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Acaba ETA: quedan sin sentencia 349 asesinatos

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Madrid.— La justicia española tiene pendiente enjuiciar unos 349 asesinatos cometidos por el grupo armado Patria Vasca y Libertad (ETA), de los al menos 829 cometidos en sus 60 años de actividad, que finalizará el próximo viernes con el anuncio de su disolución.

Fundada en 1958, es en los años 1960 en que extiende sus bases e inicia lo que denominó como “lucha armada” a través del asesinato, secuestro, extorsión, hasta dejar una cifra que superaría los 900 muertos, algo que varía según la fuente informativa.

En los objetivos de ETA destaca la independencia del País Vasco, integrado las provincias de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa; la anexión de la vecina Navarra (que considera territorio histórico vasco), y las tres provincias vascofrancesas Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Beherea.

Los principios los basa en el nacionalismo vasco, que reivindica una historia de origen histórico propio separado del resto de España, con Navarra y parte del sur de Francia incluidas, así como el socialismo y el carácter revolucionario.

En 1968 cometió su primer atentado con víctima mortal, aunque algunos historiadores lo datan desde 1961, y la cifra ronda los 900 si se incluyen los homicidios cometidos por grupos escindidos de ETA.

Con una actividad violenta enfocada en España, donde inicialmente combatió a la dictadura franquista, ETA decidió asentar en Francia su dirección, punto de reunión, asambleas y ser refugio durante décadas para muchos de sus militantes.

En los años setentas ETA vivió varias reagrupaciones internas, con divisiones entre sus frentes políticos y militar, que tardaron años en transformarse en organizaciones de su entorno, como la formación política Herri Batasuna.

En el llamado frente militar, ETA fijó siempre su amenaza a políticos y representantes del Estado español, miembros de las fuerzas armadas y las de todos los cuerpos de seguridad, del Poder Judicial, periodistas y empresarios.

En los años de la dictadura franquista (1939-1975) la actuación de ETA dejó al menos a 44 personas fallecidas, incluido el presidente del gobierno español, almirante Luis Carrero Blanco, en un atentado de coche bomba en Madrid en diciembre de 1973.

Después de la dictadura y en democracia, las víctimas mortales suman unas 800, siendo la última en 2010 y la única entre las fuerzas de seguridad de Francia.

En la segunda mitad de los años 1980, la dirección de ETA abre un nuevo marco de actuación que se denominó “la socialización del terror”, que consistió en incluir a civiles entre sus víctimas.

Entre sus atentados destacan el de 1987 en el centro comercial Hipercor de avenida Meridiana de Barcelona, donde fue colocada una bomba que dejó 21 muertos civiles, cuatro de ellos niños, en lo que se considera la mayor matanza que cometió en una sola acción.

En abril de 1995, ETA colocó un coche bomba al paso del vehículo del entonces dirigente opositor José María Aznar, que salió ileso del atentado, lo mismo que otras 28 personas.

De acuerdo con informes del Poder Judicial y asociaciones de víctimas, serían unos 349 los asesinatos que faltan por enjuiciarse, y una parte importante podrían haber prescrito (principalmente los cometidos durante el franquismo pendientes de resolverse).

En julio de 1997 secuestró y asesinó al concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, cuyo crimen generó la mayor ola de repudio a ETA, incluso con manifestaciones en otros países europeos, y desde entonces creció la pérdida de apoyo social a su causa.

ETA también secuestró a un total de 86 personas, en la mayoría de los casos pidió rescate por lo que obtuvo un total de 38.5 millones de euros, y asesinó a 12 de ellos, entre los que destaca el caso de Miguel Ángel Blanco.

Los secuestros más prolongados fueron los del ex funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara de 532 días; el empresario Emiliano Reviilla 249 días; el empresario José María Adaia 342 días; el abogado Cosme Delclaux con 232 días; entre otros.

El primer secuestrado por ETA que no tenía representación política o de poder económico fue el ginecólogo Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias, que permaneció 19 días en cautiverio.

En cuanto a la extorsión, se estima en unas 10 mil personas principalmente empresarios vascos, que a lo largo de décadas recibieron cartas de ETA para pagar el llamado “impuesto revolucionario” o de lo contrario sufrirían represalias.

Además, se cuentan por miles los amenazados entre políticos, empresarios, policías, jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, artistas, comerciantes y muchas personas, algunas de las que optaron por abandonar el País Vasco.

Tras varias treguas en las que dialogó con los gobiernos de España, fue en 2011 cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, con lo que inició el proceso de disolución que ha pasado en 2014, 2017 y 2018 por fases de desarme.

El pasado 20 de abril ETA pidió perdón a una parte de las víctimas (a las que no tenían relación con lo que llamaba el conflicto vasco), y en términos generales reconoció el daño causado con su actividad armada.

El viernes 4 de mayo se espera que en un acto en Cambo-les-Bains, en las proximidades de Bayona, País Vasco francés (suroeste de Francia) ETA confirme su disolución.

 



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Aumentan hospitalizaciones de mujeres por abortos caseros en Inglaterra y Gales

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Aumentan hospitalizaciones de mujeres por abortos caseros en Inglaterra y Gales
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Reino Unido.— Resultados de un estudio liderado por el consultor de salud independiente Kevin Duffy arrojaron una tendencia preocupante en el sistema de salud del Reino Unido.

El estudio revela que en los últimos cinco años, al menos 39 mil mujeres en Inglaterra y Gales han sido tratadas en hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS) debido a complicaciones derivadas de abortos caseros con medicamentos fallidos o incompletos.

