Víctimas de militares rechazan Ley de Seguridad

Chilpancingo.- Víctimas de agresiones militares en Guerrero, algunas con sentencias a su favor de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), coincidieron en que sus antecedentes no avalan la permanencia de las fuerzas armadas en las calles, y llamaron a los legisladores que discuten la Ley de Seguridad Interior, a escucharlos antes de tomar una decisión.

Al dar la bienvenida al foro Seguridad o Derechos Humanos, una falsa dicotomía, convocada por organizaciones defensoras de derechos humanos en Guerrero, el padre de Ayotzinapa Bernardo Campos, dijo que su caso, la desaparición de los 43 estudiantes, es un claro ejemplo de que el Ejército no debe estar en las calles, pues le atribuyen la desaparición.

Aprovechó para reiterar la exigencia al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que les dé permiso de entrar a los cuarteles militares que sí participaron en la desaparición de los jóvenes; dijo que incluso las cámaras del C4 fueron desviadas por un militar.

Para Tita Radilla Martínez, hija del campesino originario de Atoyac Rosendo Radilla Pacheco detenido-desaparecido en un retén militar en los años 70, es “muy grave” que el Ejército participe en la seguridad civil.

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Dijo que es preocupante porque hay testigos del actuar de los militares en esa época pues hay personas que fueron detenidas y capturadas pero lograron ser liberados; recordó que por la presencia de los militares en las calles había toque de queda y no podían salir de sus casas después de las 10 de la noche.

“Me preocupa mucho que hoy se quiera hacer una ley para que ellos con la ley en la mano puedan seguir haciendo, si ya lo hicieron, y si ya lo han hecho y lo siguen haciendo, ahora que tengan la ley que diga que ellos puedan hacer lo que han hecho, asesinar, torturar, porque no solo son la detenciones, me da mucha preocupación, y tambien triste que haya  indiferencia en la sociedad, mucha gente que tiene un desaparecido, que no le interesa hasta que les toca”, expresó.

Tita Radilla es la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y logró que el Estado mexicano ofreciera disculpas por la desaparición de Rosendo Radilla y el sufrimiento de su familia, como parte de una sentencia de la CoIDH.

También habló Bernardino García Francisco, sobreviviente de la masacre de la comunidad de El Charco, Ayutla; en esa ocasión, en 1988, fueron masacradas 11 personas a manos del Ejército mientras dormían en la escuela Caritino Maldonado Pérez, en donde durante el día sostuvieron una reunión.

“El gobierno no quiere vivir en paz, quiere matar por eso les digo qué hace el delincuente con nosotros, ellos matan, secuestran, secuestran maestros, mujeres, maestras, matan estudiantes y negocian con ellos”, expresó.

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Ante los presentes recordó lo ocurrido en ese ataque, del que resultó herido, y consideró que es lo que hace el gobierno con los que luchan.

En el foro también participó la indígena  Valentina Rosendo Cantú, quien logró, tras nueve años de lucha, que el Estado reconociera su culpabilidad en la agresión sexual de la que fue víctima a manos de militares, por lo cual le ofrecieron disculpas en 2011, también en cumplimiento de una sentencia de la CoIDH.

Recordó cómo después de sus denuncias contra el Ejército, militares le ofrecieron dinero para que retirara la denuncia pero ella lo rechazó y resistió porque quería justicia y que se castigara a los militares. También los han acusado de denunciar abusos militares para evitar que el Ejército suba a las comunidades porque siembran amapola, lo cual rechazó.

Aseguró que no hay seguridad para los derechos humanos aunque digan que el gobierno va a dar seguridad; dijo que el presidente Enrique Peña Nieto ofrece garantías a los derechos humanos pero solo por aparentar, pero no lo cumple.

ebv