Advierten que Nicaragua está en el ojo de la persecución religiosa

Nicaragua.— En menos de 4 años, la Iglesia Católica en Nicaragua ha sufrido más de 190 ataques y profanaciones, incluido un incendio en la Catedral de Managua y la persecución del clero bajo el régimen del presidente Daniel Ortega. Además, el gobierno ha cerrado medios de comunicación (televisión y radio) pertenecientes a la Iglesia.

Así lo reveló la Fundación de la Santa Sede, Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), al revelar información de la investigación “Nicaragua: ¿Iglesia perseguida? (2018-2022)” de Martha Patricia Molina Montenegro, integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.

De acuerdo a la investigación se estima que 37% de las hostilidades del gobierno nicaragüense son agresiones a sacerdotes, obispos, religiosas, seminaristas, laicos, que incluyen también expulsiones del país, 19% son profanaciones a lugares y objetos sagrados y de culto y un 17% han sido asedios, destrucción, quemas, bloqueos de servicios básicos e invasiones a la propiedad privada, etc.

Detalló que uno de los casos que pone a la libertad religiosa en el ojo del huracán en Nicaragua es el cierre de 101 organizaciones no gubernamentales (ONG), que incluye, como se mencionó, a la Asociación de las Misioneras de la Caridad fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

Las religiosas se dedicaban a atender a los más pobres y tenían un asilo de ancianos, una guardería para los hijos de madres sin recursos y un hogar para jóvenes abandonados o víctimas de abusos.

LEE Fieles católicos escuchan Misa en la calle por acoso de gobierno en Nicaragua

Además, el tema de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa ha llamado la atención mundial, luego de haber permanecido en huelga de hambre debido al acoso de autoridades, el gobierno ordenó al proveedor de televisión nicaragüense Claro, suspender la transmisión del canal 51, Canal Católico operado por la Iglesia.

Actualmente lleva dos semanas retenido por las autoridades en la Curia Episcopal de Nicaragua, acusado de ejecutar actos de odio y atacar a las autoridades constitucionales.
También denunció que las retenciones gubernamentales hacia los representantes eclesiásticos son cada vez más frecuentes.

En la última semana, la diócesis de Siuna, informó que, sin motivo alguno, luego de celebrar la misa dominical fue detenido el párroco de la iglesia del Espíritu Santo en el municipio de Mulukukú, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua.

“El Gobierno ha desatado una guerra mediática para atacar, calumniar y amenazar de muerte a sacerdotes, religiosas, laicos y obispos”, denunció ACN.

Ante estos ataques, la conferencia episcopal nicaragüense agradeció las muestras de fraternidad y solidaridad; y los obispos han dicho que la Iglesia, proclama el evangelio y está abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales para construir la paz.

Las raíces de la hostilidad por parte del gobierno de Nicaragua se originaron en abril del 2018 cuando la Iglesia Católica apoyó a estudiantes durante las manifestaciones pacíficas contra la corrupción y el nepotismo en el país. Desde ese entonces, los templos abrieron sus puertas para el diálogo, atendieron a los heridos y consolaron a los familiares de ciudadanos asesinados o secuestrados.

La situación en Nicaragua se destaca en el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) en el 2021, ahí se revela que cada año las violaciones más importantes a la libertad religiosa se producen en naciones con un historial cuestionable de respeto a los derechos humanos y la democracia, entre ellas Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Los gobiernos de esos países han manifestado agresividad hacia las Iglesias cristianas (tanto la católica como las no católicas) cuando sus líderes religiosos han denunciado la corrupción o las iniciativas políticas y sociales perjudiciales para el bien común.

“En concreto, la hostilidad estatal se manifiesta en el uso de la fuerza, que incluye la interrupción de las celebraciones religiosas, la intimidación de los fieles con despliegues policiales beligerantes alrededor de iglesias y procesiones (y por otro lado, la ausencia notoria de protección policial cuando las turbas atacan y destrozan lugares de culto), amenazas a los líderes religiosos y a los fieles, cancelación de los visados al personal religioso extranjero y opacidad en el proceso de registro de los grupos religiosos”, finalizó.

ebv