En diciembre de 2018, el Secretario de Estado de Salud y Asistencia Social permitió a las mujeres autoadministrarse la segunda parte de un aborto con medicamentos en casa, y esta medida se amplió a ambas partes del proceso en marzo de 2020 como respuesta a los confinamientos por la pandemia de Covid-19.

El Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos (RCOG) advierte que 1% de todos los casos de aborto con medicamentos fracasan, mientras que hasta el 6% pueden ser incompletos, lo que requiere atención médica adicional. Sin embargo, los proveedores de servicios de aborto y el Departamento de Salud y Asistencia Social han subestimado estas complicaciones, según el informe reciente.

LEE Debaten sobre deshumanización y lucro detrás de ‘derecho al aborto’ en el ITAM

El análisis de datos revela que el 2.8% de las mujeres que autogestionaron sus abortos con medicamentos en casa fueron admitidas posteriormente en hospitales para recibir tratamiento quirúrgico, lo que sugiere una tasa total de complicaciones del 6%. Estas cifras, consistentes con investigaciones independientes, plantean serias preocupaciones sobre la seguridad y el apoyo a las mujeres que optan por el aborto con medicamentos en el hogar.

El aumento de abortos registrados en el primer semestre de 2022, con un incremento del 17% en comparación con el mismo período de 2021, es un indicador adicional de la magnitud del problema. Organizaciones independientes han expresado su preocupación por el impacto emocional y físico en las mujeres, así como por la falta de apoyo adecuado en este proceso.

Este debate arroja luz sobre la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de salud relacionadas con el aborto, con un enfoque en la seguridad, el apoyo integral a las mujeres y la transparencia en la presentación de informes sobre complicaciones.

La protección del bienestar de las mujeres debe ser una prioridad en cualquier enfoque de atención médica relacionado con el aborto.

Reporte completo aquí

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Palacio de Moncloa abre sus puertas al diálogo entre Iglesia y Gobierno español

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Palacio de Moncloa abre sus puertas al diálogo entre Iglesia y Gobierno español
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Madrid.— En un gesto de acercamiento y diálogo institucional, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, y el secretario general, Mons. Francisco César García Magán, se reunieron con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Palacio de la Moncloa.

El encuentro adquiere un significado especial al tratarse del primer acercamiento oficial tras la elección de Mons. Argüello como presidente de la Conferencia Episcopal el pasado 5 de marzo. Félix Bolaños, responsable de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, lideró la reunión en la que se abordaron diversos aspectos relacionados con esta dinámica.

La reunión estuvo marcada por la cordialidad y el respeto mutuo, evidenciando la disposición de ambas partes a fortalecer los lazos entre la Iglesia católica y las instituciones públicas.

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Además de los obispos católicos, también estuvieron presentes Alberto Herrera, subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Mercedes Murillo, directora general de Libertad Religiosa.

El encuentro en la Moncloa representa un paso importante en la consolidación del diálogo y la colaboración entre la Iglesia y el Gobierno español, reafirmando el compromiso de ambas partes con el entendimiento mutuo y el bien común.

Siete24 en redes sociales

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Fundación de Abogados Cristianos denuncia vulneración de libertad religiosa en exposición

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Fundación de Abogados Cristianos denuncia vulneración de libertad religiosa en exposición

Madrid.— La Fundación Española de Abogados Cristianos solicitó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria evitar la inauguración de la exposición “Poéticas del deseo”, la cual consideran que vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa.

La petición de medidas cautelares se enmarca en un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la organización. La exposición del artista José Luis Luzardo comenzó este jueves en el Centro de Artes Plásticas de la ciudad española, dependiente de la Consejería de Cultura del Gobierno Canario.

En las obras expuestas se representan Vírgenes, Santos e incluso al Papa dentro de preservativos realizados en cristal, una temática que la Fundación de Abogados Cristianos considera una afrenta a los sentimientos religiosos de los cristianos.

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La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, manifestó su preocupación al respecto, calificando de “intolerable” que se financie con dinero público una actividad que ataca los sentimientos de una gran parte de la sociedad.

Además, señaló que estas acciones parecen ser permitidas únicamente cuando afectan a los cristianos; por lo que criticó la falta de neutralidad por parte de las instituciones públicas, especialmente aquellas dirigidas por gobiernos de izquierda.

“VIRGENCITA”

Por otro lado, el propio José Luis Luzardo, artista responsable de la exposición, justificó que la representación de la virgen no es un elemento aislado, sino que forma parte de una obra más amplia que incluye una caja con más de 60 dildos.

“Una de las piezas en la sala de exposición incluye a esa virgencita”, dijo.

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Audiencias por incursión a embajada de México en Ecuador tienen fecha

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Foto: Especial

Ciudad de México.— La Corte Internacional de Justicia (CIJ) programó las audiencias públicas para el caso de la incursión de la embajada de México en Quito por parte de Ecuador.

Según lo establecido, las audiencias tendrán lugar en La Haya, Países Bajos, para el próximo 30 de abril y 1 de mayo.

Ahí, se discutirá la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por México.

Primero se escucharán los alegatos de México y en el segundo día de actividades será turno de Ecuador.

Aunque la CIJ podría tardar años en tratar el fondo de la cuestión, el organismo dijo que el caso sería tratado a la brevedad.

El pasado 11 de abril, México pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que suspenda a Ecuador de la ONU.

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La sanción debería entrar en vigor “en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional”.

La cancillería mexicana acusa a Ecuador de violar la Convención de Viena, que defiende la soberanía de las cancillerías, embajadas y consulados.

Por este motivo, el gobierno mexicano exige una disculpa de su contraparte y la garantía de que un agravio de esta naturaleza no volverá a repetirse.

JAHA

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