Ciudad de México.- Antes de la cancelación de la construcción de la planta cervecera de la empresa transnacional Constellation Brands en Baja California, como consecuencia de la consulta popular que se realizó en esta entidad, el estado ya había registrado cancelaciones millonarias en materia de inversiones.

De acuerdo con la legisladora del Partido del Trabajo,  Alejandra León Gastélum, tan sólo el sexenio pasado, del estado de Baja California salieron capitales por 365 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía.

En este sentido la senadora Alejandra León Gastélum señaló que la cancelación de la construcción de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali no ahuyentará las inversiones de la ciudad ni de Baja California, pues entidad ya registraba desinversiones millonarias en los últimos sexenios.

León Gastélum explicó que el factor principal para registrar ésta, que es considerada la mayor pérdida de inversión en la entidad, fue la falta de estrategia económica ante un escenario tan competitivo y más aún cuando las autoridades se enfocaron en tratar de impulsar un negocio plagado de irregularidades.

Mientras tanto, destacó la legisladora, los estados del Bajío siguieron recibiendo empresas e inversiones extranjeras ante una adecuada planeación.

La senadora expresó que no se puede basar el crecimiento económico en una planta cervecera, por lo que el hecho de que opere o no, no inhibirá las inversiones como quieren hacer creer empresarios que siguen defendiendo a Constellation Brands.

Las autoridades de Baja California, subrayó la senadora del PT, tienen que tener una visión más amplía para los proyectos que busquen en el futuro.

La obra pública pasa por una de las peores crisis en la historia de la entidad, lo que ha provocado un rezago en infraestructura en los últimos 10 años. Se tiene que incentivar al sector de la construcción y más ahora ante las serias afectaciones que provocará el coronavirus, enfatizó la senadora.

Alejandra León dijo que la cancelación de la construcción fue una lección no sólo para este tipo de compañías depredadoras del agua y para cierto grupo de empresarios de Mexicali. Fue una lección para los tres órdenes de gobierno y el Congreso local que estuvieron operando a favor de Constellation Brands, dándole la espalda al pueblo.

México.- Legisladores yucatecos solicitarán que se garantice el servicio de energía eléctrica a los usuarios durante el periodo que dure la contingencia sanitaria.

Las gestiones buscan que se mantenga el servicio a los consumidores que por cuestiones económicas no puedan pagar el recibo de luz, o que en caso de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haya suspendido el servicio, proceda a restituirlo a fin de que la población más vulnerable tenga acceso a este derecho durante todo el periodo que dure la contingencia sanitaria.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, la diputada federal, Dulce María Sauri y el coordinador de los diputados locales del PRI, Felipe Cervera, presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a fin de que emita la recomendación correspondiente a la CFE.

Dicho texto se sustenta en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (2a./J.30:2018), sobre las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

También, encuentra soporte en una resolución del Juzgado Quinto de Distrito de Mérida, Yucatán, en el que una usuaria obtuvo un amparo por el corte del servicio de energía durante esta contingencia.

Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vincula el servicio de energía eléctrica al derecho a una vivienda adecuada, que consagra el artículo 4o. Constitucional.

“El servicio de energía eléctrica es un derecho humano que no puede ser vulnerado en una emergencia sanitaria, sobre todo cuando se le pide a los ciudadanos que permanezcan en sus casas para evitar la propagación del virus”, destacaron los legisladores.

En un contexto en que la máxima autoridad del país ha llamado a la sociedad a permanecer en sus domicilios, resulta absolutamente ilógico y violatorio de derechos humanos la suspensión del servicio, pues no sólo afecta las condiciones de una vivienda digna, sino también a miles de negocios que son el pilar económico de Yucatán.

emc