Venezuela: rechazan prohibición de manifestaciones

Caracas.—  La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un acuerdo para rechazar la sentencia Nº 948 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, emitida el 15 de noviembre, que impide que el parlamento determine responsabilidades políticas y prohíbe “convocar y realizar actos que alteren el orden público”.

La mayoría de los diputados, miembros de los partidos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, afirmaron que la Sala Constitucional practica “activismo político” y refleja un nuevo ejemplo de la falta de independencia de los Poderes Públicos en el país.

Igualmente, cuestionaron la legalidad de los magistrados que integran el Poder Judicial. “Un TSJ que se encuentra en desacato quiere limitar nuestro derecho a la protesta pacífica”, señaló la diputada Delsa Solórzano.

Durante su intervención el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, aseguró que la sentencia del TSJ es “de ejecución imposible” y que no será acatada.

Pese a que los diputados chavistas argumentan que la figura de “juicio político” al Presidente de la República no procede según la legislación venezolana, Allup citó la sentencia Nº 1.338 del año 2002 en que se estableció que la declaración de responsabilidad política se aplicará a funcionarios públicos incluyendo al primer mandatario nacional.

Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, indicó este jueves que la sentencia del TSJ suspende las garantías constitucionales, pero que “no será capaz de detener la justa protesta del pueblo venezolano”. Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre de Caracas y miembro de Primero Justicia, informó que introducirán un amparo ante el TSJ en contra de esta decisión.

Corrupción en PDVSA

Los diputados también aprobaron la declaración de la responsabilidad política a Rafael Ramírez y Javier Ochoa por presuntas irregularidades administrativas en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Guevara, expuso un informe con 10 casos de presunta corrupción entre los años 2004 y 2013 cuando Ramírez estuvo a cargo de PDVSA y también fue ministro de Energía y Petróleo, período en el que se habrían extraviado más de 11.000 millones de dólares.

“Se identificaron 4.200 millones de dólares en Andorra que provienen de lavado de dinero a través de PDVSA”, dijo Guevara en su derecho de palabra.

Ramírez, quien ahora ocupa el cargo de representante permanente de Venezuela ante la Organizaciones de Naciones Unidas, reaccionó a través de su cuenta en Twitter: “Fascistas y extorsionadores, tomaré las acciones legales correspondientes. Defenderé mi honor y reputación. Viva Chávez”, escribió.

En un segundo mensaje dijo: “¿Qué legitimidad puede tener la decisión de una Asamblea en desacato al TSJ? Una decisión de la MUD ilegal e histérica”.  El bloque de diputados oficialistas emitió un documento en respaldo a Ramírez.

agch