Siguen libres los cómplices de Borge  

Cancún, Q. Roo.—  Justo a un año de cumplirse la alternancia política en Quintana Roo,  fue capturado el ex gobernador saliente, Roberto Borge  Angulo, según reporte de la Procuraduría General de la República, pero aún faltan por capturar varios de sus cómplices en el pasado gobierno estatal.

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La petición de detención en Panamá de Borge Angulo se sustenta en una orden de aprehensión librada el 31 de mayo de 2017, por juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema en el Estado de México, con sede en Netzahualcóyotl, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en el Artículo 400, fracción ll del Código Penal Federal.

Con ello, quedan pendientes por cumplimentar las aprehensiones conforme la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, consignada por la SEIDO, de Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado.

Además de Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del IPAE; María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador y  César Celso González Hermosillo, abogado de la familia Borge.

Estos dos últimos están registrados como principales accionistas de la empresa naviera que realiza traslado de pasajeros en la ruta Playa del Carmen-Cozumel.

Cabe destacar que todos los cómplices de Borge Angulo han tramitado juicios de amparo en diversos juzgados federales en Quintana Roo.

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A la fecha, el gobierno del estado ha turnado cuatro denuncias a la PGR y dos más a la Fiscalía General de Quintana Roo en contra del ex mandatario estatal por varios delitos como son la venta ilegal de bienes públicos, en el caso de terrenos que eran reserva territorial del estado y comercializados a precios inferiores de los del mercado.

Se tiene conocimiento de otras siete denuncias contra ex funcionarios de la pasada administración conforme auditorías del gobierno de Carlos Joaquín González, en lo que es un monto superior a los 2 mil 388 millones de pesos.

También existen denuncias por desempeño irregular de la función pública y abuso de autoridad en algunas secretarías, involucrando montos por casi 41 millones de pesos.

Otros de los implicados en estas denuncias son Fernando Escamilla Carrillo, ex secretario de Infraestructura y Transporte; Ariel Federico Meeser, quien fue subsecretario de Infraestructura; Andrés Canul, también ex subsecretario; Eliezer Villanueva, que se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Finanzas; y Paulina García, quién era secretaria de Desarrollo Urbano.

agch