Aprueban ley contra desaparición forzada

Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Las penas quedaron entre 20 y 60 años de prisión dependiendo de las agravantes, y se podrán rebajar las condenas si los procesados cooperan con las autoridades, dado que este es un delito que normalmente realiza la delincuencia organizada, por lo que se busca el combate de las variantes de este delito a manos del crimen organizado.

El documento establece un Sistema Nacional de Búsqueda de personas, una Comisión Nacional de Búsqueda y mecanismos para el intercambio de información y registros nacionales importantes.

Asimismo, la creación de protocolos de actuación en los procesos de búsqueda y se establece la Declaratoria Especial de Ausencia para reconocer y proteger a la personalidad jurídica de las personas desaparecidas.

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Al presentar el dictamen en la tribuna del Senado, la presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega Martínez, dijo que el objetivo de la nueva ley es establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

Comentó que al 30 de noviembre de 2016 se tiene un total de 29 mil 917 casos de personas desaparecidas y no localizadas en México.

Ortega Martínez afirmó que la ley aún es perfectible, pero hoy en día responderá a las necesidades latentes de la sociedad y coadyuvará a la erradicación de este delito.

En ese sentido, se comprometió a que en el mediano plazo se perfeccionará este instrumento legislativo.

La panista sostuvo que la desaparición forzada de personas es un flagelo que vulnera los principios fundamentales de los derechos humanos, ya que destroza la dignidad de la víctima; pone en riesgo su integridad física, psicológica e incluso su vida, y destruye por completo la seguridad personal y familiar y niega la personalidad jurídica de la persona.

Reconoció que combatir el fenómeno de la desaparición forzada de personas es una tarea bastante compleja en un país constituido como federación.

En México, apuntó, existen tres órdenes de gobierno, con sus respectivas fuerzas policiales y sus correspondientes legislaciones sobre la materia, lo que hace que haya más de dos mil 500 corporaciones de seguridad pública y fuerzas armadas, así como con 33 ordenamientos legales distintos en materia penal.

Por lo anterior, agregó, este dictamen genera un marco jurídico general que establece la distribución de competencias y la forma de coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en el que se considera que el contenido básico de los tipos penales es adecuado y que está de acuerdo con el marco internacional.

ebv