Todos los servidores públicos deberán presentar su declaración 3 de 3

Ciudad de México.— En busca garantizar que no haya posibilidad de transgredir el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa para obligar a todos los servidores públicos, incluso sin cargo de jefatura, a presentar la declaración “3 de 3″, que incluye las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

El senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT, al presentar la iniciativa señaló que la Ley 3 de 3 debe elevarse a rango legal para que sea obligatoria y pública, a fin de que cualquier ciudadano pueda conocer e incluso cuestionar los contenidos de las declaraciones, y así “acabar de tajo con la corrupción y el enriquecimiento ilícito de muchos integrantes de la clase política de la nación”.

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Para evitar conflictos de interés o impedimento legal en la realización de trámites, el funcionario deberá informar a su jefe inmediato cuando el solicitante sea un familiar, amigo o allegado, a fin de que sea excusado de participar en la atención.

Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle, a más tardar 24 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir, y establecer instrucciones por escrito para la tramitación o resolución imparcial y objetiva.

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La iniciativa refiere que será responsable de encubrimiento el servidor público que en el ejercicio de sus funciones, advierta actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas y oculte deliberadamente alguna conducta ilícita.

Adicionalmente la incitativa establece que cometerá desacato, dolo o falsedad, quien al hacer estas declaraciones proporcione información falsa, no dé respuesta o retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información a autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos, entre otros.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

ebv