México
Reforma Judicial amenaza la armonía entre Poderes y el Marco Legal: CEM
La Conferencia recordó que la doctrina social de la Iglesia sostiene que la autoridad debe ejercerse como un servicio al bien común.
Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su profunda preocupación ante la reforma judicial en curso, señalando que esta situación agudiza una polarización sin precedentes en torno al marco legal y la armonía entre los diferentes poderes del país.
En un pronunciamiento oficial, la CEM instó al Poder Legislativo a llevar a cabo una discusión más amplia y detallada sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial.
Destacaron la importancia del principio de subsidiariedad, que promueve la participación de todos los actores sociales en decisiones que afectan a la comunidad. En este contexto, enfatizaron la necesidad de:
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Considerar a todas las fuerzas políticas representadas.
Escuchar a especialistas en Derecho Constitucional.
Incluir las voces de la sociedad civil organizada.
Respetar el principio de participación democrática.
Preservar el bien común por encima de intereses particulares.
La CEM subrayó que, aunque se respeta el Estado de Derecho, la reforma judicial no solo representa una necesidad política, sino también una exigencia ética fundamental que deriva de la dignidad humana y del bien común.
En su mensaje, la Conferencia recordó que la doctrina social de la Iglesia sostiene que la autoridad debe ejercerse como un servicio al bien común, y que el poder tiene límites morales y legales.
Además, resaltaron que la participación ciudadana es tanto un derecho como un deber y que la solidaridad es esencial para la paz social.
La CEM hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales a recuperar el diálogo constructivo como una herramienta esencial, fortalecer las instituciones democráticas, y trabajar por la justicia social y el desarrollo integral, siempre protegiendo la dignidad de cada persona.
Asimismo, advirtieron que la falta de diálogo y acuerdo entre los diversos poderes del Estado respecto a las disposiciones judiciales podría generar graves consecuencias para la convivencia social y el orden institucional.
Mismo que compromete la confianza en el país y amenazando la estabilidad del Estado de Derecho.
ARH