Sin cabeza nace el Sistema Anticorrupción

Ciudad de México.— El nombramiento del Fiscal Anticorrupción quedó entrampado en el conflicto postelectoral entre el PAN y el PRI, así como los candidatos a magistrados especializados que están perfectamente alineados al poder público o a los partidos políticos, denunció el vicecoordinador del PT-Morena en el Senado, Miguel Barbosa.

En el marco de la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción que arranca incompleto, el senador reiteró que de ninguna forma ve un periodo extraordinario para designar al Fiscal Anticorrupción al cuestionar en dónde están las comisiones trabajando para que haya este extraordinario “No las hubo, se fueron de vacaciones por cuatro meses, nunca hubo la construcción de un nuevo marco legal para el fiscal anticorrupción”, apuntó.

Barbosa advirtió que con el actual marco legal, cualquier designación es inútil, por lo que tiene que haber una nueva propuesta de Ley de la Fiscalía General.

Este miércoles inició funciones el primer Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México creado tras una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 y entró en vigor el pasado de 19 de julio de 2016 con la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta norma dio un plazo de un año para la conformación de todas las instituciones del sistema y el funcionamiento pleno del mismo.

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Es una instancia que coordina a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción. Entre sus objetivos está la fiscalización y control de los recursos públicos que conforman el erario del gobierno a nivel federal y estatal.

Formalmente deben ser siete integrantes del Comité que coordina el SNA, debido a que aun no se ha elegido al fiscal especial anticorrupción, los miembros de este órgano rector son:

• Jacqueline Peschard, representante del Comité de Participación Ciudadana, y presidenta del Comité Coordinador del SNA
• Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación
• Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública
• Alfonso Pérez Daza, representante del Consejo de la Judicatura Federal
• Ximena Puente de la Mora, presidenta del INAI
• Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Los partidos políticos tienen propuestas, pero no hay voluntad del Gobierno Federal y se quedó entrampado en el conflicto electoral del PRI y del PAN. Por eso no hubo ningún mecanismo que pudiera pensarse en el desahogo de este tema, subrayó Miguel Barbosa

Asimismo, Barbosa recordó que desde hace meses denunció que las propuestas del Ejecutivo para magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa -el Tribunal Anticorrupción-, fueron un acuerdo entre el Gobierno federal y el PAN.

Son perfectamente identificables, dijo, por ejemplo, en el caso de la Tercera Sección hay uno propuesto por el PRI, uno por el PAN y uno compartido; y después en las salas regionales especializadas podemos identificar perfectamente cuál es propuesta del Gobierno y cuál es propuesta del PAN, señaló.

“¿De dónde salieron las propuestas?, pues el Gobierno asumió su atribución en la opacidad, decidió las propuestas sin hacer una convocatoria pública, sin que participara la sociedad civil”.

Hoy, dijo, lo que planteamos es que se rechacen esas propuestas, no admitimos la integración de salas de justicia administrativa, salas anticorrupción, con propuestas que son perfectamente alineadas al poder público o a los partidos políticos, manifestó al señalar que ese asunto va a ser resuelto en el mes de septiembre.

ebv