México.— Gobernadores de Coahuila y Veracruz recibieron dinero de Los Zetas para mantener el control de territorios, denunció un estudio de la Universidad de Texas.

En concreto señala a los gobiernos de los hermanos Rubén y Humberto Moreira en Coahuila y Fidel Herrera Beltrán en Veracruz, los tres llegados al poder bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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El informe documenta los abusos a los derechos humanos que son mencionados en las declaraciones de los testigos, incluyendo las desapariciones y los asesinatos masivos en marzo y abril del 2011 durante lo que se conoce como las masacres de Piedras Negras y Allende.

“Control… sobre todo el estado de Coahuila’: Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas” documenta los nexos entre el crimen organizado y autoridades e instituciones públicas en Coahuila.

Ello a partir de las declaraciones de 24 testigos en tres juicios federales contra integrantes de Los Zetas que se realizaron en San Antonio, Austin y Del Rio entre 2013 y 2016.

“Las dos conclusiones principales que surgen de los testimonios son que el cártel de Los Zetas cometió numerosos abusos a los derechos humanos con impunidad. La segunda es que las instituciones y funcionarios púbicos de Coahuila tuvieron un papel, ya sea por acción u omisión, en la comisión de estos abusos”, agregó el centro de estudios.

El texto resalta que los testigos en los juicios en Texas relataron que el control del cártel se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales y sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano.

De acuerdo con los testimonios, la influencia de Los Zetas sobre las operaciones del gobierno de Coahuila en todos los niveles les permitió llevar a cabo sus negocios en todo el estado con impunidad y, a menudo con la ayuda directa de funcionarios del estado y oficiales de policía.

Apunta que otros testimonios refieren que en 2012, “Los Zetas buscaron expandir su influencia dentro de la esfera política. Efraín Torres, un miembro fundador de Zeta, comenzó a enviar grandes cantidades de dinero a un gobernador candidato en el estado de Veracruz.

De acuerdo con el testimonio jurado de un agente del FBI, este candidato fue Fidel Herrera, quien se desempeñó como gobernador de Veracruz de 2004 a 2010. Durante el juicio de Austin, los testigos también mencionaron los pagos hechos a la campaña para gobernador de Fidel Herrera en 2004”.

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Además, el informe resalta el patrón de secuestros, asesinatos, tortura y desapariciones en contra de cualquier persona que Los Zetas consideraran una amenaza a sus operaciones ilícitas o como una manera para intimidar y reclutar personas.

Los testigos declararon sobre la manera “cruel en la que Los Zetas despojaban a sus víctimas de su humanidad, les asesinaban y se deshacían” de sus cuerpos.

El director de la Clínica de Derechos Humanos, Ariel Dulitzky, indicó que “según los testimonios, la influencia de este cártel sobre autoridades del estado de Coahuila en todos los niveles de gobierno les permitió perpetrar estos abusos a derechos humanos con impunidad”.

Dulitzky insistió que esta conexión relatada por los testigos debe ser investigada en profundidad.

Además, varios testigos describieron sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto y Rubén Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila, a cambio del control total del estado.

Los tres juicios analizados también demuestran que el gobierno estadounidense tiene información importante acerca del abuso de derechos humanos de Los Zetas.

Por ello, la coautora del informe, Sarah Gohary, consideró que “es posible que el Gobierno de Estados Unidos tenga información que no ha sido compartida que podría ayudar a esclarecer algunos asesinatos o desapariciones cometidos en México.”

A esta posible negligencia de Estados Unidos se le suma la negativa deliberada de las autoridades mexicanas “a impulsar procesos de justicia, a pesar de tener información sobre los numerosos abusos a los derechos humanos perpetrados por integrantes del cártel de Los Zetas“, dijo Moravia de la O, también coautora del informe.

Los investigadores resaltan además que el Estado mexicano no ha investigado las declaraciones que surgieron de estos casos.

“Los testimonios y las investigaciones llevadas a cabo para estos ensayos incluyen información clave, como los lugares donde tuvieron lugar las desapariciones y los asesinatos. Sin embargo, los testigos dejaron en claro que el Estado mexicano no ha llevado a cabo investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el gobierno de EU compartió información vital directamente”, dice en las conclusiones del informe.

AGP