó que Zaldívar dejó su cargo en noviembre pasado y, de acuerdo con el artículo 114 constitucional, el juicio político puede presentarse dentro de un año después de haber salido de su encargo.

“Hoy queda claro: o estás de lado de la corrupción, del exministro brabucón, de la ‘corcholata’ que miente y del gobierno que quiere destruir al Poder Judicial. O estás de lado de la justicia, del bien para los mexicanos, de la ministra presidenta valiente y de la candidata de la verdad”, remató.

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Ciudad de México.— Con el objetivo de prevenir posibles riesgos para la salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a la población sobre la falsificación y comercialización ilegal de Restylane Kysse, dispositivo médico utilizado en procedimientos estéticos de relleno labial.

La empresa titular del registro sanitario notificó que el producto falsificado presenta varias anomalías: la caja muestra el número de lote 16787-9 y fecha de caducidad 2026-01-10; errores ortográficos; además, ostenta sello de originalidad y código QR falsos.

Asimismo, la jeringa tiene tamaño menor al original y el empaque que la resguarda señala el lote 14482-1 y carece de fecha de caducidad.

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Por lo anterior, Cofepris recomendó a clínicas de belleza y otros establecimientos donde se comercializa este dispositivo, que antes de adquirirlo verifiquen que el distribuidor esté autorizado y validado por el fabricante.

Además, el distribuidor debe contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento expedidos por Cofepris, y demostrar la legalidad de la adquisición del producto.

La comercialización del producto falsificado, a través de redes sociales y sitios de internet, así como su distribución mediante servicios de paquetería nacionales e internacionales incumplen lo establecido en la Ley General de Salud, por lo que esta autoridad impondrá sanciones que pueden incluir multas y clausuras temporales o definitivas.

Asimismo, antes de utilizar Restylane Kysse (gel con lidocaína), se deberá verificar que los números de lote en la caja y el empaque de la jeringa no coincidan con los aquí mencionados.

En caso de existir cualquier problema de calidad o incidente adverso relacionado con el uso Restylane Kysse u otros dispositivos médicos, se invita a reportarlo en el Sistema en línea de notificación de incidentes adversos de dispositivos médicos.

Cofepris continúa informando en caso de identificar nuevas evidencias sobre este dispositivo que puedan representar un riesgo para la salud. Además, mantiene estricta vigilancia para prevenir que los medicamentos e insumos sanitarios, así como los establecimientos regulados por esta autoridad, incumplan la legislación sanitaria.

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