Ciudad de México.— Al interior de Estados Unidos diferentes estados realizan esfuerzos para hacer frente a las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump. Es el caso de la llamada “Ley Confianza”, en Illinois, la cual prohíbe a los agentes locales detener a personas con base en su estatus migratorio y limita la cooperación entre la policía local y los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En el análisis “¿Estados santuario?: el caso de Illinois y la ley SB31”, realizado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, se refiere que ese tipo de medidas buscan crear un modelo para impulsar políticas que beneficien y respalden a la comunidad migrante en todo el país, haciendo frente a otras legislaciones que han emanado a nivel estatal bajo las directrices de la administración republicana, como la ley SB4, en Texas.

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En este documento se señala que la comunidad migrante en Estados Unidos ha fungido como una de las bases del tejido social desde los inicios de la conformación de la Unión Americana.

En las últimas décadas, estados como California, Nueva York, Illinois, entre otros, han visto un incremento en sus comunidades de inmigrantes indocumentados, mismas que se componen de individuos que impulsan la economía principalmente por su disposición de tomar empleos con salarios bajos, los cuales son indispensables para equilibrar las balanzas económicas de estos estados.

Durante el periodo 2010-2014, las ciudades con mayor número de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos fueron Los Ángeles, California; Chicago, Illinois; Houston y Dallas, Texas, áreas metropolitanas de gran importancia económica a nivel nacional y ciudades que han reconocido la relevancia de las aportaciones que las comunidades de inmigrantes otorgan a sus sociedades.

La investigación puntualiza que Chicago es una de las ciudades que tanto el presidente Donald Trump, como el mismo procurador General, Jeff Sessions, constantemente utilizan para referenciar entidades que supuestamente cuentan con altos índices de criminalidad en el país.

Según la investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, el caso de Illinois, así como el de California, donde se aprobó en días pasados la ley SB54 en el Congreso estatal, representan la continuación de los esfuerzos subnacionales para hacer frente a las severas políticas contra la inmigración no autorizada de la actual administración Trump.

La inmigración no autorizada se ha ido criminalizando cada vez más, desde la campaña electoral del ahora mandatario estadounidense, lo que se ha traducido en una serie de controversias entre diversos estados y el gobierno, el cual ha buscado impulsar acciones para disminuir el financiamiento federal que reciben aquellos estados, que a juicio la Casa Blanca no cumplen con las disposiciones establecidas para regular la inmigración indocumentada.

ebv