¿A quién importan los problemas de los productores agrícolas, ganaderos y agroindustriales?

Una de las prácticas más socorridas en México desde tiempo inmemorial, es pedir a ésta o aquella instancia gubernamental, privilegios de índole diversa. En unos casos, es la conocida y dañina protección a los ineficientes -que tanto daña a los consumidores-, y en otros, exenciones o subsidios que eleven las utilidades, al margen del desempeño en cuanto a productividad se refiere, de las empresas.

Sin embargo, en los tiempos que corren, las peticiones han cambiado de manera importante. Lo que ayer era, como dije arriba, pedir exenciones y subsidios y la protección gubernamental para no ser eliminados de mercados específicos, hoy es una exigencia para que les sea proporcionado -a la brevedad y a no pocos agentes económicos privados-, el bien público por excelencia: Seguridad.

Sí, seguridad en su integridad física, y en su patrimonio.

¿Qué sentido tendría hoy, dadas las condiciones de inseguridad y violencia que sin el menor control reinan en no pocas regiones del país, solicitar o exigir subsidios y protección de la competencia de oferentes de otros países, si a miles de productores les es imposible mantenerse produciendo por la presencia y acción impune de los delincuentes?

En esta difícil situación, donde la inseguridad es norma no excepción; donde la impunidad del delincuente es la regla no la excepción, los grupos más débiles y desprotegidos frente a la delincuencia, organizada o no, son los productores agropecuarios.

Los agentes económicos privados que operan en las zonas urbanas tienen, sobre aquéllos, grandes ventajas; la principal, la presencia -así fuere inútil no pocas veces-, de la autoridad encargada hacer valer la ley, y de que ésta sea respetada por todos sin distingo alguno.

Los productores agrícolas y ganaderos, más todavía los que se dedican a la ganadería tradicional de bovinos en agostadero, están inermes ante los delincuentes, pues su actividad la desarrollan en zonas donde la policía y las autoridades en general, tienen escasa o nula presencia.

¿Qué puede hacer un pequeño ganadero, cuyo rancho se encuentra a decenas de kilómetros de la ciudad o pueblo más cercano? ¿Qué puede hacer frente a los narcotraficantes que en la total impunidad toman posesión de su propiedad para dedicarse en ciertas zonas de ella a la siembra de marihuana o amapola?

¿Qué puede hacer el agricultor que en determinados períodos tiene en sus plantíos de tomate o choles jalapeños a 300 o 400 jornaleros cosechando y grupos de delincuentes los asaltan los días de pago, sin que haya un solo policía en varios kilómetros a la redonda y cuando hay alguno o algunos, están al servicio de los delincuentes?

¿Quién de los funcionarios encargados de hacer que la ley sea respetada, piensa en estos productores? ¿Quién de los altos funcionarios de SAGARPA, una vez que terminan de elaborar guacamole, piensa en quienes están inermes ante los delincuentes?

Es más, ¿a quiénes, de entre tantos funcionarios que vemos en la televisión y los medios en general, les interesan los problemas de esos miles y miles de productores agrícolas y ganaderos?

¿Sabe a quiénes? ¡A ninguno!