Senado avala ‘Ley Chayote’

México.— El Senado de la República aprobó con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Con la aprobación de esta ley se da cumplimiento a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso de la Unión expida una legislación, antes del 30 de abril, que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social.

Al presentar el dictamen ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Aarón Pozos Lanz, afirmó en tribuna, que el dictamen cuenta con los elementos suficientes para regular la difusión de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social.

Los senadores del PRD señalaron que la Ley General de Comunicación Social es una simulación al cumplimiento de la sentencia de la Corte, ya que no acata sus observaciones, legítima el autoritarismo de antaño y atenta contra la libertad de expresión.

Al fundamentar su voto en contra de la Minuta, el coordinador del PRD en esta Cámara, Luis Sánchez Jiménez, aseguró que la también llamada Ley Chayote, no regula el gasto en propaganda gubernamental.

“Pretender cumplir lo señalado en la sentencia de la Suprema Corte de la Nación con este dictamen, hace que el Congreso incurra en otra falta: la de legislar con responsabilidad para hacer leyes que sirvan a la sociedad”, aseveró.

No incorpora tampoco el conjunto de argumentos, observaciones y propuestas que organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil han plateado con suficiencia y no atiende los criterios utilizados por la Suprema Corte en su sentencia, agregó.

En el debate del proyecto, la senadora Dolores Padierna Luna del PT-Morena, dijo que esta Ley no elimina “la ilegal concentración del 60 por ciento de los recursos públicos” en un puñado de medios electrónicos y no contiene sanciones, ni límites; “es un catálogo de promesas sin fiscalización y de ambigüedades que permitirán la discrecionalidad en las campañas de comunicación”.

Ernesto Ruffo Appel, del PAN, consideró que la propuesta no cumple a cabalidad con objetivos que se plantearon en la Constitución para proteger el derecho a la libertad de expresión y reducir la discrecionalidad en el gasto de comunicación social.

Para la senadora Martha Tagle Martínez se trata de un proyecto que abre la posibilidad para la difusión de programas gubernamentales que no sean necesariamente útiles al público y tampoco delimita el contenido de carácter promocional de los programas sociales

En contra, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN, opinó que los recursos exorbitantes que se utilizan en este tema pueden destinarse a combatir la pobreza, la inseguridad o el desempleo en el país.

El senador del PT, David Monreal Ávila aseguró que la reforma estaría dotando a la Secretaría de Gobernación de facultades discrecionales sobre la asignación de publicidad y control total del padrón de medios de comunicación. “El objetivo es mantener la propaganda gubernamental al servicio de los intereses políticos de manera discrecional y arbitraria”.

Su compañera de bancada, María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo advirtió que esta ley debe ser rechazada y “la Suprema Corte debe aclarar y definir si el término correcto es: propaganda gubernamental o difusión de información”.

Del PT, el senador Marlon Berlanga Sánchez consideró que con esta legislación se regresa a fórmulas del pasado que no fortalecen a la democracia en México.

AGP